Una coalición de 21 estados gobernados por demócratas, junto con el Distrito de Columbia, demandaron al Departamento de Justicia el 18 de agosto, acusando al gobierno federal de vincular ilegalmente los fondos federales para víctimas de delitos con la cooperación en la aplicación de leyes migratorias.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Rhode Island el 18 de agosto, impugna las condiciones que el Departamento de Justicia impuso este verano al Acta de Víctimas de Crimen (VOCA, por sus siglas en inglés), que otorga más de mil millones de dólares cada año a los estados para servicios como refugios para víctimas de violencia doméstica, gastos funerarios, consejería por trauma y limpieza de escenas del crimen.
Los fiscales generales sostienen que las nuevas reglas apuntan a las llamadas jurisdicciones santuario —donde los funcionarios se niegan a cumplir con la ley y las autoridades migratorias federales—, al exigir a los estados colaborar con la aplicación federal de inmigración para poder seguir recibiendo los fondos de VOCA, creados por el Congreso en 1984 bajo la presidencia de Ronald Reagan para garantizar un apoyo estable a las víctimas de delitos.
“Durante décadas, las subvenciones de VOCA han apoyado a las víctimas y sobrevivientes de delitos mientras intentan recuperar la normalidad en sus vidas”, dijo en un comunicado la fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell. “El intento de la administración Trump de condicionar este apoyo es tan cruel como ilegal. Continuaremos haciendo que el gobierno federal rinda cuentas por acciones que violan la ley y dañan a residentes vulnerables”.
Se suman a la demanda los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
El punto en disputa son las nuevas disposiciones en los avisos de financiamiento de 2025 para los programas VOCA. La Oficina para Víctimas de Crimen del Departamento de Justicia señaló que las subvenciones no podrán usarse para programas que “obstaculicen o dificulten la aplicación de la ley migratoria federal”, lo que incluye negar a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el acceso a instalaciones o rechazar solicitudes de notificación a las autoridades federales antes de liberar a individuos que puedan ser requeridos por violaciones migratorias.
Los estados argumentan que esas condiciones van más allá de la autoridad que el Congreso otorgó en VOCA, una ley diseñada para distribuir fondos mediante fórmulas fijas y con mínimas condiciones federales. Su demanda sostiene que la administración está violando los límites constitucionales sobre el poder de gasto federal e interfiriendo con la capacidad de los estados para decidir cómo usar sus recursos de aplicación de la ley. También alega que los requisitos no guardan relación con los propósitos de VOCA y son coercitivos, ya que los estados deben cumplirlos o perder financiamiento crítico.
“Las Condiciones de Aplicación Migratoria son ilegales por múltiples e independientes razones”, señala la demanda. “El Departamento de Justicia carece de la autoridad legal necesaria para imponerlas; su imposición fue arbitraria y caprichosa; y, aun si estuvieran autorizadas por la ley, violan la Cláusula de Gasto”.
La demanda pide al tribunal anular dichas condiciones y bloquear de manera permanente al Departamento de Justicia para que no las aplique.
Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios ante una consulta de The Epoch Times.
A inicios de este mes, el gobierno federal publicó una lista actualizada de los estados y ciudades que considera jurisdicciones santuario. La fiscal general Pam Bondi prometió continuar las acciones legales contra ellas en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.
“Las políticas santuario obstaculizan la aplicación de la ley y ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses por diseño”, afirmó Bondi en un comunicado adjunto a la lista actualizada.
La lista fue publicada en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada en abril por el presidente Donald Trump, en la que reprendió a los estados santuario por usar su autoridad “para violar, obstruir y desafiar la aplicación de las leyes federales de inmigración” y prometió restablecer su cumplimiento.
Más recientemente, Bondi envió una serie de cartas a las jurisdicciones santuario, ordenándoles acatar las leyes federales de inmigración o enfrentar litigios.
“Cualquier jurisdicción santuario que siga poniendo a los inmigrantes ilegales por encima de los ciudadanos estadounidenses puede sentarse a la mesa o vernos en los tribunales”, escribió Bondi en un mensaje en X.
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