La administración Trump solicitó a la Corte Suprema que elimine el bloqueo impuesto por un tribunal inferior sobre su decisión de retirar las protecciones legales temporales para más de 300,000 nacionales venezolanos.
La primera fase de la Operación Tidal Wave —una misión conjunta entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y varios departamentos y agencias de Florida—, resultó en la detención de más de 1,100 inmigrantes ilegales con antecedentes penales en una semana.
Estados Unidos deportó a 131 inmigrantes ilegales a Uzbekistán como parte de un acuerdo entre ambos países, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 30 de abril.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó el 30 de abril una moción en la que solicitaba a las cortes federales que le permitan al estado aplicar una nueva ley que tipifica como delito menor la entrada de inmigrantes ilegales en Florida eludiendo a los funcionarios de inmigración.
Estados Unidos comenzó a procesar a inmigrantes ilegales por presuntamente cruzar a una zona militar restringida a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, según documentos judiciales presentados el 28 de abril.
Los miembros del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes presentaron el 29 de abril una lista de recomendaciones para la reconciliación presupuestaria, que incluye una propuesta de 47,000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo.
Conforme la Administración Trump refuerza sus medidas para combatir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, una ley del senado de Texas busca impedir que quienes se encuentren ilegalmente en el país accedan a fondos estatales para la educación superior.
Juez federal de California prohíbe a agentes de la Patrulla Fronteriza arrestar a presuntos inmigrantes ilegales en algunas zonas del estado sin una orden judicial o pruebas específicas de que la persona representa un riesgo de fuga, al tiempo que reprende las tácticas utilizadas durante una controvertida redada realizada en enero.
El 28 de abril, un juez federal solicitó respuestas al gobierno de EE. UU. sobre las deportaciones que tuvieron lugar después de que dictara una orden judicial preliminar que imponía nuevos requisitos.
La esposa de un miembro de la Guardia Costera de EE. UU. ha sido detenida, según informó la Guardia Costera.
El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo que los padres inmigrantes ilegales de niños nacidos en Estados Unidos no son inmunes a la deportación.
Las continuas batallas sobre la legalidad de las deportaciones de inmigrantes ilegales de la administración Trump han fomentado las condiciones para un enfrentamiento constitucional que cuestiona dónde termina la autoridad judicial y comienza la del ejecutivo.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en colaboración con las fuerzas del orden locales de Florida, detuvieron a casi 800 inmigrantes ilegales en todo el estado en los últimos cuatro días, según anunció la agencia el 26 de abril.
Los rescates y muertes de inmigrantes ilegales en el Sector Yuma de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. se redujeron en casi un 80 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, anunciaron funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el 25 de abril.
La fiscal general de los EE. UU. Pam Bondi dijo el viernes que dio más detalles sobre el arresto del jueves de un exjuez de Nuevo México por presuntamente permitir que un inmigrante ilegal y supuesto miembro de la pandilla Tren de Aragua viviera en su residencia
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) dio marcha atrás en su decisión de revocar automáticamente más de 1200 visas de estudiantes, después de que el Departamento de Estado anunciara en marzo que utilizaría inteligencia artificial para revisar los antecedentes penales y las detenciones de los estudiantes extranjeros.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) dijo que miles de migrantes ilegales se han registrado en la aplicación CBP Home para autodeportarse y quienes aún no lo han hecho afrontarán las consecuencias.
Un juez federal bloqueó la iniciativa del presidente Donald Trump de retirar los fondos federales a las ciudades que han adoptado las llamadas políticas de santuario para los inmigrantes ilegales.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) declaró el 23 de abril que no infringió una orden judicial que impedía al Gobierno deportar a inmigrantes ilegales.
El 23 de abril, una jueza federal le ordenó al gobierno de Estados Unidos que facilite el regreso de un venezolano de 20 años desde El Salvador a Estados Unidos, dictaminando que la deportación del hombre violaba un acuerdo alcanzado en una demanda colectiva.
