Un juez federal en Washington emitió el martes una orden para reincorporar a la presidenta de una junta de apelaciones y afirmó que puede permanecer en su cargo hasta el final de su mandato, después de haber sido despedida por la administración Trump.
El juez de distrito de EE. UU., Rudolph Contreras, ordenó reintegrar a Cathy Harris, la presidenta de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito (MSPB), y determinó que debe continuar sirviendo como miembro de la MSPB hasta que expire su mandato, a menos que sea removida antes por ineficiencia, negligencia en el cumplimiento de sus deberes o mala conducta en el cargo bajo el Título 5 del Código de EE. UU.
Miembros de la administración Trump, incluyendo al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al Director de la Oficina de Presupuesto y Gestión, Russell Vought, no pueden remover a Harris del cargo sin causa o de ninguna forma tratarla como si hubiera sido removida sin causa, escribió el juez, añadiendo que tampoco pueden negarle acceso a ninguno de los beneficios o recursos de su oficina.
En un memorando aparte emitido el martes, Contreras escribió que el intento de despedir a Harris por parte del presidente Donald Trump fue ilegal y afirmó que la ley federal impide que el presidente remueva a los miembros de la MSPB sin causa justificada.
La junta que ella preside, según su sitio web, se creó para proteger a los empleados federales de prácticas de personal prohibidas y es una entidad independiente, cuasi judicial, dentro del poder ejecutivo.
Los abogados de la administración Trump, en documentos judiciales presentados la semana pasada, argumentaron que, como presidente, Trump tiene el poder de remover a cualquier funcionario del poder ejecutivo.
"El MSPB ejerce poder ejecutivo y debe rendir cuentas al Presidente mediante el poder de remoción", decían los documentos judiciales, añadiendo que puede ordenar remedios que incluyen la reincorporación, el pago retroactivo y los honorarios de abogados como entidad del poder ejecutivo.
Además, argumentaron que la junta también puede ejercer autoridad sobre otras agencias del poder ejecutivo, por ejemplo, revisando las reglas de la Oficina de Gestión de Personal, y que potencialmente tiene amplia autoridad para afectar la gestión de la fuerza laboral del poder ejecutivo.
Trump despidió a Harris, una demócrata, el 10 de febrero. Su mandato estaba previsto hasta 2028.
Desde que la administración Trump asumió el poder, ha procedido a despedir a decenas de miles de empleados federales mediante diversos métodos, trabajando con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para identificar y resolver gastos innecesarios y deficiencias en las agencias federales.
Tanto Trump como el asesor Elon Musk, quien dirige los esfuerzos de reforma, han afirmado que es necesario reducir el número de empleados federales para disminuir el despilfarro y el abuso. Se han presentado numerosas demandas en respuesta a estos despidos.
Algunos empleados despedidos apelaron sus casos ante la MSPB. A finales de febrero, la junta ordenó pausar el despido de seis trabajadores federales que estaban en período de prueba.
"Particularmente considerando la deferencia que debe otorgarse a la Oficina del Fiscal Especial en esta etapa inicial, encuentro que existen fundamentos razonables para creer que cada una de las seis agencias incurrió en una práctica de personal prohibida", escribió la MSPB en su orden, emitida el 25 de febrero.
Un juez federal diferente falló por separado el sábado que la remoción por parte de Trump del jefe de la Oficina del Fiscal Especial, Hampton Dellinger, fue ilegal. Esa decisión fue apelada por el Departamento de Justicia.
En respuesta a la decisión de Contreras, la administración también presentó un aviso de apelación ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de D.C.
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