La Corte Suprema, el 28 de abril, se mostró comprensiva con la familia de una estudiante epiléptica que demandó a un distrito escolar de Minnesota, alegando que la escuela le negó ilegalmente adaptaciones especiales.
El debate oral en el caso A.J.T. contra Osseo Area Schools se caldeó cuando la abogada del distrito acusó a los demás abogados presentes en la audiencia de "mentir" sobre la postura que ella defendía, acusación que posteriormente retiró.
La oficina del fiscal general de los Estados Unidos se pronunció a favor de la postura de la familia.
La estudiante, conocida como A.J.T. y por su nombre propio, Ava, presenta una demanda a través de sus padres, identificados en los documentos judiciales como A.T. y G.T. Ava padece el síndrome de Lennox-Gastaut, un tipo raro de epilepsia, según la petición presentada por la familia en septiembre de 2024.
Ava tiene limitaciones intelectuales y sufre convulsiones durante el día. Las convulsiones más graves se producen por la mañana, pero después "está alerta y es capaz de aprender hasta las 6 de la tarde". También necesita ayuda para caminar e ir al baño.
La familia argumentó en la petición que el distrito escolar aplicó una prueba más estricta de lo necesario a las circunstancias, lo que dificultaría que la familia tuviera éxito con la demanda.
La familia presentó una demanda en virtud de varias leyes federales, entre ellas la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), que garantiza que todos los niños reciban una "educación pública gratuita y adecuada". La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Rehabilitación también ofrecen protección a las personas con discapacidad.
Antes de que la familia de Ava se mudara a Minnesota en 2015, su distrito escolar público en Kentucky satisfacía sus necesidades, incluida la enseñanza a domicilio al final del día. Su nuevo distrito escolar en Minnesota, Osseo Area Schools, "se negó a adaptarse a ella", denegándole la enseñanza nocturna y dando "una serie de explicaciones cambiantes", según la petición. Al principio, el distrito dijo que no quería sentar un mal precedente y luego afirmó que la educación en casa "sería demasiado restrictiva", al tiempo que decía que necesitaba más "datos" para justificar un "cambio de programación", según la petición.
Durante los tres primeros años de su estancia en Minnesota, Ava recibió dos horas menos de enseñanza diaria que los alumnos sin discapacidad. Los padres de Ava presentaron una denuncia ante el Departamento de Educación de Minnesota en virtud de la IDEA. Un juez de lo contencioso-administrativo dictaminó que el distrito infringió la IDEA. El juez dictaminó que, en lugar de dar prioridad a las necesidades educativas de la niña, el distrito se preocupaba más por mantener "el horario habitual del personal docente de la escuela".
El juez ordenó al distrito que proporcionara enseñanza por las tardes.
El distrito escolar apeló ante la corte federal de distrito. Al mismo tiempo, los padres de Ava demandaron al distrito en virtud de la ADA y la Ley de Rehabilitación, solicitando una orden judicial para "garantizar de forma permanente los derechos de [Ava] a una jornada escolar completa", junto con una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, según la petición.
La corte federal de distrito confirmó el fallo a favor de Ava en virtud de la IDEA, al considerar que necesitaba "más de 4.25 horas de escolarización al día". La corte determinó que "ampliar su jornada escolar hasta las 6 de la tarde e incluir horas de instrucción compensatorias" era "la solución adecuada" en virtud de la IDEA.
Sin embargo, la corte falló en contra de Ava con respecto a las reclamaciones de la ADA y la Ley de Rehabilitación, argumentando que ella no demostró que el distrito actuó con "mala fe o grave error de juicio", según la petición.
Un panel de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de los Estados Unidos confirmó la decisión.
Tras reconocer que la familia presentó pruebas que demostraban que el distrito de Minnesota fue "negligente o incluso deliberadamente indiferente" al denegar las adaptaciones razonables que el distrito de Kentucky proporcionó durante años, la corte consideró que estaba "limitado" por la sentencia de 1982 de la Corte de Circuito en el caso Monahan v. Nebraska, que estableció el estándar de mala fe o error grave de juicio.
