El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó a una corte federal que, por primera vez en cuatro años, podría reanudar la tramitación de nuevas solicitudes para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
En una presentación del 30 de septiembre ante el juez federal de distrito Andrew Hanen en Texas, el departamento esbozó un plan para reabrir parcialmente el programa de la era Obama, que protege de la deportación a ciertas personas traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y les permite trabajar.
Desde 2021, el DACA cerró a las solicitantes de primera vez, aunque a los beneficiarios existentes se les permitió renovar sus permisos de trabajo de dos años.
Según el plan, el DHS comenzaría a aceptar nuevas solicitudes de DACA en los 49 estados, excepto en Texas. Los solicitantes aprobados fuera de Texas tendrían derecho tanto a la protección contra la deportación como a los permisos de trabajo. Por el contrario, los solicitantes de Texas solo podrían recibir protección contra la expulsión, sin autorización para trabajar, y no se les consideraría "legalmente presentes" en Estados Unidos.
La propuesta también advierte que a los actuales beneficiarios del DACA se les podrían revocar sus permisos de trabajo si se mudan a Texas.
"Estas propuestas no limitan al DHS a realizar cualquier cambio legal futuro al DACA", dijo el departamento en su presentación.
La propuesta del DHS está diseñada para cumplir con una orden judicial de enero de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, que confirmó la conclusión inicial de Hanen de que el DACA es ilegal.
En esa orden, un panel de tres jueces del Quinto Circuito confirmó la decisión de la corte inferior, pero redujo su alcance, haciéndola aplicable solo en Texas, el estado que encabeza la demanda republicana contra DACA.
El panel también suspendió el impacto de la decisión sobre los beneficiarios actuales, permitiendo que las renovaciones continúen en todo el país mientras se desarrolla el caso, ya sea ante el Quinto Circuito en pleno o, en última instancia, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Si Hanen aprueba la propuesta del DHS, la demanda subyacente continuará y el DACA podría seguir siendo derogado por completo una vez que el litigio llegue a su fin.
En su propia presentación del 30 de septiembre, los estados liderados por los republicanos que cuestionan la legalidad del DACA instaron a Hanen a "dar el paso decisivo" para ordenar a la administración Trump que comience a reducir el programa por completo, incluso para los inscritos existentes.
"Los beneficiarios del DACA saben desde hace años, gracias a sentencias judiciales inequívocas, que su estatus se deriva de una extralimitación del poder ejecutivo, y no de la autoridad legal. Han tenido tiempo suficiente para ajustar sus asuntos, buscar vías alternativas o solicitar al Congreso una solución legislativa", escribieron los nueve estados en su escrito.
"Lo que queda es mera inercia disfrazada de confianza".
Los estados también argumentaron que solo el Congreso tiene la autoridad para determinar el destino de los beneficiarios del DACA, ya que fue él quien creó el marco migratorio en el que se basa el programa. Cualquier cambio en ese marco, dijeron, debe provenir de la legislación, no de la acción ejecutiva o la intervención judicial.
"En última instancia, ni el poder ejecutivo ni el judicial pueden sustituir el juicio de los representantes elegidos por el pueblo en determinaciones tan cargadas de política", afirma la demanda.
El DACA se enfrenta a retos legales desde su creación en 2012. Texas presentó una demanda en 2018 para poner fin al programa, y el caso ha pasado por el proceso de apelación en los años siguientes.
En junio, más de 525,000 personas tenían la condición de DACA activa, incluidas casi 88,000 en Texas, el segundo total más alto después de California, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
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