La Universidad de Harvard amplió el 13 de mayo su demanda contra los recortes de fondos federales del gobierno de Trump para incluir los 450 millones de dólares adicionales en subvenciones que los funcionarios del Gobierno anunciaron que se iban a cancelar ese mismo día.
Esas subvenciones, que iban a proceder de ocho agencias federales diferentes, se sumaban a los 2200 millones de dólares en subvenciones federales ya canceladas. El anuncio lo hizo el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo, que incluye a representantes de los Departamentos de Educación, Justicia y Salud y Servicios Humanos, y que fue creado para "erradicar el acoso antisemita en las escuelas y los campus universitarios", según una de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.
"La Universidad de Harvard ha fracasado repetidamente a la hora de hacer frente a la discriminación racial y el acoso antisemita que azotan su campus", afirmó el grupo de trabajo en un comunicado.
"Los estudiantes judíos fueron objeto de insultos generalizados, agresiones físicas e intimidación, sin que la dirección de Harvard diera una respuesta significativa".
La institución de la Ivy League, financiada con fondos federales, impugnó la congelación de los fondos por considerarla una violación de la Primera Enmienda. Solicitó a la jueza federal Allison Burroughs que bloqueara la suspensión de las subvenciones. Burroughs fijó la vista del caso para el 21 de julio.
"El gobierno no ha identificado, ni puede identificar, ninguna conexión racional entre las preocupaciones por el antisemitismo y la investigación médica, científica, tecnológica y de otro tipo que ha congelado o cancelado", afirma la demanda.
La secretaria de Educación, Linda E. McMahon, acusó a Harvard de "incurrir en un patrón sistémico de violación de la ley federal" y alegó otras cuestiones, como la parcialidad política en el campus y el mantenimiento de un proceso de admisión que no se basa en el mérito.
"Las prioridades de la Administración no han cambiado y la carta de hoy marca el fin de las nuevas subvenciones para la Universidad", afirmó McMahon en una carta fechada el 5 de mayo.
"Harvard ya no debería solicitar SUBVENCIONES al gobierno federal, ya que no se le concederá ninguna".
En un caso concreto, Harvard fue criticada cuando un manifestante pro Hamás, que se enfrentaba a cargos penales por presuntamente agredir a un estudiante judío en el campus, recibió una beca de 65,000 dólares de la Harvard Law Review.
Harvard argumentó en su denuncia que estaba comprometida con la lucha contra el antisemitismo y con garantizar la seguridad de los estudiantes israelíes y judíos en su campus, y calificó las medidas de la Administración como una amenaza para la libertad académica en la institución.
En una carta publicada el 12 de mayo, el presidente de Harvard, Alan M. Garber, reafirmó la postura de la universidad y acusó además a la administración Trump de "extralimitarse en las libertades constitucionales de las universidades privadas" y de "seguir ignorando el cumplimiento de la ley por parte de Harvard".
"Harvard no renunciará a sus principios fundamentales, protegidos por la ley, por miedo a represalias infundadas por parte del gobierno federal", afirmó.
Con información de Reuters y Naveen Athrappully
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