Una avalancha de casos legales sigue obstaculizando la agenda del presidente Donald Trump, con cientos de demandas que impugnan sus acciones en cuestiones de género, aranceles, inmigración, el despliegue de la Guardia Nacional y otros asuntos.
Un reclamo común en muchas demandas es que el presidente se ha extralimitado en su autoridad ejecutiva.
Algunos casos ya llegaron a la Corte Suprema, donde Trump obtuvo una importante victoria en junio y una serie de victorias en la agenda de emergencia.
Las decisiones finales sobre casos pendientes podrían tener consecuencias duraderas. Si gana, Trump no solo podrá impulsar sus políticas clave, sino que la corte también habrá definido un alcance más claro del poder ejecutivo.
A continuación, se presentan algunos de los temas clave, los campos de batalla legales en los que se librarán, indicios sobre cómo podrían fallar los jueces y sus implicaciones para el futuro.
Aranceles, Poderes Económicos de Emergencia
La amplia agenda arancelaria de Trump desencadenó una batalla legal que ha sido analizada por la Corte Suprema y está pendiente de sentencia. Un grupo de estados y empresas han desafiado los aranceles que el presidente impuso a Canadá y México por su fracaso en controlar el tráfico de drogas y la inmigración ilegal en sus fronteras, y los aranceles recíprocos que impuso a muchos otros países.Trump emitió esos aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, que permite al presidente tomar medidas como regular las importaciones durante una emergencia nacional. Antes de Trump, los presidentes solo habían utilizado esta ley para imponer sanciones.
Una corte del Distrito de Columbia dictaminó en mayo que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles.
En otro caso, la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó en mayo que los aranceles de Trump no abordaban el problema del narcotráfico y, por lo tanto, eran injustificados. También dictaminó que la IEEPA no otorga a Trump la facultad de imponer aranceles "ilimitados", ya que dicha facultad pertenece al Congreso y no fue delegada al presidente.
Esos casos finalmente llegaron a la Corte Suprema, que escuchó los argumentos orales el 5 de noviembre y cuya decisión aún no emite.
Durante los argumentos orales, algunos jueces expresaron escepticismo respecto a que el Congreso hubiera autorizado el tipo de aranceles que impuso Trump. La Corte Suprema también está considerando si la ley de Poderes Económicos —si llegara a autorizar los aranceles de Trump— altera la separación de poderes del país y, por lo tanto, es inconstitucional.
La Corte Suprema también está considerando si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional altera la separación de poderes del país y, por lo tanto, es inconstitucional.
"En la práctica, el Congreso no puede recuperar este poder una vez que se lo ha entregado al presidente", declaró el juez Neil Gorsuch. "Es un mecanismo unidireccional que conduce a una acumulación gradual, pero continua, de facultades en el ejecutivo, alejándolo de los representantes electos del pueblo".
En un momento dado de la audiencia del 5 de noviembre, los jueces Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh se mostraron más comprensivos con la postura de la administración. Cuestionaron, tal como argumentó un abogado, la ley podía permitir a Trump imponer algo tan amplio como un embargo total, pero no un pequeño arancel.
La Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos, situada en el bajo Manhattan, Nueva York, el 29 de mayo de 2025. (La corte dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no otorgaba a Trump la facultad de imponer aranceles "ilimitados". Spencer Platt/Getty Images).
Guardia Nacional, Posse Comitatus
Alegando los altos índices de criminalidad, Trump ha intentado federalizar y desplegar tropas de la Guardia Nacional en las principales ciudades de Estados Unidos. Las autoridades de Memphis aplaudieron la medida, pero los gobiernos estatales y locales han interpuesto demandas para bloquearla en Chicago, el Distrito de Columbia, Los Ángeles y Portland, Oregón.Las demandas impugnan la invocación por parte de Trump de la Sección 12406 del Título 10 del Código de los Estados Unidos, que permite a los presidentes federalizar las tropas estatales de la Guardia Nacional bajo ciertas condiciones.
La administración Trump señaló dos de esas condiciones en particular: cuando el presidente no puede ejecutar la ley utilizando fuerzas regulares y cuando existe una rebelión o peligro de rebelión.
Más recientemente, la juez de distrito de EE. UU. Jia Cobb falló el 20 de noviembre que el presidente debe poner fin al despliegue de tropas en el Distrito de Columbia, pero suspendió su orden para permitir una apelación.
Los rivales de Trump han logrado un éxito limitado en las cortes, logrando bloqueos en cortes inferiores, pero enfrentando obstáculos en procesos de apelación.
Recientemente, la juez federal de distrito de EE. UU. Jia Cobb falló el 20 de noviembre que el presidente debe poner fin al despliegue de tropas en el Distrito de Columbia, afirmando que el presidente solo puede desplegar tropas para abordar una situación específica, no por "cualquier motivo" que elija, pero suspendió esa orden para permitir una apelación.
