El 24 de julio, una corte federal de apelaciones falló por 2 a 1 en contra del requisito de Oregón de que los futuros padres adoptivos apoyen la "orientación sexual" y la "identidad de género" de los niños que desean adoptar.
"La concepción general que tiene un estado del interés superior del niño no crea un campo de fuerza contra el ejercicio válido de otros derechos constitucionales", como la libertad de religión y de expresión, escribió el juez federal Daniel Bress en nombre de la mayoría de una corte dividida de la corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.
Jessica Bates, una madre cristiana de cinco hijos cuyo marido falleció en 2017, se vio obligada a adoptar tras escuchar un programa religioso, según su demanda judicial. Quería adoptar a dos hermanos menores de 10 años y optó por la adopción nacional.
El proceso iba bien hasta que el instructor de una clase obligatoria de formación para la adopción explicó a los asistentes que tenían que "respetar, aceptar y apoyar" la orientación sexual y la "identidad de género" de cualquier niño que quisieran adoptar, según la normativa estatal.
Eso incluía utilizar el pronombre que el niño quisiera que se le utilizara y afirmar la identidad de género del niño, incluso si no se correspondía con su sexo.
Bates cree que los hombres no pueden convertirse en mujeres, y las mujeres no pueden convertirse en hombres, y que una persona no debe utilizar pronombres que no coincidan con su sexo, según la denuncia.
Según las normas, se vería obligada a actuar en contra de sus creencias religiosas y a no compartir esas creencias con los niños adoptados, según sus abogados.
Después de que Bates le contara a un trabajador de adopción sus problemas con el requisito, este le dijo que no podría adoptar si no estaba dispuesta a cumplirlo.
La jueza federal Adrienne Nelson falló en 2023 en contra de Bates. Nelson dijo que el requisito era neutral porque no hacía referencia a prácticas religiosas específicas y no "implicaba la religión en sí misma".
La jueza afirmó que el incumplimiento del requisito "impone un daño colateral al desarrollo, la seguridad y el bienestar físico del niño" y que Oregón tenía un interés imperioso en proteger de cualquier daño a los jóvenes que se identificaran como lesbianas, gais, bisexuales o transgénero.
La mayoría de la Corte de Apelación revocó la decisión, al considerar que el requisito probablemente infringía los derechos de Bates amparados por la Primera Enmienda, es decir, el derecho a expresarse y a vivir de acuerdo con su conciencia y su religión.
Esto se debió, en parte, a que los funcionarios de Oregón no demostraron que un requisito menos estricto pudiera lograr el mismo objetivo, es decir, proteger a los niños que se identifican como lesbianas, gays o transgénero.
"No está estrictamente adaptado para imponer a Bates una norma extrema y general que le prohíba adoptar a ningún niño por su fe religiosa, por temor a daños hipotéticos a un niño hipotético", dijo Bress.
El juez de circuito Richard R. Clifton disintió, escribiendo que los requisitos no violan la Constitución.
"La única limitación impuesta por el estado al denegar su solicitud para acoger a un niño se refiere al trato que le da al niño, no a sus creencias personales, a cómo se expresa ante el mundo o a cómo practica su fe", afirmó.
Un portavoz del Departamento de Justicia de Oregón declaró por correo electrónico a The Epoch Times: "Estamos decepcionados con la sentencia, pero la estamos revisando para determinar los próximos pasos a seguir".
Jonathan Scruggs, abogado principal de Alianza en Defensa de la Libertad, que representa a Bates, dijo en un comunicado que la corte de apelación "hizo bien en recordar a Oregón que el sistema de acogida y adopción debe servir a los intereses de los niños, no a la cruzada ideológica del estado".
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