El exrepresentante David Rivera (R-FL) fue condenado el 2 de octubre a 10 años de prisión federal por realizar labores de cabildeo en secreto a favor de Venezuela.
Rivera, quien formó parte del Congreso entre 2011 y 2013, se enfrentaba a una pena máxima de 60 años de cárcel y a una posible orden de decomiso de bienes por valor de 20 millones de dólares. La sentencia se produce después de que el excongresista y su colaboradora Esther Nuhfer fueran declarados culpables en mayo de todos los cargos, entre ellos no registrarse como agente extranjero y conspirar para cometer lavado de dinero.
Nuhfer fue condenada en agosto a cinco años de prisión.
Los fiscales afirmaron que Rivera y Nuhfer actuaron en nombre del gobierno del exlíder venezolano Nicolás Maduro como parte de una campaña encubierta de influencia.
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Según la fiscalía, Rivera se valió de sus contactos políticos republicanos —incluidos los que estableció durante su etapa en el Congreso— para presionar a funcionarios estadounidenses a fin de que suavizaran su postura frente a la cúpula socialista de Venezuela.
Rivera consiguió un contrato de cabildeo por valor de 50 millones de dólares con la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, utilizando fondos vinculados a la petrolera estatal venezolana PDVSA, según los fiscales.
Como parte de esta iniciativa, Rivera colaboró con el representante Pete Sessions (R-TX) y otras personas para organizar reuniones con funcionarios y líderes empresariales de Estados Unidos.
Sessions no fue acusado de ninguna irregularidad.
El caso puso de relieve el papel histórico de Miami como centro de influencia en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, una dinámica marcada por su numerosa comunidad de exiliados.
Rivera fue acusado formalmente en 2022 de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, de lavado de instrumentos monetarios y de realizar transacciones financieras con bienes provenientes de actividades ilícitas específicas. En total, se presentaron 11 cargos en su contra.
La fiscalía señaló que utilizó comunicaciones cifradas para ocultar sus actividades, incluido un grupo de mensajería denominado "MIA".
Uno de sus contactos clave fue el empresario venezolano Raúl Gorrín, quien, por su parte, enfrentó acusaciones de soborno en Estados Unidos.
Los mensajes presentados en el juicio supuestamente mostraban el uso de un lenguaje cifrado: se referían a Maduro como "el conductor de autobús", a Sessions como "Sombrero" y al dinero como "melones".
Rivera negó haber cometido irregularidad alguna.
Su defensa argumentó que su firma fue contratada por una filial estadounidense de la petrolera venezolana —y no directamente por el gobierno de Venezuela— y que, por tanto, no estaba obligada a registrarse conforme a las leyes sobre agentes extranjeros.
Asimismo, señalaron que su labor se centraba en cuestiones empresariales, como ayudar a Citgo a operar en Estados Unidos, y en fomentar un cambio político en Venezuela.
Sin embargo, los fiscales señalaron un caso civil conexo en el que se alegaba que Rivera realizó una parte mínima del trabajo contratado y utilizó el acuerdo para encubrir actividades de cabildeo ilegal.
Afirmaron que, de los aproximadamente 20 millones de dólares que recibió, millones fueron desviados a gastos personales, incluido el mantenimiento del yate de lujo de Gorrín.
Los fiscales indicaron que Rivera consideraba al secretario de Estado Marco Rubio un aliado clave para acceder a altos funcionarios estadounidenses. Rubio no fue acusado de ninguna irregularidad.
Rivera se reunió con Rubio en Washington en 2017 y posteriormente lo instó a apoyar las negociaciones con Maduro, sugiriendo que Estados Unidos debía ayudar a facilitar una solución pacífica, según los registros judiciales.