En los circuitos tercero y noveno, las pruebas presentadas por Ava lo suficientemente sólidas como para superar una moción de desestimación, pero en el octavo circuito y en otros cuatro circuitos "que adoptaron el criterio excepcionalmente estricto de Monahan", no lo fueron, según la petición.
En junio de 2024, el pleno del octavo circuito denegó la solicitud de revisión.
Durante la vista oral celebrada el 28 de abril, la abogada del distrito, Lisa Blatt, afirmó que la Corte Suprema debió confirmar la sentencia Monahan.
"El demandado debió actuar con intención discriminatoria. Monahan describió correctamente esa intención como mala fe, que es el término utilizado desde hace mucho tiempo para referirse a las acciones realizadas por motivos indebidos, en este caso, la discapacidad", afirmó la abogada.
En la ADA, el Congreso "estableció adaptaciones razonables" y "prohibió los daños sin intención para los empleadores y para los hoteles y puestos de hot dogs".
Revocar la sentencia Monahan "expondría a 46,000 escuelas públicas a responsabilidades cuando, durante 40 años, formaron profesores, asignaron presupuestos y contrataron seguros basándose en la sentencia Monahan", afirmó Blatt.
Alguno de los magistrados parecieron sorprendidos por la sugerencia de Blatt de que la Corte Suprema aplicara un criterio estricto en el caso, un argumento que, según dijeron, no previeron.
Después de que Blatt dijera que su parte define la mala fe como "intención discriminatoria", la magistrada Amy Coney Barrett dijo que "sería un cambio radical" en las demandas por discriminación por discapacidad.
Blatt respondió que solo sería "un cambio radical en términos de responsabilidad".
Barrett dijo que "un cambio radical en términos de responsabilidad es un cambio bastante grande" y añadió que la jueza Ketanji Brown Jackson señaló durante la vista oral que "ningún circuito adopto su norma".
La jueza Sonia Sotomayor planteó la posibilidad de que el distrito hubiera infringido las normas procesales de la Corte Suprema al no explicar adecuadamente la naturaleza de su argumento durante el proceso de información previa a la vista oral exigido por la corte.
"Hubiera sido bueno saber que nos estábamos metiendo en un lío tan grande", dijo el juez a Blatt.
Blatt dijo que los argumentos de su parte no habían cambiado.
"Lo que es mentira e inexacto es que hayamos dicho en ningún contexto que esta corte deba tomar el mismo lenguaje y definirlo de manera diferente dependiendo del contexto. Eso no es cierto. No hay ninguna declaración. Nos están poniendo palabras en la boca", dijo.
El juez Neil Gorsuch pidió a Blatt que confirmara que creía que el abogado de la familia, Roman Martínez y el abogado de la oficina del fiscal general de los Estados Unidos "están mintiendo".
Blatt respondió: "En la audiencia oral, sí, absolutamente".
Gorsuch dijo a la abogada: "Creo que debería tener más cuidado con sus palabras, Sra. Blatt".
Blatt respondió que los otros dos abogados "deberían tener más cuidado al tergiversar la postura de un abogado con experiencia en la Corte Suprema, con el debido respeto".
Unos minutos más tarde, Blatt retiró su acusación.
Martínez dijo que Blatt reconoció que el distrito está "tratando de deshacerse de las reclamaciones de adaptaciones razonables de las que disfrutan las personas en este país desde hace décadas".
"Se trata de un argumento revolucionario y radical que no se planteó en esta corte y que ella está tratando de que ustedes decidan basándose, en esencia, en ninguna información".
Martínez dijo que los grupos defensores de los derechos de las personas con discapacidad "habrían dado la voz de alarma" si se hubieran dado cuenta de lo que pretendía el distrito.
Se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso a finales de junio.
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