La Corte Suprema bloqueó temporalmente el 23 de mayo las órdenes de tribunales inferiores que exigían al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) responder a solicitudes de libertad de información en un juicio pendiente.
El presidente Donald Trump emitió el 20 de enero la Orden Ejecutiva 14158, por la que se crea el DOGE, un órgano consultivo que recomienda medidas de reducción de gastos a los organismos federales. La orden ejecutiva ordenaba a la entidad «aplicar el programa DOGE del presidente, modernizando la tecnología y el software federales para maximizar la eficiencia y la productividad del Gobierno».
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió lo que se denomina una suspensión administrativa que paraliza las órdenes de los tribunales inferiores mientras los magistrados estudian cómo tramitar el caso. Roberts no dio razones para su decisión.
Las órdenes emitidas por el tribunal federal de distrito de Washington «quedan suspendidas en espera de una nueva orden del abajo firmante o del Tribunal», escribió Roberts en su nueva orden.
El caso es Servicio DOGE de EE. UU. contra Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés).
En el procedimiento judicial, CREW argumentó que necesita saber más sobre las operaciones del DOGE porque, supuestamente, este ejerce una autoridad «sin precedentes» sobre el gobierno y lo hace en condiciones de «secreto inusual».
El fiscal general de EE. UU., D. John Sauer, presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema el 21 de mayo.
El DOGE es un órgano consultivo situado en el poder ejecutivo, a diferencia de una agencia, por lo que «está exento de la Ley de Libertad de Información (FOIA)», escribió Sauer.
La Ley de Libertad de Información, que entró en vigor en 1966, permite a los individuos «obtener acceso a la información gubernamental contenida en los registros de las agencias del poder ejecutivo», con ciertas excepciones.
«La FOIA se aplica a los registros creados por las agencias federales y no cubre los registros en poder del Congreso, los tribunales o las agencias gubernamentales estatales y locales», dice un sitio web del gobierno.
Sauer escribió que, a pesar de la condición de órgano consultivo del DOGE, el tribunal de distrito le ordenó «someterse a un descubrimiento amplio e intrusivo solo para determinar si el USDS está sujeto a la FOIA en primer lugar».
El descubrimiento es un proceso en el que las partes de un juicio obtienen pruebas de otras partes.
Sauer afirmó que la orden del tribunal de distrito «da la vuelta a la FOIA, otorgando efectivamente a [CREW] una victoria en el fondo de su demanda en virtud de la FOIA con el pretexto de determinar si esta ley es siquiera aplicable».
Además, escribió, la orden judicial «viola claramente la separación de poderes, sometiendo a un órgano consultivo presidencial a un descubrimiento intrusivo y amenazando la confidencialidad y la franqueza de su asesoramiento, supuestamente para abordar una cuestión jurídica que nunca debería haber requerido el descubrimiento en este caso».
La separación de poderes es una doctrina constitucional que divide el gobierno en tres ramas para evitar que una sola rama acumule demasiado poder.
CREW se opuso a la solicitud de emergencia del gobierno para detener la orden del tribunal de distrito a primera hora del 23 de mayo y argumentó que lo que la administración Trump «realmente busca no es una exención de la orden de descubrimiento del tribunal de distrito, que está muy bien definida, sino una decisión sobre el fondo de la cuestión de si el Servicio DOGE de EE. UU., un nuevo componente de la Oficina Ejecutiva del Presidente, funciona como una «agencia» sujeta a la Ley de Libertad de Información».
El escrito afirmaba que, para obtener información sobre «la estructura y el funcionamiento secretos» del DOGE, CREW presentó una solicitud urgente en virtud de la FOIA al DOGE el 24 de enero de 2025, pero el DOGE no respondió a tiempo.
CREW presentó entonces una demanda, argumentando que el DOGE ejerce «una autoridad independiente sustancial», lo que lo convierte efectivamente en una «agencia» sujeta a la FOIA y a la Ley Federal de Registros, según el escrito.
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