El presidente Donald Trump firmó el miércoles un memorándum que faculta a las fuerzas de seguridad federales a utilizar herramientas cibernéticas contra organizaciones criminales transnacionales que operan en el extranjero y tienen como objetivo a los estadounidenses, informó la Casa Blanca.
El memorándum ordena al Centro Nacional de Coordinación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional que establezca un programa de operaciones cibernéticas específicas para desarticular a estos grupos extranjeros. Dos directores ejecutivos, uno del Departamento de Justicia y otro del Departamento de Seguridad Nacional, lo supervisarán.
El programa aprovechará las capacidades del sector privado bajo la estricta autoridad del gobierno de EE. UU. Las empresas que decidan participar podrán realizar acuerdos con otras entidades privadas y con agencias federales, estatales, locales, cortes y territoriales para compartir información sobre amenazas y proponer operaciones. Los directores ejecutivos y el Consejo de Seguridad Nacional deben desarrollar procedimientos de revisión rigurosos para garantizar el cumplimiento de la Constitución, la legislación de EE. UU. y los acuerdos internacionales aplicables.
Según una hoja informativa de la Casa Blanca, los ataques de ransomware, las campañas de phishing, el fraude financiero, las estafas de sextorsión y las estafas de suplantación de identidad suelen ser coordinadas por sofisticadas organizaciones criminales transnacionales con sede fuera de Estados Unidos.
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Las personas mayores, los niños y las familias de bajos ingresos son blanco de estos ataques de manera desproporcionada. Los consumidores estadounidenses reportaron haber perdido más de USD 20.8 mil millones a causa de delitos cibernéticos en 2025. El 73 por ciento de los adultos estadounidenses ha sufrido algún tipo de estafa o ataque en línea, y el 98 por ciento considera que las estafas son una amenaza para las personas en el país.
El memorándum se basa en medidas anteriores de la administración. En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva en la que ordenaba una revisión de las herramientas para combatir a las organizaciones criminales transnacionales involucradas en delitos cibernéticos y exigía un plan de acción que incluyera una célula operativa dentro del Centro Nacional de Coordinación. Otras medidas incluyen la Ley "Take It Down", firmada en mayo de 2025 y enfocada en imágenes íntimas no consentidas y deepfakes, con la primera condena bajo esta ley registrada en abril de 2026.
El director del FBI, Kash Patel, declaró esta semana a The Epoch Times que la agencia incautó USD 15.2 mil millones en fondos ilícitos durante los últimos 14 meses, realizó cientos de detenciones, desmanteló nueve complejos dedicados a estafas y notificó a más de 9900 víctimas, de las cuales el 77 por ciento no sabía que eran objetivos. Los agentes también desactivaron 8000 terminales utilizados por las operaciones.
"Literalmente, recibimos mensajes de personas de todo el país que le escribían al FBI diciendo: 'Nos salvaron los ahorros de toda la vida. Salvaron la matrícula universitaria de nuestros hijos'", dijo Patel. "Y algunos de ellos, de hecho, estaban pensando en suicidarse porque es algo muy vergonzoso ser víctima de esta atrocidad, de este delito".
Afirmó que el objetivo es "aniquilar los complejos dondequiera que se encuentren".
En junio, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a 35 personas y entidades vinculadas a la Organización Criminal Transnacional Prince Group, una red con sede en Camboya acusada de operar centros de estafa y de lavar las ganancias.
Las autoridades estimaron que los estadounidenses perdieron al menos USD 10 mil millones en 2024 a causa de operaciones de estafa con sede en el sudeste asiático. El Departamento de Justicia incautó simultáneamente una cuenta de computación en la nube vinculada a servicios relacionados con el lavado de dinero, como parte de la Operación Riptide del FBI.
En julio, los fiscales federales hicieron públicas las acusaciones en contra de tres ciudadanos rusos y dos empresas acusadas de proporcionar infraestructura para ransomware, phishing y otros ciberataques que causaron daños por al menos USD 61 millones en 21 estados. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta USD 10 millones por información sobre los cómplices de los acusados.
La hoja informativa de la Casa Blanca señala que el sector privado estadounidense sigue siendo el más innovador y tecnológicamente avanzado del mundo y ofrece una ventaja cibernética ofensiva fundamental. La colaboración con empresas estadounidenses previamente evaluadas, según el documento, fortalecerá los esfuerzos para combatir el crimen cibernético transnacional, el fraude y las prácticas abusivas.
El memorándum exige a los directores ejecutivos del programa que presenten un informe de situación en un plazo de 180 días y, a partir de entonces, anualmente. No se podrá llevar a cabo ninguna operación sin la aprobación y las instrucciones por escrito del gobierno federal.
Con información de Reuters.
