El 21 de noviembre, un juzgado federal ordenó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que no comparta la información de las declaraciones de impuestos para que los funcionarios de inmigración la utilicen en la deportación de inmigrantes ilegales.
La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del Distrito de Columbia, concedió una medida cautelar en contra del IRS tras determinar que los grupos demandantes tenían legitimación procesal para interponer la demanda.
La legitimación procesal se refiere al derecho de una persona para demandar ante una corte. Las partes deben demostrar una conexión suficientemente sólida con las pretensiones para justificar su participación en el litigio.
El litigio, conocido como Center for Taxpayer Rights vs Internal Revenue Service, sigue su curso.
La jueza dijo que los demandantes "han demostrado una probabilidad sustancial" de que el acuerdo interinstitucional que permita compartir la información fiscal sea "ilegal en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo".
La Ley federal de Procedimiento Administrativo de 1946 rige los procedimientos administrativos de los departamentos ejecutivos federales y las agencias independientes. El fallecido senador estadounidense Pat McCarran (demócrata por Nevada) dijo que la ley era "una declaración de derechos para los cientos de miles de estadounidenses cuyos asuntos son controlados o regulados de una u otra forma por agencias del gobierno federal".
La demanda fue presentada por el Centro para los Derechos del Contribuyente, una organización sin fines de lucro que ofrece asesoramiento fiscal a estadounidenses de bajos ingresos, a una asociación de pequeñas empresas y a dos sindicatos.
Los demandantes "han demostrado que la divulgación por parte del IRS de información confidencial sobre la dirección de los contribuyentes al ICE fue contraria a la ley, ya que no cumplió con ciertos requisitos de la sección 6103(i)(2) del Código de impuestos Internos", dijo a jueza.
Aunque el IRS confirmó que cumplía esa disposición del Código de Impuestos Internos que protege a los contribuyentes, la jueza dijo que “La conducta ilícita del IRS ha creado una probabilidad sustancial de que los demandantes y sus miembros sufran daños irreparables”.
La opinión judicial señaló que los demandantes alegaron que el IRS se apartó de su política de larga data de proteger estrictamente la información confidencial de los contribuyentes y adoptó una nueva política que priorizó el intercambio a gran escala de dicha información entre agencias gubernamentales.
El IRS firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en abril de 2025 para compartir dicha información y entregó a la agencia de inmigración la información de domicilios de unos 47,000 contribuyentes.
“Como base para su decisión de transferir esta información al ICE, el IRS se apoyó en una declaración del ICE de que un solo individuo en el ICE estaba 'personal y directamente involucrado' en más de un millón de investigaciones o procedimientos penales”, según la jueza.
Los demandantes han demostrado que la implementación por parte del IRS de la política de intercambio de direcciones fue “arbitraria y caprichosa porque el IRS no reconoció ni explicó su desviación de su política anterior de estricta confidencialidad, no consideró los intereses de confianza generados por su política anterior de estricta confidencialidad y no proporcionó una explicación razonada para la implementación de la nueva Política de Intercambio de Direcciones”, señala la opinión.
Los intereses de confianza son expectativas basadas en las normas jurídicas vigentes y los precedentes judiciales que generan una predisposición a mantener el statu quo. En ocasiones, los tribunales se muestran reacios a adoptar medidas que interfieran con dichos intereses.
La Fundación Democracy Forward, que representa a los demandantes, celebró el nuevo fallo judicial.
“Las leyes de privacidad promulgadas en la era posterior al Watergate existen para prevenir abusos de poder como este y, sin embargo, los líderes del IRS y del ICE lanzaron este esfuerzo”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de la fundación, en un comunicado .
“Pagar tus impuestos no te hace renunciar a tu derecho a la privacidad”, agregó.
The Epoch Times solicitó comentarios al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que representa a las agencias federales ante los tribunales, sin recibir respuesta antes del cierre de esta edición.
"La conducta ilegal del IRS creó una probabilidad sustancial de que los demandantes y sus miembros sufran un daño irreparable", afirmó la jueza.
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