El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia este viernes 18 de julio, donde le colocaron una tobillera electrónica y le impusieron medidas cautelares, en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal.
Al salir de las oficinas de la Policía Federal, Bolsonaro dijo a los medios que la imposición de los grilletes es una "humillación suprema".
El 17 de julio, el Supremo Tribunal Federal impuso a Jair Bolsonaro prisión preventiva y vigilancia electrónica para evitar su fuga, además se le prohibió ver redes sociales y acceder a las sedes de embajadas de países extranjeros por presuntamente "atentar contra la soberanía nacional" y supuestamente instar al gobierno de Estados Unidos a interferir con el gobierno de Brasil.
"Las publicaciones [en redes sociales] de Jair Messias Bolsonaro evidencian conductas que obstaculizan la acción penal que se tramita en este Tribunal Supremo, así como solicitar al jefe de Estado de una nación extranjera medidas destinadas a interferir ilícitamente en el curso regular del proceso judicial, con el fin de ejercer presión social sobre las autoridades brasileñas, en flagrante atentado contra la soberanía nacional", indica la petición.
Los agentes de la Policía Federal también llevaron a cabo dos órdenes de allanamiento e incautación en el domicilio del expresidente brasileño y de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien fue acusado por "coacción en el curso del proceso (art. 344 del Código Penal), obstrucción de la investigación de un delito que involucra a una organización criminal".
Jair Bolsonaro dijo que es la cuarta vez que registran y confiscan sus pertenencias.
El 9 de julio, el presidente Trump amenazó con imponer aranceles del 50 % a Brasil desde el 1 de agosto si no se detiene el juicio contra el expresidente Bolsonaro.
En una carta publicada el jueves en Truth Social, Trump dijo que Bolsonaro ha sufrido un "trato terrible" a "manos de un sistema injusto que se ha vuelto en su contra".
Bolsonaro fue acusado el 14 de julio por la Fiscalía General de la Nación ante el Supremo Tribunal Federal (STF), junto a siete de sus colaboradores de cometer "actos contrarios al Estado Democrático de Derecho" por el supuesto intento de golpe de Estado, tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.
La demanda busca imputar a los acusados por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado y deterioro de la propiedad catalogada, que en conjunto podrían acarrear una pena máxima de hasta 43 años de prisión, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del 14 de julio.
El expresidente ha negado las acusaciones diciendo que los hechos demuestran lo contrario y calificó la demanda como una persecución.
"Todas las acusaciones son falsas. Nunca he atentado contra la democracia ni contra la Constitución. (...) Estamos viviendo una verdadera CACERÍA DE BRUJAS, una persecución descarada contra mí y contra los millones de brasileños a quienes represento y a quienes doy voz", dijo Bolsonaro en una publicación en su cuenta de X el 14 de julio.
"Todo basado en una denuncia falsa y llena de inconsistencias, obtenida por el delator mediante presión".
Jair Bolsonaro deberá indicar a la Policía Federal el lugar de su domicilio, donde deberá permanecer bajo reclusión domiciliaria de las 19:00 hasta las 6:00 horas todos los días, incluidos festivos y fines de semana.
The Epoch Times se comunicó con el abogado de Jair Bolsonaro para pedir comentarios.
Más de 100 brasileños acusados por el supuesto golpe de estado de 2023 han quedado libres con cargos, tobillera electrónica y sin permiso para acceder a redes sociales, y otros 800 siguen en prisión.
Con información de Jack Phillips
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