Un colectivo de derechos humanos denuncia la desaparición forzada de al menos 23 opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más, conformado por defensores de derechos humanos en el exilio en San José, Costa Rica, exigió a través de un comunicado del 30 de agosto la liberación de las personas víctimas de desaparición forzada a manos del régimen nicaragüense.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo denunció las acciones del régimen Ortega-Murillo, acusándolo de utilizar este crimen de lesa humanidad “como un mecanismo de persecución, castigo y control contra quienes son considerados opositores, críticos o percibidos como tales”.
Las 23 víctimas de desaparición forzada forman parte de un grupo de 60 personas que, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, permanecen presas por motivos políticos, informó el colectivo.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
Entre los casos más recientes, el colectivo mencionó a Ricardo José Mendoza Yrigoyen, de 64 años, detenido en su domicilio en enero de 2026; al coronel en retiro Carlos Ramón Brenes Sánchez y a su esposa, Salvadora del Socorro Martínez Aburto, detenidos el 14 de agosto de 2025; y a Víctor Boitano Coleman, detenido desde abril de 2024.
También señaló los casos de Eddie Moisés González Valdivia, detenido después de resultar herido durante un operativo policial; Douglas Gamaliel Álvarez Morales y Larry Javier Martínez Romero, así como los de otras personas cuya identidad permanece bajo reserva por razones de seguridad familiar.
Entre los casos mencionados figura además el de Angélica Patricia Chavarría Altamirano, quien fue mostrada en un video oficialista en mayo, después de permanecer dos años desaparecida.
En su comunicado, el colectivo tomó como referencia el caso de Brooklyn Rivera Bryan, asegurando que permaneció oculto por más de 970 días en manos del régimen sandinista, y que, cuando por fin se supo de su paradero, este se encontraba en un estado crítico y finalmente falleció. El colectivo señaló que este caso “representa la consecuencia más cruel de esta política”.
El grupo exigió al régimen la liberación de todas las personas presas políticas, así como información sobre el paradero y el esclarecimiento de las condiciones bajo las cuales permanecen detenidas. Exige pruebas de vida y que se les permita el contacto presencial con sus familiares y representantes legales.
Enfatizó que “las detenciones arbitrarias, la incomunicación y el ocultamiento de personas privadas de libertad se han convertido en parte de la amplia represión estatal en Nicaragua que ha dejado al menos 355 nicaragüenses asesinados a balazos por grupos paraestatales, policías y soldados del Ejército”.
Un grupo secreto para socavar manifestaciones de 2018
Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, presentado el pasado febrero ante el Consejo de Derechos Humanos, señala que desde 2018 el régimen nicaragüense puso en marcha amplias operaciones de seguridad con el fin de sofocar las manifestaciones, cometiendo "graves violaciones y abusos de los derechos humanos de manera sistemática y generalizada contra un conjunto cada vez mayor de personas reales o percibidas y sus familiares".Aquellas manifestaciones estallaron originalmente a mediados de abril de ese mismo año en rechazo a unas reformas al sistema de seguridad social. Sin embargo, escalaron rápidamente hasta convertirse en un masivo reclamo nacional contra la permanencia de Daniel Ortega en el poder, desencadenando la profunda crisis sociopolítica y el ciclo de represión que el documento internacional subraya.
El informe detalla que para entonces, y en paralelo al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —el partido oficialista—, Rosario Murillo, entonces vicepresidenta, y Fidel Moreno Briones, actual secretario general de la Alcaldía de Managua, construyeron un grupo de mando secreto que tomaba las decisiones reales por encima de los demás miembros del partido.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, saluda a sus simpatizantes durante un acto que conmemora el 40.º aniversario de la toma del Palacio Nacional por la guerrilla sandinista antes del triunfo de la revolución, en Managua, el 22 de agosto de 2018. (INTI OCON/AFP via Getty Images)“Esta estructura encubierta se encargaba de canalizar recursos y facilitar el desvío de fondos públicos para financiar la represión estatal y operaciones del partido de alcance más amplio. A través de esta estructura, el FSLN promovió directamente el objetivo último del Gobierno de silenciar la disidencia y afianzar su control del poder”, informa el documento.
