La administración Trump está revirtiendo la práctica de larga data de exigir que la información sobre los programas federales se proporcione en varios idiomas para las personas con dominio limitado del inglés, en virtud del título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Un memorándum de la fiscal general Pamela Bondi, publicado el 14 de julio, afirma que el idioma no está cubierto por la Ley de Derechos Civiles.
El Título VI se basa en la cláusula de igualdad de protección de la 14.° Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Exige la igualdad de trato ante la ley, independientemente de las características inmutables de una persona, como la raza o el origen nacional.
Basándose en esta interpretación, se exigía a las agencias federales y a las entidades estatales y locales financiadas con fondos federales que proporcionaran formularios, sitios web, avisos y advertencias en los idiomas hablados por los solicitantes. También se debía proporcionar traductores.
Bondi emitió el memorándum con directrices para la aplicación de la Orden Ejecutiva 14224 del presidente Donald Trump, de 1 de marzo de 2025, que designaba el inglés como idioma oficial de Estados Unidos.
En el memorándum, Bondi cita varias sentencias judiciales en las que, según ella, los jueces dictaminaron que el dominio limitado del inglés no es una característica inmutable en virtud del Título VI. Esta conclusión reduce los casos en los que se exigirían servicios multilingües, según el memorándum.
“El dominio del idioma no es intercambiable con el origen nacional o la raza”, afirma la guía.
La orden ejecutiva de Trump permite a los jefes de las agencias que reciben o desembolsan fondos federales más libertad para reducir los “servicios multilingües no esenciales” y “redirigir los recursos hacia la educación y la asimilación del idioma inglés”.
“Como ha dejado claro el presidente Trump, el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos”, afirmó Bondi en el memorándum. “El Departamento de Justicia liderará los esfuerzos para codificar la orden ejecutiva del presidente y eliminar las políticas derrochadoras y moralistas en todas las agencias gubernamentales con el fin de promover la asimilación en lugar de la división”.
Según el memorándum, el Departamento de Justicia (DOJ) suspende todas las directrices existentes sobre servicios multilingües. Durante los próximos 60 días, los funcionarios del DOJ consultarán con otras agencias para elaborar una lista de cambios recomendados en la política lingüística. En un plazo de 120 días, el DOJ distribuirá una propuesta de nuevas directrices para que sea revisada por otras agencias, según el memorándum.
“En un plazo de 180 días, el Departamento publicará nuevas directrices, para que el público pueda formular observaciones, en las que se presentarán directrices claras y prácticas que ayuden a los organismos a dar prioridad al inglés, al tiempo que se explica con precisión cuándo y cómo sigue siendo necesaria la asistencia multilingüe para cumplir la misión de sus respectivos organismos y prestar de manera eficiente los servicios gubernamentales”, se lee en el memorándum.
(David Paul Morris/Getty Images)La orden ejecutiva de Trump derogó la Orden Ejecutiva 13166 del presidente Bill Clinton, del 16 de agosto del año 2000.
La orden de Clinton ampliaba el acceso a los programas federales para las personas con un dominio limitado del inglés. Se aplicaba a los organismos federales que trataban directamente con el público. También abarcaba los programas financiados con fondos federales pero ejecutados por gobiernos estatales y locales, organizaciones comunitarias u otros proveedores de servicios no federales.
En una hoja informativa publicada el día en que emitió su orden, Trump escribió que convertir el inglés en idioma oficial unirá a los estadounidenses como parte de una cultura estadounidense única.
“Con esta orden ejecutiva, el presidente Trump afirma que un idioma común fomenta la cohesión nacional, ayuda a los recién llegados a integrarse en las comunidades y tradiciones, y enriquece nuestra cultura compartida”, se lee en la hoja informativa.
Simon Hankinson, investigador Senior de The Heritage Foundation, está de acuerdo. Afirmó que todos los países del mundo han designado idiomas oficiales, incluso aquellos en los que se hablan cientos de idiomas de forma habitual. Según él, un idioma oficial garantiza que los ciudadanos puedan comunicarse entre sí y con el resto del mundo.
“Hay que poder comunicarse y redactar las leyes en un idioma inteligible que todo el mundo pueda leer y comprender”, declaró Hankinson a The Epoch Times. “Esa es una de las razones por las que la Unión Europea es tan complicada y enrevesada, porque tienen que traducir todo a 20 idiomas”.
La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) no respondió a una solicitud de comentarios antes de esta publicación. Sin embargo, el grupo se ha opuesto a intentos anteriores de designar el inglés como idioma oficial de Estados Unidos.
En una publicación de 2012 en el sitio web de la ACLU, el asesor legislativo de la ACLU, Gabe Rottman, escribió que convertir el inglés en idioma oficial violaba la Primera Enmienda al reprimir a los hablantes de otros idiomas.
“Por el contrario, en Estados Unidos, el enfoque único en la libertad de expresión también implica la libertad de expresión lingüística”, escribió Rottman.
Corrección: Una versión anterior de este artículo contenía un error en un detalle del memorándum de la fiscal general Pam Bondi. The Epoch Times lamenta el error.
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