El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció que llegó a un principio de acuerdo con Boeing y que retirará el proceso penal derivado de dos accidentes del 737 MAX que causaron la muerte de 346 personas.
Como parte del acuerdo, descrito en un documento judicial presentado el viernes, Boeing destinará 1100 millones de dólares a multas, mejoras de seguridad e indemnizaciones para las familias de las víctimas del accidente.
En concreto, esto incluye una multa penal de 487.2 millones de dólares, 444.5 millones de dólares a un fondo que se distribuirá equitativamente entre las familias de las víctimas y 455 millones de dólares destinados a impulsar los programas de cumplimiento, seguridad y calidad de Boeing.
Boeing también admitirá la "conspiración para obstruir y obstaculizar" a la Administración Federal de Aviación (FAA), en lugar de ser juzgado por el delito grave de conspiración para defraudar a los reguladores federales.
El acuerdo deja abierta la posibilidad de volver a presentar la denuncia penal si el gobierno determina que Boeing incumple las nuevas condiciones. El Departamento de Justicia también aclaró que el acuerdo "no brindará protección contra el enjuiciamiento por ninguna otra conducta indebida".
El acuerdo requiere la aprobación del juez federal de distrito Reed O'Connor, de Fort Worth, Texas, quien preside el caso.
"Además de las inversiones financieras, Boeing debe seguir mejorando la eficacia de su programa de cumplimiento y ética antifraude y contratar a un consultor independiente en materia de cumplimiento", declaró un portavoz del Departamento de Justicia, citando directamente el acuerdo del viernes.
Boeing no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El proceso federal contra Boeing se originó a raíz de dos accidentes del 737 MAX ocurridos con cinco meses de diferencia: uno frente a las costas de Indonesia en octubre de 2018 y otro en Etiopía en mayo de 2019. Todos los pasajeros y la tripulación a bordo de ambos vuelos fallecieron.
Los investigadores vincularon los accidentes a un sistema de control de vuelo llamado Sistema de Aumento de las Características de Maniobra (MCAS), diseñado para bajar automáticamente la parte delantera (nariz del avión) si un sensor detectaba una entrada en pérdida. En ambas tragedias, lecturas erróneas del sensor activaron el MCAS, provocando una caída en picado de la aeronave que los pilotos no pudieron revertir.
Según un informe de 2019 de la Revisión Técnica de Autoridades Conjuntas, un panel de expertos de la FAA y otros organismos reguladores internacionales de la aviación, Boeing había eliminado información relativa a la funcionalidad del MCAS de un borrador del manual de vuelo del 737 MAX. Como resultado, los funcionarios de la FAA responsables de certificar los diseños de aeronaves "desconocían plenamente la función del MCAS" y "no estaban en condiciones de evaluar adecuadamente" el nivel de capacitación de los pilotos necesario para satisfacer las necesidades de seguridad.
Posteriormente, los fiscales federales declararon que, debido a esta omisión, los manuales de aeronaves y los materiales de capacitación de pilotos utilizados por las aerolíneas estadounidenses "carecían de información sobre el MCAS".
En 2021, Boeing llegó a un acuerdo de 2500 millones de dólares con el Departamento de Justicia que le permitió evitar un proceso judicial. Dicho acuerdo incluía una multa de 243.6 millones de dólares y el compromiso de Boeing de mejorar los programas de cumplimiento normativo y seguridad.
En mayo de 2024, la fiscalía alegó que Boeing incumplió los términos de dicho acuerdo al no implementar las reformas prometidas para prevenir infracciones de las leyes federales antifraude. En respuesta, Boeing aceptó en julio pasado un acuerdo de culpabilidad, que incluía otra multa de 243.6 millones de dólares, 455 millones de dólares para mejoras de seguridad y cumplimiento normativo durante los próximos tres años y la supervisión de un monitor independiente designado por el gobierno.
El juez O'Connor rechazó dicho acuerdo en diciembre, alineándose con las familias de las víctimas que exigían un juicio.
El juez cuestionó el proceso de selección de un monitor independiente, argumentando que las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) del gobierno y de Boeing podrían permitir que la raza u otros factores de diversidad influyeran en la selección. También criticó el acuerdo por excluir a la corte de cualquier participación en el nombramiento del monitor. "Es justo decir que el intento del gobierno de garantizar el cumplimiento fracasó. En este punto, el interés público exige la intervención de la corte, declaró O'Connor al rechazar el acuerdo. "Marginar a la corte en la selección y supervisión del monitor independiente, dado que el acuerdo de culpabilidad socava la confianza pública en la libertad condicional de Boeing".
El juicio del caso está previsto para comenzar el 23 de junio.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo clic aquí
