El Departamento de Justicia (DOJ) acusó el 16 de mayo a una ciudadana mexicana por presuntamente proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos, la primera acusación de este tipo en el país.
María Del Rosario Navarro-Sánchez, de 39 años, enfrenta cargos por suministrar granadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas de México, según el DOJ.
Navarro-Sánchez fue acusada de conspirar para introducir ilegalmente inmigrantes en Estados Unidos, compra y tráfico de armas de fuego y posesión de drogas con intención de distribuirlas.
Sus dos coacusados, Luis Carlos Dávalos-López y Gustavo Castro-Medina, ambos nacionales de México, también enfrentan cargos por tráfico de armas, según el departamento.
“Suministrar granadas a una organización terrorista designada, mientras se trafica con armas de fuego, narcóticos y seres humanos, no solo es criminal; es un ataque directo a la seguridad de los Estados Unidos”, declaró el director interino del ICE, Todd Lyons.
El Departamento de Justicia también publicó fotos que mostraban lo que parecía ser un "túnel artificial" utilizado para introducir ilegalmente inmigrantes desde México a Estados Unidos, junto con armas de fuego y paquetes de metanfetamina y fentanilo, que presuntamente están relacionados con el caso.
Las autoridades estadounidenses incautaron alrededor de 20 armas de fuego tipo AK-47 y dos rifles en el Distrito Oeste de Texas el 21 de agosto de 2023, según el Departamento de Justicia.
El comunicado incluyó la foto de un rifle AR-15 multicalibre conocido como “El Dorado” que recuperaron en posesión de Navarro-Sánchez durante su arresto en México el 4 de mayo.
El director del FBI, Kash Patel, declaró que la detención de Navarro-Sánchez envía un mensaje claro a quienes se involucran con grupos terroristas de que "serán buscados y juzgados con todo el peso de la ley".
“Nunca permitiremos que pandillas y cárteles criminales aterroricen a las comunidades estadounidenses”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado. "Los días de violencia descontrolada de las bandas y los cárteles han terminado".
No está claro si los acusados cuentan con representación legal.
El CJNG fue uno de los ocho cárteles designados por el presidente Donald Trump en febrero como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. Otros cárteles son Tren de Aragua, MS-13, Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, Cartel del Golfo y Carteles Unidos.
Trump declaró en su orden ejecutiva que los cárteles “amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de los Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el Hemisferio Occidental”.
El Departamento del Tesoro ha calificado al CJNG como uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo hacia los Estados Unidos. La organización criminal también está involucrada en lavado de dinero, soborno, extorsión a migrantes y actos violentos.
Al CJNG lo acusaron de atacar a militares y policías mexicanos con armas de uso militar y de haber utilizado drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden. El grupo también fue acusado de participar en los intentos de asesinato de algunos funcionarios mexicanos, según la declaración.
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