El estado de Illinois presentó una demanda contra la administración Trump el 6 de octubre con el fin de impedir que el gobierno federal desplegara soldados de la Guardia Nacional en Chicago.
El estado argumenta en la nueva demanda judicial presentada en la corte federal de distrito de Illinois que el gobierno federal no tiene autoridad legal para intervenir en las labores policiales del estado.
“El pueblo estadounidense, independientemente de dónde resida, no debe vivir bajo la amenaza de la ocupación por parte del ejército de Estados Unidos, y menos aún por el simple hecho de que los líderes de su ciudad o estado hayan caído en desgracia ante el presidente. Para evitarlo, los principios fundamentales del derecho estadounidense limitan la autoridad del presidente para involucrar al ejército en los asuntos internos. Esos principios fundamentales están en peligro”, dice la demanda.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo el 5 de octubre que el presidente Donald Trump estaba enviando a 400 soldados de la Guardia Nacional de Texas a Illinois, Oregón y otros estados en el marco de las operaciones federales de control de la inmigración.
Pritzker describió el despliegue como "la invasión de Trump".
"No hay ninguna razón por la que un presidente deba enviar fuerzas militares a un estado soberano sin su conocimiento, consentimiento o cooperación", dijo el gobernador.
El 4 de octubre, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, invocó la sección 12406 del título 10 del Código de los Estados Unidos para federalizar hasta 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, poniéndolos bajo el control del Departamento de Guerra, a pesar de las objeciones de Pritzker.
El 5 de octubre, Hegseth convocó a 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas para su despliegue en Chicago, según la demanda.
La corte debería bloquear estos despliegues militares "de manera inmediata y permanente", según la demanda. Esta alega que el presidente está utilizando al ejército como parte de un esfuerzo por "castigar a sus enemigos políticos".
Los despliegues forman parte de un plan anunciado por el presidente Donald Trump en el Pentágono el 30 de septiembre. El presidente dijo que el personal militar debe dar prioridad a la "defensa de la patria" contra una "invasión desde dentro" en ciudades estadounidenses, incluida Chicago.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo anteriormente a The Epoch Times que el presidente autorizó el despliegue en Chicago para proteger los activos federales de "los continuos disturbios violentos y la anarquía".
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo el 4 de octubre que los agentes del orden fueron embestidos por vehículos y acorralados por diez coches durante una patrulla en Broadview, un pueblo a varios kilómetros de Chicago, lo que llevó a un agente a "disparar tiros defensivos" contra un conductor armado.
McLaughlin también dijo que el Departamento de Policía de Chicago se negó a ayudar a los agentes federales a asegurar la zona, lo que llevó al DHS a desplegar "operaciones especiales para controlar la escena" ante la concentración de una multitud.
El mismo día en que se presentó la denuncia, el caso fue asignado a la jueza federal de distrito April Perry.
Perry ordenó que las partes participaran en una audiencia sobre el estado del caso a las 2 p. m., hora local, del 6 de octubre.
La nueva demanda en Illinois se produjo después de que un juez federal de Oregón bloqueara el 5 de octubre una iniciativa de Trump para desplegar miembros de la Guardia Nacional de California o de cualquier otro estado en Oregón.
En respuesta a una demanda presentada por Oregón y el gobernador de California, Gavin Newsom, la jueza federal de distrito Karin J. Immergut dictó una orden de restricción temporal en la que ordenaba a la administración Trump no desplegar soldados de la Guardia Nacional en Oregón. La orden expira el 19 de octubre.
Newsom dijo en un comunicado de prensa que el despliegue de los soldados de su estado en Oregón era un "abuso impresionante de la ley y el poder".
El juez federal de distrito Michael Simon se recusó del caso de Oregón el 2 de octubre, horas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentara documentos en el caso en los que se afirmaba que la esposa de Simon, la representante Suzanne Bonamici (D-Ore.), había criticado públicamente el plan del presidente.
En una conferencia de prensa con la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, Bonamici dijo que el plan de Trump de tomar el control de las tropas de la Guardia Nacional era un "grave abuso de poder" y que "ningún militar es bienvenido ni necesario aquí", según el DOJ.
Simon emitió una orden judicial el 2 de octubre en la que afirmaba que se recusaba del caso "porque es necesario que esta demanda se centre en las cuestiones constitucionales y legales de vital importancia planteadas por las partes".
Con información de Aldgra Fredly, Jacob Burg y Joseph Lord
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