Jueces de distrito en Oregón e Illinois también bloquearon los despliegues de Trump, al tiempo que expresaron dudas sobre la necesidad de la Guardia Nacional para combatir la delincuencia en esas zonas. Un juez de California dictaminó en septiembre que Trump violó la Ley Posse Comitatus, que impide que las tropas federales participen en la aplicación de la ley civil.
El gobierno está apelando cada uno de esos casos, y el fallo de Illinois llegó a la Corte Suprema. La corte solicitó una sesión informativa, pidiendo a ambas partes que aclaren su interpretación de la línea de la Sección 12406 que establece que el presidente puede llamar a la Guardia Nacional si "no puede, con las fuerzas regulares, ejecutar las leyes de Estados Unidos".
Miembros de la Guardia Nacional patrullan el National Mall en Washington el 27 de agosto de 2025. El 20 de noviembre, la jueza federal Jia Cobb ordenó al presidente que pusiera fin al despliegue de tropas, dictaminando que solo puede desplegar tropas en situaciones específicas, y no «por cualquier motivo» que él elija, y luego suspendió su orden para dar tiempo al Gobierno a apelar. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).
Inmigrantes ilegales
Trump se ha centrado en la aplicación de las leyes de inmigración, incluyendo un aumento de las deportaciones.Anteriormente, las deportaciones aceleradas se reservaban para inmigrantes ilegales detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y dentro de los 14 días posteriores a su entrada ilegal.
Cuando asumió el cargo, Trump amplió las deportaciones rápidas para incluir a inmigrantes ilegales de todo el país que llevaban en el país más de dos semanas, pero menos de dos años.
El 22 de enero, la organización de defensa Make the Road New York presentó una demanda, argumentando que los inmigrantes ilegales estaban siendo deportados sin el debido proceso.
Un juez federal bloqueó la política del gobierno en agosto, y el 22 de noviembre, una corte de apelaciones declinó suspender ese fallo en espera de la apelación.
La orden ejecutiva de Trump de enero, que revocaba la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes ilegales, fue impugnada por numerosos demandantes en todo el país. Estas impugnaciones se consolidaron en el caso Trump contra Casa.
Cuando el caso llegó a la Corte Suprema, los jueces no se pronunciaron sobre la legalidad de la orden ejecutiva ni sobre la cuestión de la ciudadanía por nacimiento, sino que dictaminaron que estos bloqueos a nivel nacional —llamados mandatos judiciales universales o nacionales— probablemente constituyen un abuso de poder por parte de las cortes inferiores.
Este fallo indicó a las cortes inferiores que solo deberían emitir con moderación este tipo de mandatos judiciales a nivel nacional contra las políticas de un presidente.
El presidente Donald Trump habla durante una rueda de prensa en la sala James S. Brady Briefing Room de la Casa Blanca el 27 de junio de 2025. (Mehmet Eser/Middle East Images/AFP vía Getty Images).
Ley de Enemigos Extranjeros
Parte del plan de deportación de Trump implicó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —que permite deportaciones rápidas durante una invasión— para expulsar a presuntos delincuentes y pandilleros transnacionales de grupos como el Tren de Aragua.Trump invocó dicha ley y la utilizó contra la pandilla venezolana en marzo, pero cortes inferiores bloquearon temporalmente el plan en abril cuando un grupo de deportados presentó una demanda.
La Corte Suprema inicialmente confirmó el bloqueo, pero posteriormente dictaminó que cada demandante venezolano debía presentar un recurso de hábeas corpus impugnando individualmente su expulsión y que se le debía dar tiempo para hacerlo.
En un caso en curso, W.M.M. contra Trump, una corte de apelaciones dictaminó por 2 votos a 1 que la entrada ilegal masiva de pandilleros del Tren de Aragua no constituye necesariamente una "invasión" según la definición de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El enfoque de la mayoría en este caso no solo es sin precedentes, sino que también contradice más de 200 años de precedentes.
El juez de circuito Andrew Oldham, discrepando de la mayoría, destacó la fricción actual entre Trump y el poder judicial.
"El enfoque de la mayoría en este caso no es solo sin precedentes, sino que también contradice más de 200 años de precedentes", escribió en su opinión discrepante.
"Refleja una visión del poder judicial que no solo es enérgica, sino titánica. Y refleja una visión del poder ejecutivo que no solo es diminuta, sino que se subordina a las corazonadas en política exterior y seguridad pública de todos los jueces federales de distrito del país".
El Quinto Circuito anuló ese fallo a finales de septiembre y planea celebrar una audiencia en pleno; es posible que la lista completa de jueces de circuito llegue a una conclusión diferente.
En otro caso, J.G.G. contra Trump, un juez federal ordenó al gobierno detener los vuelos de deportación con destino al centro de detención de terroristas CECOT de El Salvador. El juez lleva a cabo una investigación penal por desacato judicial contra la administración Trump, alegando que la orden fue ignorada.
