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El Departamento de Educación en Washington el 28 de abril de 2025. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

El Departamento de Educación en Washington el 28 de abril de 2025. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Gobierno de Trump toma medidas para acabar con prestaciones para inmigrantes ilegales

"Los programas de educación postsecundaria financiados por el gobierno federal deben beneficiar a los ciudadanos estadounidenses, no a los extranjeros ilegales", dijo la secretaria de Educación

ESTADOS UNIDOSPor Aldgra Fredly
11 de julio de 2025, 12:48 p. m.
| Actualizado el11 de julio de 2025, 12:48 p. m.

Varias agencias actualizaron sus políticas el 10 de julio para impedir que los inmigrantes ilegales reciban prestaciones federales a través de sus programas.

La medida sigue a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de febrero, en la que ordenaba a las agencias federales identificar los programas financiados por el gobierno que "permiten a los extranjeros ilegales obtener cualquier beneficio público en efectivo o no efectivo" y armonizar esos programas con la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad Laboral (PRWORA), una ley que prohíbe a los inmigrantes ilegales obtener "beneficios públicos federales".

El Departamento de Educación (DOE) anunció el 10 de julio que los inmigrantes ilegales ya no tendrán acceso a los beneficios financiados por los contribuyentes en los programas de educación postsecundaria, como las becas Pell y los préstamos estudiantiles.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, afirmó que el DOE tiene como objetivo garantizar que los fondos de los contribuyentes se utilicen para apoyar a los ciudadanos y residentes estadounidenses que entraron legalmente en el país y cumplen los requisitos federales de elegibilidad.

"Los programas de educación postsecundaria financiados por el gobierno federal deben beneficiar a los ciudadanos estadounidenses, no a los extranjeros ilegales", afirmó McMahon en un comunicado.

El DOE declaró que revocaba una "Carta a los colegas" emitida por el expresidente Bill Clinton en 1997 que permitía a los inmigrantes ilegales acceder a las prestaciones públicas federales para programas de formación profesional, técnica y para adultos.

Según el comunicado, la carta "eximía erróneamente" a esos programas de la aplicación de la PRWORA, lo que permitía al departamento tergiversar la ley "creando distinciones artificiales entre los programas de prestaciones federales en función del método de asistencia", a pesar de que el Congreso no hacía tal distinción en la legislación.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro ya no pagarán la factura de los extranjeros ilegales que participan en nuestros programas o actividades de formación profesional, técnica o para adultos", declaró McMahon.

El DOE dijo que enviará cartas a todos los beneficiarios para discutir la verificación de la elegibilidad y que podría tomar medidas coercitivas contra los beneficiarios y subbeneficiarios en virtud de la PRWORA antes del 9 de agosto.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) declaró que revocaba una interpretación de 1998 de la PRWORA, una medida que restringirá el acceso de los inmigrantes ilegales a los programas financiados por el gobierno de la agencia.

Muchos programas del HHS han sido reclasificados como "beneficios públicos federales" en virtud de la PRWORA, incluido Head Start, que proporciona cuidado infantil a familias con bajos ingresos. Otros programas son la Subvención en Bloque para Servicios Comunitarios, el Programa de Subvenciones para Proyectos de Asistencia en la Transición de la Falta de Hogar y el Programa de Planificación Familiar del Título X.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, testifica ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes en el Capitolio, en Washington, el 11 de junio de 2025. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, testifica ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes en el Capitolio, en Washington, el 11 de junio de 2025. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

El Departamento de Agricultura emitió un aviso el 10 de julio en el que aclaraba su última interpretación del término "beneficio público federal" en virtud de la PRWORA, en el que afirmaba que los inmigrantes ilegales ya no podrán optar a "ninguna subvención, contrato, préstamo, licencia profesional o licencia comercial" a través de sus programas financiados por el gobierno.

También bloquearía el acceso de los inmigrantes ilegales a "cualquier jubilación, asistencia social, salud, discapacidad, vivienda pública o asistida, educación postsecundaria, asistencia alimentaria, subsidio de desempleo o cualquier otro beneficio similar" financiado por el gobierno, según su aviso en el Registro Federal.

"Durante mucho tiempo se ha abusado de la generosidad de los contribuyentes estadounidenses por interpretaciones erróneas de la ley de reforma de la asistencia social de 1996", declaró la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins. "El aviso de hoy deja clara su intención: los extranjeros ilegales no deben recibir dinero del gobierno".

La Administración de Empleo y Formación del Departamento de Trabajo (DOL) también ha publicado nuevas directrices que impedirán a los inmigrantes ilegales acceder a los recursos y subvenciones federales para el desarrollo de la mano de obra.

Según las nuevas directrices, todos los beneficiarios que reciban financiación de la Ley de Innovación y Oportunidades para la Mano de Obra y programas similares deben confirmar que los participantes tienen "autorización de trabajo válida" antes de prestar los servicios.

El DOL declaró que el sistema público de desarrollo de la fuerza laboral deberá actualizar sus políticas y procedimientos para verificar el estatus de autorización de trabajo de los participantes en el futuro.

En su orden ejecutiva, Trump declaró que "numerosas administraciones han actuado para socavar los principios y limitaciones establecidos por el Congreso" desde la aprobación de la PRWORA, lo que ha dado lugar a un "gasto indebido de importantes recursos de los contribuyentes".

"El título IV de la PRWORA establece que es política nacional que 'los extranjeros dentro de las fronteras de la nación no dependan de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades' y que 'es un interés imperioso del gobierno eliminar el incentivo a la inmigración ilegal que supone la disponibilidad de prestaciones públicas'", afirmó.

Con información de Zachary Stieber


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