El grupo de expertos señala que, entre finales de mayo y principios de junio de 2018, Murillo utilizó a Moreno para ordenar el desvío de presupuestos de distintas instituciones públicas y alcaldías con el fin de financiar la represión. El informe documenta 13 operaciones de este tipo, cuya duración de uno a tres meses coincidió con la "Operación Limpieza", una violenta ofensiva estatal para derribar barricadas y aplastar las movilizaciones ciudadanas en todo el país.
Para encubrir la maniobra, estos recursos se justificaron oficialmente como gastos operativos de combustible, seguridad o alimentación, o bien se enmascararon bajo falsos proyectos a corto plazo de "limpieza", "asistencia humanitaria" o "relaciones públicas". Múltiples testigos confirmaron al grupo de expertos que dichas obras nunca se ejecutaron y que el dinero solventó en realidad la logística, el transporte y la manutención de las fuerzas paramilitares.
“La represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos, según un artículo de la ONU publicado el 10 de marzo.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, agregó.
A inicios de agosto, una decena de organizaciones de nicaragüenses en el exilio informaron sobre el envío de una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) para alertar sobre el agravamiento de la crisis en Nicaragua y solicitar una respuesta coordinada de los Estados democráticos acorde con la magnitud de la destrucción de los derechos en ese país.
La misiva fue enviada a propósito del anuncio de la organización hemisférica de que estudia convocar a una reunión de ministros de Exteriores de la región para evaluar la situación en Nicaragua, después de que el copresidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara el 19 de julio que no habrá más elecciones en su país.
Ortega busca celebrar elecciones "a su manera"
Las declaraciones de Ortega, las cuales fueron suavizadas por Murillo al día siguiente al asegurar que lo que Ortega quería decir es que no se celebrarían elecciones bajo la influencia de países extranjeros, son parte de un plan más elaborado por el régimen sandinista, según explicó Noemí Pavón Gallard, exiliada política nicaragüense y voz clave de la Resistencia Democrática en entrevista para Líderes del Mundo Hispano de Epoch TV.
La experta advirtió que las intenciones de Ortega, más que suprimir las elecciones, son celebrarlas pero “a su manera”.
"Ortega necesitaba desarrollar una estrategia de atención internacional [y] para él continuar con este plan está utilizando la psicología inversa —una manipulación de todo el proceso político interno hacia afuera con la comunidad internacional— y su intención es efectivamente que la comunidad internacional reaccione: lo obligue a ir efectivamente a un proceso electoral, pero un proceso electoral a su manera", explicó la experta.
La experta enfatizó que las declaraciones de Ortega son parte del plan fraguado por el equipo de "especialistas comunistas que trabajan en Nicaragua" para mantenerse en el poder y "burlarse hasta de la comunidad internacional, porque ya del pueblo de Nicaragua se ha burlado desde que retornó en el 2007".
El líder de Nicaragua, Daniel Ortega, observa durante el evento inaugural de la XXIII Cumbre del ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para las Américas) en el Palacio Presidencial de Miraflores el 24 de abril de 2024 en Caracas, Venezuela. (Jesús Vargas/Getty Images)Pavón agregó que las declaraciones de Ortega son parte de "la continuidad de todo un proceso de desmantelamiento de la institucionalidad, de destruir totalmente el sistema democrático que llegó a iniciar en Nicaragua en los años 90. Y es parte de un plan que el dictador viene ejerciendo después de que fue confrontado por el pueblo en el 2018 por sus acciones represoras".
La experta advirtió que Ortega se ha consolidado paso a paso como un dictador absoluto al desmantelar la institucionalidad de Nicaragua y subordinar los poderes legislativo, electoral y constitucional al Ejecutivo.
Pavón señaló a los organismos internacionales por la laxitud con la que han tratado a Ortega, mientras aseguró que en Nicaragua hoy en día “no hay un Estado de Derecho (...) no hay un presidente. En Nicaragua desde el 7 de noviembre del 2021 lo que hay es un usurpador".
Con base en esto, cuestionó a la comunidad internacional por seguir "tratando a un dictador que está usurpando un cargo de poder como un estadista—Daniel Ortega es un usurpador del poder en Nicaragua y así lo declaró la Organización de Estados Americanos".
Con información de Mariana Buendía, Jen García y EFE.
Siga a Estela Hernández en X: @HGLauraEstela
