La administración Trump podría suspender el recurso de habeas corpus mientras se resuelven los litigios en casos en los que posibles deportados intentaron impugnar su detención bajo esa vía legal.
"La Constitución es clara... en que el privilegio del recurso de habeas corpus puede suspenderse en caso de invasión", declaró el subjefe de Gabinete, Stephen Miller, frente a la Casa Blanca el 9 de mayo.
"Por lo tanto, es una opción que estamos considerando activamente".
Miller se refería a una sección del Artículo I de la Constitución, que dice: "El privilegio del recurso de hábeas corpus no se suspenderá, salvo que se requiera en casos de rebelión o invasión a la seguridad pública".
Sus comentarios se produjeron en medio de batallas judiciales sobre la aplicación de la ley migratoria, en las que el gobierno argumentó que algunos jueces federales se extralimitaron en su autoridad al bloquear las políticas del poder ejecutivo.
El 9 de mayo, Miller añadió que "gran parte de esto depende de si las cortes hacen lo correcto o no".
Hasta la fecha, jueces federales en múltiples jurisdicciones emitieron órdenes que restringen la capacidad del presidente Donald Trump para deportar personas en virtud de su proclamación de marzo, la cual invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1898 para expulsar a inmigrantes indocumentados miembros de la pandilla Tren de Aragua (TdA).
Muchas de estas órdenes se produjeron tras demandas presentadas por potenciales deportados bajo el amparo del hábeas corpus.
Algunas de estas órdenes fueron seguidas por opiniones en las que los jueces cuestionan la legitimidad de la invocación de Trump.
Recientemente, el juez federal de distrito Alvin Hellerstein emitió una opinión en la que discrepaba de que la TdA, originaria de Venezuela, participara en una invasión al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Si bien la Corte Suprema intervino tres veces en relación con estas deportaciones, no ha decidido definitivamente si Trump invocó la Ley correctamente.
En cambio, suspendió temporalmente algunas deportaciones y, en abril, declaró que las personas detenidas deben recibir una notificación de que están sujetas a expulsión en virtud de la Ley, así como la oportunidad de solicitar un recurso de hábeas corpus.
Documentos judiciales posteriores demostraron que la administración Trump notificó a los detenidos, pero algunos jueces cuestionaron si los procedimientos de la administración se ajustaban a la decisión de la Corte Suprema.
Refiriéndose a una notificación de Texas, Hellerstein afirmó: "Esta notificación es efímera, ya que si el extranjero no manifiesta su intención de presentar una solicitud de hábeas corpus dentro de las doce horas siguientes a su notificación... o no presenta la solicitud dentro de las 24 horas siguientes, el ICE podría proceder a la deportación".
Citaba una declaración de un subdirector de campo del ICE en Texas, quien describió cómo las autoridades procesaban a los detenidos.
El subdirector de la Oficina de Campo, Carlos Cisneros, afirmó en su declaración que, por lo general, ICE no deportaría a personas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros si tuvieran una solicitud de hábeas corpus pendiente.
El Procurador General de los Estados Unidos, D. John Sauer, instó a la Corte Suprema, en uno de los casos, a no conceder medidas adicionales.
Añadió que lo que solicitaban los demandantes venezolanos en la demanda era "extraordinario".
Los detenidos que recibieron la notificación también "tuvieron tiempo suficiente para presentar solicitudes de hábeas corpus", afirmó.
Parece probable que la Corte Suprema finalmente detalle su postura sobre la invocación de Trump y cómo debe llevarse a cabo el debido proceso, lo que podría preparar una decisión histórica.
La proclamación de Trump representó apenas la cuarta vez en la historia de la nación en que se invoca la Ley de Enemigos Extranjeros.
Y sería la quinta vez en la historia de la nación que se suspende el hábeas corpus, según el Centro Nacional de la Constitución, si Trump decidiera hacerlo.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros en marzo, afirmando que los pandilleros de TdA se infiltraron en el régimen venezolano e invadieron Estados Unidos, lo que justificaba su expulsión acelerada.
"La evidencia demuestra irrefutablemente que TdA invadió Estados Unidos y continúa haciéndolo, ya sea mediante acciones directas, intentos de [incursión] o amenazas de invadir el país; perpetró una guerra irregular dentro del país; y ha utilizado el narcotráfico como arma contra nuestros ciudadanos", decía su proclamación del 15 de marzo.
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