El 17 de mayo, una corte federal de apelaciones le permitió a la administración Trump seguir adelante con su plan de eliminar la negociación colectiva de los trabajadores de más de una docena de agencias federales.
En un fallo de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia se puso del lado de la administración Trump con el argumento de que su directiva está justificada por motivos de seguridad nacional, revocando la sentencia de un juez de primera instancia que bloqueaba la administración.
Esa orden judicial, emitida por el juez Paul Friedman de la Corte de Distrito del Distrito de Columbia, congeló la orden ejecutiva de la administración que tenía como objetivo la negociación colectiva después de ponerse del lado del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, que presentó la demanda.
La orden, emitida por el presidente Donald Trump a finales de marzo, eximía a más de una docena de agencias federales de cualquier obligación de negociar con los sindicatos. Entre esas agencias se encuentran los departamentos de Justicia, Estado, Defensa, Tesorería, Asuntos de Veteranos y Salud y Servicios Humanos.
Una hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre la orden afirma que esas agencias tienen «misiones de seguridad nacional» que podrían verse obstaculizadas por «sindicatos federales hostiles que obstaculizan la gestión de las agencias».
La orden también le permite a la administración «garantizar que las agencias vitales para la seguridad nacional puedan ejecutar sus misiones sin demora y proteger al pueblo estadounidense», y afirma que el poder ejecutivo requiere «una función pública receptiva y responsable para proteger nuestra seguridad nacional».
En respuesta, el sindicato del Tesoro, que representa a unos 160,000 empleados federales, argumentó que la orden ejecutiva viola los derechos laborales de los trabajadores federales y la Constitución. También argumentó que Trump emitió la orden para tomar represalias contra el sindicato por sus esfuerzos para detener sus acciones para reestructurar y reducir el tamaño del gobierno federal.
La mayoría de la corte de apelación afirmó que el sindicato no había demostrado que sufriría el tipo de daño irreparable que justificaría la medida cautelar dictada por Friedman el 25 de abril.
Los jueces de la corte de apelación Karen Henderson y Justin Walker escribieron que la medida cautelar del juez de primera instancia, si se permitía que siguiera en vigor, obstaculizaría las prerrogativas de Trump en materia de seguridad nacional.
Trump se había basado correctamente en una exención por motivos de seguridad nacional para eximir a los organismos que, según él, tienen «como función principal el trabajo de inteligencia, contrainteligencia, investigación o seguridad nacional», escribieron ambos.
«Preservar la autonomía del presidente en virtud de una ley que reconoce expresamente su experiencia en materia de seguridad nacional redunda en el interés público», escribieron. «Decidir lo contrario sería otorgar a las cortes lo que la Constitución otorga al Congreso y al presidente».
Walker y Henderson también dijeron que Friedman no exigió al sindicato el pago de una fianza financiera para solicitar la suspensión de la orden ejecutiva mientras se resuelve el litigio en las cortes. Afirmaron que las fianzas son «generalmente exigibles» en estos casos y señalaron que es dudoso que «cero dólares fuera la fianza adecuada» en la demanda del sindicato del Tesoro.
La jueza de circuito J. Michelle Childs disintió del fallo. Argumentó que la administración Trump había declarado que no impondría partes clave de la orden ejecutiva mientras se desarrollara el caso judicial y puso en duda los argumentos de los abogados del gobierno en su petición de medidas de emergencia ante la corte de apelación para bloquear la orden de Friedman.
«El gobierno no identifica un daño inminente que justifique una medida de emergencia», escribió Childs. «Un uso extraordinario de nuestras facultades equitativas requiere algo más que las vagas afirmaciones de daño que se aportan aquí. En ausencia de un daño irreparable, los argumentos de fondo del gobierno son más adecuados para el tribunal designado para escucharlos».
Con información de Reuters.
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