La administración Trump planea endurecer tanto el examen de ciudadanía y el sistema de obtención de visas para los trabajadores extranjeros cualificados, a la vez que está tomando medidas para cerrar las lagunas jurídicas de un programa independiente que, según sus detractores, ha permitido a delincuentes peligrosos obtener la residencia legal.
Joseph Edlow, nuevo director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), declaró en una entrevista concedida el 25 de julio al diario The New York Times que el actual examen de naturalización es demasiado fácil y no refleja la intención de la ley.
"El examen, tal y como está planteado ahora, no es muy difícil", dijo Edlow. "Es muy fácil memorizar las respuestas. No creo que estemos cumpliendo realmente con el espíritu de la ley»".
Los inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía estadounidense deben estudiar 100 preguntas de educación cívica y responder correctamente seis de cada diez. Durante el primer mandato de Trump, la prueba se amplió y ahora se exigen 12 respuestas correctas de 20, una versión que Edlow afirma que planea recuperar.
La administración también está preparando cambios en el programa de visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, que desde hace tiempo es un punto álgido entre los defensores de la línea dura en materia de inmigración y las empresas tecnológicas. Edlow dijo que el sistema debería favorecer a los solicitantes a los que se les ofrecen salarios más altos para garantizar que el programa complemente, en lugar de desplazar, a los trabajadores estadounidenses.
Los críticos del programa H-1B llevan mucho tiempo diciendo que las empresas lo explotan para reducir los costos laborales, sustituyendo a trabajadores estadounidenses cualificados por mano de obra extranjera más barata y depreciando los salarios en campos como la tecnología y la ingeniería. Los defensores del programa replican que las visas ayudan a cubrir las persistentes carencias de mano de obra cualificada, especialmente en las industrias STEM.
El anuncio de Edlow se produce después de que el USCIS publicara esta semana un informe en el que se revelaban lo que denominó "importantes vulnerabilidades para la seguridad nacional y la integridad" del programa Special Immigrant Juvenile (SIJ), que ofrece una vía para obtener la residencia legal y, en última instancia, la ciudadanía a determinados menores inmigrantes considerados víctimas de abusos, abandono o negligencia.
La revisión examinó más de 300,000 solicitudes presentadas desde 2013 y encontró cientos de casos que involucraban a miembros conocidos o sospechosos de pertenecer a pandillas y delincuentes violentos, incluidos más de 600 miembros de la pandilla MS-13, la gran mayoría de los cuales fueron aprobados.
El informe también citó el fraude generalizado en materia de edad e identidad, y señaló que más de la mitad de los solicitantes del SIJ en el año fiscal 2024 eran mayores de 18 años.
"Los extranjeros delincuentes se están infiltrando en Estados Unidos a través de un programa destinado a proteger a los niños extranjeros maltratados, desatendidos o abandonados", dijo en un comunicado Matthew J. Tragesser, portavoz del USCIS.
"Este informe pone al descubierto cómo los defensores de las fronteras abiertas y los jueces activistas están explotando las lagunas legales en nombre de la ayuda a los niños indefensos".
En junio, el USCIS revocó su política anterior de considerar automáticamente la acción diferida para los menores aprobados en el marco del programa, y las autoridades afirmaron que se están estudiando nuevas medidas para endurecer los requisitos de elegibilidad.
Estas medidas indican que la agenda migratoria de Trump para su segundo mandato va más allá de las deportaciones masivas e incluye una reforma de las vías de inmigración legal.
Durante el primer mandato de Trump, la Administración aplicó normas más estrictas en materia de "carga pública", lo que dificultó la obtención de la tarjeta de residencia a los inmigrantes que pudieran recurrir a prestaciones públicas como los cupones de alimentos o Medicaid, y reformó los procedimientos de asilo, muchos de los cuales fueron revocados por el presidente Joe Biden.
Trump y el vicepresidente JD Vance también han presionado a las empresas tecnológicas para que contraten a estadounidenses en lugar de trabajadores extranjeros, un mensaje que ambos reforzaron en una reciente cumbre sobre inteligencia artificial.
"Durante demasiado tiempo, gran parte de nuestra industria tecnológica ha perseguido un globalismo radical que ha dejado a millones de estadounidenses con un sentimiento de desconfianza y traición", dijo Trump en el evento "Winning the AI Race" (Ganar la carrera de la inteligencia artificial), que se realizó el 23 de julio en Washington.
"Muchas de nuestras mayores empresas tecnológicas han cosechado los beneficios de la libertad estadounidense mientras construían sus fábricas en China, contrataban trabajadores en la India y acumulaban beneficios en Irlanda, como ustedes saben. Todo ello mientras despreciaban e incluso censuraban a sus conciudadanos aquí mismo, en nuestro país".
"Esos días terminaron", prosiguió Trump, añadiendo: "Necesitamos que las empresas tecnológicas estadounidenses se comprometan plenamente con Estados Unidos. Queremos que pongan a Estados Unidos en primer lugar. Tienen que hacerlo".
Otra parte de la reforma del sistema de inmigración del Gobierno de Trump implica la imposición de una nueva "tasa de integridad de visados" a casi todos los extranjeros que soliciten la entrada temporal en Estados Unidos.
La tasa, fijada en un mínimo de 250 dólares y reembolsable en determinadas condiciones, se aplicará a millones de viajeros y trabajadores temporales, incluidos los que tienen visados H-1B y otros visados de trabajo, y podría generar miles de millones de dólares en ingresos una vez que se aplique.
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