Una juez federal de Albany desestimó una demanda del Departamento de Justicia contra Nueva York por leyes estatales que restringen las detenciones civiles de inmigrantes en los juzgados, lo que supone un revés para la política de control migratorio del gobierno de Trump.
El fallo de 41 páginas, redactado por la jueza de distrito Mae A. D'Agostino y emitido el 17 de noviembre, ratificó la Ley de Protección de Nuestras Cortes de Nueva York, así como las Órdenes Ejecutivas 170 y 170.1, rechazando las alegaciones de inmunidad federal y violaciones de la inmunidad intergubernamental.
La demanda, presentada en junio, argumentaba que las leyes violaban la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece que la ley federal prevalece sobre las leyes estatales que entren en conflicto con ella.
D'Agostino rechazó ese argumento, afirmando que Nueva York estaba "protegiendo sus intereses soberanos frente a la indebida injerencia federal"
El juez también acusó al gobierno federal de intentar apropiarse de los recursos estatales.
"Los argumentos de Estados Unidos dejan claro su deseo de utilizar los recursos de Nueva York para apoyar sus esfuerzos federales en materia de inmigración", reza el fallo.
La Ley de Confiscación de Bienes (POCA, por sus siglas en inglés), promulgada en 2020 en medio de un aumento en las detenciones judiciales realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el primer mandato de Trump, protege de arrestos civiles sin orden judicial a las personas que asisten a procedimientos judiciales, incluyendo a las partes, los testigos y los familiares.
La ley define a "familiar o miembro del hogar" a parientes, cónyuges, acudientes legales y parejas de hecho. Las infracciones pueden resultar en cargos por desacato o detención ilegal, que podrían conllevar penas de hasta cuatro años de prisión.
La Orden Ejecutiva 170 (2017) prohíbe a los empleados estatales revelar su estatus migratorio a las autoridades federales, salvo cuando lo exija la ley, mientras que la 170.1 (2018) prohíbe los arrestos civiles en instalaciones estatales sin una orden judicial.
"La corte coincide con los demandados en que las impugnaciones de Estados Unidos a estas Órdenes Ejecutivas por prelación federal no prosperan, ya que ninguna de ellas contraviene la ley federal", escribió D'Agostino.
El Departamento de Justicia presentó una demanda en junio, argumentando que dichas políticas impedían las operaciones del ICE en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Nueva York solicitó la desestimación de la demanda en agosto, presentando informes de amicus curiae en nombre de defensores de los inmigrantes, ex jueces y fiscales de distrito.
La decisión de D'Agostino se basa en fallos judiciales previos, como una sentencia de 2019 en la que una corte determinó que dichas políticas no están sujetas a la prelación federal, ya que representan la no cooperación voluntaria permitida por la Décima Enmienda. La administración ha argumentado que las leyes que permiten la entrada de ciudadanos santuario son peligrosas para la ciudadanía y obstaculizan la labor del gobierno federal.
"Las políticas de santuario impiden la aplicación de la ley y ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses deliberadamente", dijo la fiscal general Pamela Bondi cuando el Departamento de Justicia publicó una lista de estados, ciudades y condados que, según se ha informado, socavan las leyes federales de inmigración. "El Departamento de Justicia continuará litigando contra las jurisdicciones santuario y colaborará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional para erradicar estas políticas perjudiciales en todo el país".
