Autoridades federales y estatales en México aseguraron más de 3700 máquinas tragamonedas que eran operadas por organizaciones criminales para obtener recursos, extorsionar comerciantes y reclutar jóvenes para actividades ilícitas. La Fiscalía General del Estado de México reveló cómo operaban.
En el primer despliegue de la Operación "Dos de Bastos", realizado entre el 11 y el 21 de julio en el Estado de México, se incautaron más de 3700 máquinas tragamonedas que eran utilizadas como una "fuente de financiamiento" para organizaciones criminales, explicó el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el 22 de julio.
"Estas máquinas no están ahí por casualidad, son sembradas, son puestas de manera forzada por algunas organizaciones criminales de connotación nacional, de manera tal que extorsionan, obligan a los propietarios a que las pongan y que la totalidad de sus ganancias sean remitidas a ellos", explicó el titular de la Fiscalía.
El fiscal también explicó que las tragamonedas —conocidas como máquinas de cascada, de botón, clásicas y "pinball"— eran utilizadas para generar adicción al juego entre menores de edad y jóvenes de bajos recursos, con el propósito de incorporarlos posteriormente a actividades delictivas.
Los jóvenes "a veces se tienen que acreditar (...) ante la falta de recursos, se les presta dinero, pero cuando no pueden pagar, se les recluta, ¿para qué? para labores de halconeo, cobro de piso y actividades de diversa naturaleza de narcomenudeo", relató.
De acuerdo con el funcionario, estos aparatos suelen encontrarse en farmacias, papelerías, tiendas de abarrotes y otros pequeños comercios. Sin embargo, dijo que las organizaciones criminales comenzaron a instalar decenas de máquinas en un mismo establecimiento o incluso en plazas comerciales, una práctica que, a su juicio, ha contribuido a normalizar una actividad ilícita.
"Es un círculo muy lamentable, donde tenemos estas maquinitas, ya están en todas partes a la luz de todos y donde ya normalizamos su presencia y de repente no reparamos en la naturaleza del daño que están causando", afirmó.
El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
En un comunicado conjunto difundido el 22 de julio, las instituciones informaron que durante los cateos efectuados en 84 municipios fueron aseguradas 9 toneladas con 697 kilogramos de monedas extraídas de las máquinas, equivalentes aproximadamente a 9 millones de pesos.
No obstante, durante su intervención en la conferencia matutina, Cervantes señaló que el conteo del dinero aún no concluía y estimó que la cantidad recuperada podría ascender a entre 10 y 15 millones de pesos.
Las autoridades también informaron que el valor comercial de las más de 3700 tragamonedas confiscadas supera los 50 millones de pesos y que en el operativo aseguraron una fábrica dedicada a la producción de este tipo de máquinas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló durante su conferencia matutina que la Operación "Dos de Bastos" es un ejemplo de la coordinación entre autoridades federales y estatales para intervenir en el tema de la extorsión.
"Se toman los buenos ejemplos, ahora que nos presentaron el de la incautación de estas maquinitas que son fuente de extorsión y de la incorporación de grupos delictivos a través de estos mecanismos, pues a lo mejor lo llevamos a cabo en otros estados con otros gobernadores", dijo la mandataria.
Las autoridades mexicanas no informaron qué organizaciones criminales controlaban la instalación y operación de las máquinas ubicadas en los distintos municipios del Estado de México.
Sin embargo, en su Cuarto Informe de Gestión publicado en marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México identifica la presencia de unas 30 organizaciones criminales y grupos dedicados principalmente a la extorsión. Mediante un mapa de la entidad, la institución señala que La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) figuran entre las organizaciones con mayor presencia territorial.
La expansión de este tipo de esquemas ocurre en un contexto donde el crimen organizado en México enfrenta una creciente atención internacional. De acuerdo con análisis de InSight Crime, los grupos criminales han diversificado sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico y recurren cada vez más a economías ilícitas como la extorsión, el cobro de piso y el control de actividades comerciales locales para financiar sus operaciones y ampliar su presencia territorial.
