El 28 de abril, un juez federal solicitó respuestas al gobierno de EE. UU. sobre las deportaciones que tuvieron lugar después de que dictara una orden judicial preliminar que imponía nuevos requisitos.
El juez federal Brian Murphy dijo durante una audiencia en Boston que necesitaba respuestas para determinar si el gobierno violó su orden al deportar a cuatro venezolanos de la Bahía de Guantánamo a El Salvador después de que él le hubiera prohibido a los funcionarios deportar a inmigrantes ilegales a un país que no es su país de origen sin darles la oportunidad de demostrar que correrían peligro si fueran deportados allí.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) han afirmado que las deportaciones fueron llevadas a cabo por el Departamento de Defensa de EE. UU. (DOD) y que el DHS no ordenó al Pentágono que expulsara a los inmigrantes ilegales. Dado que el Pentágono no es parte demandada en el caso, no se violó la orden judicial preliminar de Murphy, según declararon los funcionarios en los documentos presentados ante la corte.
El abogado del Departamento de Justicia de EE. UU., Jonathan Guynn, presentó los mismos argumentos en la audiencia celebrada el lunes.
Murphy cuestionó cómo el Departamento de Defensa podía llevar a cabo los vuelos sin colaborar con el DHS, que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y se encarga de supervisar a los migrantes detenidos y de ejecutar sus deportaciones.
«¿Qué autoridad tendría el DOD para llevar a cabo esa deportación?», preguntó Murphy.
Guynn dijo que no podía responder inmediatamente a esa pregunta, afirmando que «es un nuevo día y ha habido muchos cambios». Afirmó que necesitaría presentar más información sobre el tema.
Trina Realmuto, abogada de la Alianza Nacional de Litigios sobre Inmigración que representa a un grupo de inmigrantes que llevan el caso ante Murphy, afirmó en la corte que «los demandados no pueden ignorar descaradamente la orden de la corte simplemente haciendo que otro gobierno, departamento o agencia complete el paso final».
Realmuto instó a Murphy a modificar su orden judicial para impedir la expulsión de esos inmigrantes de Guantánamo, algo que el juez dijo que estaba dispuesto a hacer, pero que tenía que evaluar si podía. Dijo que se pronunciaría antes del jueves.
El Departamento de Defensa no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
Tras la audiencia, Murphy ordenó a los funcionarios que facilitaran los nombres de todos los inmigrantes con órdenes definitivas de expulsión que fueron deportados en los dos vuelos, que tuvieron lugar alrededor del 31 de marzo y el 13 de abril, y que identificaran cualquier otro vuelo que hubiera trasladado a inmigrantes ilegales desde la bahía de Guantánamo a terceros países antes de esas fechas.
También ordenó a las partes que presentaran un plan conjunto de descubrimiento que abordara temas como «la relación entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa, incluyendo, entre otros, el papel de cada agencia en lo que respecta a las expulsiones, la gestión de la Bahía de Guantánamo y el memorando de entendimiento del 7 de marzo de 2025 entre las dos agencias», y que presentaran argumentos sobre si tiene autoridad para modificar su orden judicial preliminar mientras está pendiente una apelación.
Con información de Reuters
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