El 29 de junio, los magistrados de la Corte Suprema se negaron a admitir a trámite un recurso de apelación contra una sentencia que ratificaba la decisión de Nueva York de no permitir exenciones religiosas a la obligación de que los trabajadores sanitarios se vacunen contra COVID-19.
Seis de los nueve magistrados se negaron a examinar el caso. No explicaron los motivos.
Para que un recurso de apelación pueda seguir adelante, es necesario que al menos cuatro magistrados estén de acuerdo en revisarlo.
El juez Neil Gorsuch, con el apoyo de los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito, afirmó que la corte debería haber revisado el caso.
La obligación de vacunarse contra COVID-19 impuesta por Nueva York a los trabajadores sanitarios incluía inicialmente exenciones por motivos médicos o religiosos. Sin embargo, cuando Kathy Hochul asumió el cargo de gobernadora, derogó las exenciones religiosas, lo que provocó el despido de varios trabajadores, algunos de los cuales interpusieron una demanda contra el Estado y sus antiguos empleadores.
Un juez federal falló en contra de los demandantes. A continuación, la Corte de Apelación de Estados Unidos para el Segundo Circuito concluyó que, aunque los demandantes pudieran haber alegado de forma plausible violaciones de los derechos de los trabajadores al amparo de la Ley de Derechos Civiles, debía confirmar la resolución de la corte inferior, ya que conceder exenciones religiosas “habría obligado a los demandados privados a infringir la normativa estatal” y, a su vez, habría expuesto a los empleadores a sanciones económicas o a la suspensión de sus licencias de funcionamiento.
En virtud del Título VII de la Ley de Derechos Civiles, los empresarios no están obligados a ofrecer adaptaciones razonables para las creencias religiosas de los empleados si ello les supusiera “una dificultad excesiva”, y dicha dificultad se produjo debido a la posible infracción de la legislación estatal y a las repercusiones que ello acarrearía, según señaló la corte de apelación.
Gorsuch afirmó que tiene dudas sobre la postura de la corte de apelación, que se aplica incluso si la ley en cuestión es inconstitucional.
“Me parece que la legislación estatal no puede determinar si un empleador se enfrenta a una ‘carga excesiva’ a efectos de las leyes federales contra la discriminación, del mismo modo que no puede resolver de manera concluyente qué constituye una ‘adaptación razonable’ o qué criterios son ‘necesarios’ para el acceso a un lugar público”, escribió.
“Sostener lo contrario parecería dejar a los estados libertad para privar a las personas de las protecciones garantizadas por tantas leyes federales de derechos civiles... todo ello mediante el simple recurso de prohibir las adaptaciones que dichas leyes prometen. En lugar de que las leyes federales de derechos civiles prevalezcan sobre la legislación estatal contraria, se verían más bien obligadas a ceder ante ella.”
Los abogados de los demandados no habían respondido a una solicitud de comentarios en el momento de la publicación.
“Este es un caso sencillo que la corte debería abordar, ya que plantea un problema recurrente y persistente en el que la legislación estatal —por inconstitucional que sea, como en este caso— puede utilizarse para prevalecer sobre la ley federal”, declaró a The Epoch Times Mat Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel, quien ha representado a los demandantes.
Añadió: “Es una tragedia que la corte no haya admitido a trámite este caso para subsanar esta ley inconstitucional y una terrible decisión de la corte de apelación”.