Guardias escoltan a un recluso recién ingresado, presuntamente vinculado a organizaciones criminales, en el centro de detención CECOT de Tecoluca, El Salvador, el 16 de marzo de 2025. Las cortes están sopesando los planes de deportación de Trump, que utilizan la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la expulsión de delincuentes y miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. (Gobierno salvadoreño a través de Getty Images).
Asuntos transgénero
En su primer día en el cargo, Trump emitió una orden para proteger a las mujeres del "extremismo de la ideología de género", que permite a los hombres autoidentificarse como mujeres y acceder a espacios íntimos y actividades de un solo sexo diseñadas para mujeres, desde refugios para víctimas de violencia doméstica hasta duchas para mujeres en el lugar de trabajo.En cumplimiento de esa orden y otras, las agencias del poder ejecutivo tomaron medidas.
El Departamento de Estado anunció que dejará de emitir pasaportes que utilicen identificadores de sexo basados en la expresión de género elegida en lugar del sexo biológico. También prohibió el uso de la "X" para las personas que se identifican como no binarias.
Un juez federal de Massachusetts bloqueó esa orden en abril, primero para las demandantes en el caso y luego a nivel nacional. Luego de que una corte de apelaciones se negara a suspender la decisión, el Departamento de Estado apeló ante la Corte Suprema.
El 6 de noviembre, la Corte Suprema detuvo la orden de la corte inferior, a la espera de la resolución del proceso.
"Mostrar el sexo al nacer de quienes poseen un pasaportes no viola más los principios de igualdad de protección que mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el Gobierno simplemente da constancia de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferenciado", se lee en la breve orden de la corte.
La orden ejecutiva de Trump que prohibía a los estadounidenses que se identifican como transgénero servir en el ejército también fue suspendida por un juez federal en marzo, pero en mayo la Corte Suprema frenó dicha orden, a la espera de la apelación del gobierno. El caso está siendo considerado en la corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito.
Otras demandas impugnaron la política del gobierno de alojar a los presos federales según su sexo, no su identidad de género, y de suspender la financiación a las instituciones que realizan procedimientos de transición de género en niños.
La presidenta del Subcomité DOGE, la representante Marjorie Taylor Greene (R-GA), habla durante una audiencia sobre los hombres en los deportes femeninos en el Capitolio, en Washington, el 7 de mayo de 2025. (Oliver Contreras/AFP a través de Getty Images).
Retirada de subvenciones y DEI
Decenas de subvenciones y contratos federales han sido suspendidos o rescindidos en respuesta a diversas medidas de Trump. Los proyectos desfinanciados abarcan desde programas artísticos y radiodifusión pública hasta iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).Organizaciones sin fines de lucro y estados han impugnado estas órdenes con diversos argumentos, incluyendo que Trump estaba usurpando el poder del Congreso sobre el presupuesto y que las agencias no siguieron los procedimientos adecuados al retener el dinero.
En respuesta, la administración argumentó que los cambios eran parte de su discreción y que los jueces que supervisaban los casos carecían de autoridad para conocerlos.
La administración citó la Ley Tucker, que otorga a la Corte de Reclamaciones Federales de EE. UU. jurisdicción sobre disputas contractuales con el gobierno federal. Aunque varios jueces de cortes inferiores han rechazado los argumentos de la administración Trump, la Corte Suprema se mostró más comprensiva al enfrentarse a estos casos.
En abril, la Corte Suprema permitió a Trump congelar algunas subvenciones del Departamento de Educación, a pesar de una orden judicial inferior que indicaba lo contrario. En una opinión no firmada, la mayoría de la Corte Suprema señaló la Ley Tucker y dijo que era probable que Trump tuviera éxito en demostrar que la corte inferior carecía de jurisdicción.
El Departamento de Educación en Washington, el 28 de abril de 2025. En abril, la Corte Suprema permitió a Trump congelar algunas subvenciones del Departamento de Educación, a pesar de que una corte inferior había dictado una orden en sentido contrario. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times).Tras esa decisión, las cortes inferiores continuaron fallando en contra de Trump, pero se enfrentaron a más revocaciones en la Corte Suprema. Por ejemplo, un fallo reciente de una corte de distrito que ordenaba al USDA pagar la totalidad de los beneficios de cupones de alimentos fue revocado por la Corte Suprema, tras una apelación de emergencia presentada por la administración Trump.
En una excepción, Trump sufrió un revés cuando la mayoría de los jueces permitieron que un juez ordenara el pago de miles de millones de dólares en ayuda exterior a la administración.
Sin embargo, cuando la misma corte de distrito ordenó al gobierno pagar otros 10,500 millones de dólares en septiembre, la Corte Suprema suspendió ese fallo. La breve orden y sin firmar, señala que la decisión fue preliminar y no reflejó la opinión final de la corte.
Cada una de estas decisiones relacionadas con subvenciones formaba parte del expediente de emergencia de la corte y, por lo tanto, ofrecía solo resultados provisionales en lugar de conclusiones jurídicas definitivas.
