WASHINGTON—Los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes presentaron el 21 de noviembre una ley que busca bloquear la financiación del uso de la fuerza militar estadounidense en hostilidades directas con Venezuela, a menos que el presidente Donald Trump y su administración soliciten primero la autorización del Congreso.
Liderada por el representante Seth Moulton (D-Mass.), la legislación afirma la responsabilidad constitucional del Congreso de declarar guerras y autorizar acciones militares.
"La Constitución no es ambigua en este punto: el Congreso decide cuándo este país entra en guerra, no el presidente", dijo Moulton durante una rueda de prensa celebrada el viernes frente al Capitolio de Estados Unidos.
El representante demócrata argumentó que la Constitución no es ambigua, en ella se asegura que el Congreso decide cuándo Estados Unidos entra en guerra, no el presidente.
"Y esta no es una guerra que el pueblo estadounidense quiera. Nos debemos a nuestras tropas algo mejor que esto".
A Moulton se unieron en la rueda de prensa los representantes Jake Auchincloss (D-Mass.), Eugene Vindman (D-Va.), Chrissy Houlahan (D-Pa.) y Jimmy Panetta (D-Calif.).
Desde agosto, las fuerzas estadounidenses se han concentrado en la zona de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), que abarca América Central, América del Sur y el Caribe. Esas fuerzas han llevado a cabo al menos 21 ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes desde septiembre, en una operación conocida como Operación Southern Spear.
Trump no descarta la posibilidad de que Estados Unidos lance ataques contra objetivos terrestres u otras acciones militares contra Venezuela en concreto.
El presidente venezolano Nicolás Maduro se enfrenta a cargos federales en Estados Unidos por tráfico de drogas y narcoterrorismo. Él niega las acusaciones.
Entre las fuerzas estadounidenses reunidas en el mar Caribe se encuentran unos 2200 marines de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines. Moulton, un veterano de los marines, cuestionó este despliegue.
"Seamos claros, los miles de marines de infantería que se encuentran en los barcos frente a la costa de Venezuela no interceptan barcos. No llevan a cabo ataques con drones", dijo.
"Lo sé porque fui marine en esos barcos de asalto anfibio durante meses. Nuestro único propósito es luchar en tierra".
Los demócratas del Senado ya patrocinaron dos resoluciones sobre poderes bélicos con el fin de limitar el uso de la fuerza militar por parte de la Administración Trump en la región del SOUTHCOM sin la autorización del Congreso. La segunda de las dos habría bloqueado específicamente la acción militar en Venezuela. Ambas medidas sobre poderes bélicos fracasaron en el Senado, de mayoría republicana.
En una declaración de la política de la administración en la que se denuncia la segunda resolución sobre los poderes bélicos, la Casa Blanca afirmó que la medida "no reconoce las amenazas inminentes para la seguridad nacional que plantean los violentos cárteles de narcotraficantes que operan en el mar Caribe y sus alrededores y que, en algunos casos, tienen conexión o afiliación con el régimen ilegítimo de Maduro, que Estados Unidos no reconoce como gobierno de Venezuela".
Los demócratas cuestionan la premisa de los ataques
Durante su rueda de prensa del viernes, los legisladores demócratas también cuestionaron los argumentos de la Administración Trump para atacar los supuestos barcos de drogas que operan en el mar.Auchincloss, otro veterano de la Marina, cuestionó la premisa de que Venezuela representa un importante punto de tránsito para el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Fotograma de las imágenes de un ataque a un supuesto barco de drogas en el Caribe el 6 de noviembre de 2025. (@SecWar/X)The Epoch Times se puso en contacto con la Casa Blanca para obtener más detalles sobre la cantidad y el tipo de sustancias ilícitas que salen de Venezuela, que las fuerzas estadounidenses tomaron como objetivo como parte de la Operación Southern Spear.
En una declaración enviada por correo electrónico, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, no respondió a las preguntas específicas sobre las drogas que podrían provenir de Venezuela, pero defendió la campaña militar en curso.
"Todos estos ataques decisivos fueron contra narcoterroristas designados que traen veneno mortal a nuestras costas, y el presidente seguirá utilizando todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país y para llevar a los responsables ante la justicia", dijo Kelly.
Durante su rueda de prensa del viernes, los demócratas de la Cámara de Representantes señalaron los recientes informes de que un abogado militar de alto rango del SOUTHCOM cuestionó la premisa legal que sustenta los ataques letales que se están llevando a cabo en el marco de la Operación Southern Spear. Moulton dijo que le gustaría que ese abogado militar testificara ante el Congreso sobre el asunto.
Vindman, que sirvió en el Ejército de Estados Unidos, entre otros cargos como asesor jurídico del ejército, dijo: "'Solo seguía órdenes' no es una excusa válida para cometer crímenes de guerra".
Hasta ahora, la Administración Trump proporcionó un puñado de informes sobre la Operación Southern Spear a unos pocos legisladores selectos, entre los que se encuentran los líderes republicanos y demócratas de los comités de la Cámara de Representantes y el Senado que supervisan las fuerzas armadas, las comunidades de inteligencia y las relaciones exteriores.
Este selecto grupo de legisladores recibió un informe el 5 de noviembre sobre la justificación legal de las operaciones militares.
En declaraciones a The Epoch Times la semana pasada, el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Mike Rogers (R-Ala.), expresó su apoyo a los ataques e instó a la administración Trump a proporcionar una mayor transparencia sobre el razonamiento que hay detrás de las operaciones.
"Me parece bien lo que están haciendo allí, y creo que los abogados que lo hicieron, que hablaron de la base legal, deberían hacerlo públicamente", dijo Rogers.
Moulton dijo que la razón por la que la administración Trump no hizo pública su justificación es que, en realidad, no cree que tenga argumentos sólidos.
"Tengo mucho respeto por el presidente Rogers", dijo Moulton. "No podría estar más en desacuerdo con su idea de que este es un caso que la administración querría compartir".
