El presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmaron el 1 de julio que el estado del sol pronto comenzará a designar a miembros de la Guardia Nacional como jueces de inmigración para acelerar las decisiones de deportación.
Trump viajó a Ochopee, Florida, el 1 de julio para visitar un nuevo centro de detención de inmigrantes ilegales apodado "Alligator Alcatraz", situado a unos 65 kilómetros al suroeste de Miami.
El presidente estuvo acompañado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, DeSantis y el representante Byron Donalds (R- Fla.) en la ceremonia de inauguración del nuevo centro de detención.
"Estamos ofreciendo a nuestra Guardia Nacional y a otras personas de Florida para que sean designados jueces de inmigración. Estamos trabajando con el Departamento de Justicia para obtener las aprobaciones", dijo DeSantis durante una rueda de prensa conjunta.
Trump firmó el 20 de enero una orden ejecutiva que faculta a los gobernadores para nombrar a agentes de las fuerzas del orden estatales como delegados para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
"Ron ya hizo uso de ella", dijo Trump el martes. "Tiene mi aprobación".
DeSantis dijo que instalará un juez auditor de la Guardia Nacional en Alligator Alcatraz para notificar rápidamente a los acusados que deben comparecer, dándoles uno o dos días antes de sus audiencias para que "no sean detenidos, esperemos que no por mucho tiempo".
El gobernador dijo que está tratando de reducir la burocracia federal para acelerar el proceso.
La Casa Blanca dijo esta semana que Alligator Alcatraz tendrá capacidad para 5000 camas para alojar, procesar y deportar a "inmigrantes ilegales criminales".
El centro de detención, que Noem aprobó el 23 de junio, se espera que cueste aproximadamente USD 450 millones, con planes elaborados por la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) y presentados al Departamento de Seguridad Nacional.
DeSantis invocó poderes de emergencia un día después para aprobar el emplazamiento, lo que permitió al gobierno eludir la realización de estudios medioambientales.
Esto llevó a dos grupos: Amigos de Everglades y Centro de la Diversidad Biológica, a presentar una demanda con la esperanza de obtener una orden judicial preliminar para retrasar la apertura de Alligator Alcatraz.
Los dos demandantes argumentaron que Florida decidió abrir el centro de detención sin realizar primero los estudios medioambientales exigidos por la Ley Nacional de Política Medioambiental y que no cumplió con otras leyes estatales, locales y federales.
Los grupos también argumentaron que Florida no informó al público ni permitió que se presentaran comentarios antes de dar luz verde a la instalación, y que su infraestructura, en particular el uso del agua y el escurrimiento de residuos, tendrá un impacto significativo en la fauna protegida de la zona circundante.
"El emplazamiento es más de un 96 por ciento de humedal, está rodeado por la Reserva Nacional Gran Cipres y es el hábitat de la pantera de Florida, en peligro de extinción, y otras especies emblemáticas", afirmó Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de Everglades, en un comunicado.
"Este plan no solo es cruel, sino que amenaza el ecosistema de los Everglades, que los contribuyentes estatales y federales gastaron miles de millones en proteger".
El director de comunicaciones de DeSantis, Bryan Griffin, ofreció más detalles sobre cómo se procederá en el emplazamiento.
"La utilización de estas instalaciones para estos fines no supondrá la eliminación de vegetación, pavimentación adicional ni construcciones permanentes", afirmó en un comunicado.
"En la pista de aterrizaje existente, el FDEM utilizará edificios y refugios temporales similares a los que se utilizan en casos de desastres naturales. Los servicios públicos, como el agua, el alcantarillado y la electricidad, se facilitarán mediante equipos móviles que se retirarán al finalizar la misión".
Con información de T.J. Muscaro y Emel Akan.
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