Los fiscales generales de cuatro estados exigen a Meta el pago de aproximadamente 1.4 billones de dólares en multas, debido a las acusaciones de que Facebook e Instagram fueron diseñadas para fomentar un uso adictivo entre los jóvenes y de que la empresa engañó al público sobre la seguridad de las plataformas.
El gigante de las redes sociales reveló la cifra en un escrito judicial el 6 de julio, una semana después de que un juez federal rechazara su solicitud de desestimar las demandas antes del juicio. Está previsto que el caso se presente ante un jurado el 18 de agosto en Oakland, California.
La cantidad, que se aproxima al valor de mercado de Meta de aproximadamente 1.5 billones de dólares, representa la estimación de la empresa de las posibles multas propuestas por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey en caso de que los estados ganen el juicio.
En el escrito presentado el lunes, los abogados de Meta refutaron la metodología utilizada por los estados para llegar a esa cifra. Sostuvieron que las indemnizaciones monetarias propuestas no están vinculadas a infracciones específicas comprobadas, carecen de respaldo probatorio y, en algunos casos, buscan obtener múltiples indemnizaciones por la misma conducta alegada.
En términos más generales, argumentaron que el simple hecho de presentar una cifra tan enorme ante los miembros del jurado podría sugerir injustamente que los estados cuentan con una acusación creíble de conducta indebida.
"Una sanción de tal magnitud no tiene precedentes en la historia de la aplicación de las leyes de protección al consumidor", señaló Meta en su escrito.
“Esto reforzaría la idea de que, dado que Meta es una empresa grande, se le debería obligar a pagar más”, agregó.
Los cuatro estados presentaron ante el tribunal seis cuadros en los que se detallan las posibles sanciones civiles y la restitución de ganancias ilícitas. Los cuadros en sí permanecen bajo secreto de sumario.
Sin embargo, en un escrito público, los fiscales generales explicaron que algunos cálculos se basan en estimaciones del número de usuarios jóvenes afectados por la presunta conducta de Meta, multiplicadas por las multas por infracción previstas en la legislación estatal. Otros cálculos utilizan parámetros como la cantidad de tiempo que los adolescentes pasan en las plataformas.
Los estados también han señalado que podrían basarse únicamente en algunos de los cuadros o reducir sus reclamaciones de sanciones a medida que avance el juicio.
La Diaria se comunicó con las oficinas de los fiscales generales para recabar comentarios.
El próximo juicio incluye dos series de reclamaciones contra Meta.
En primer lugar, un total de 29 estados acusan a Meta de violar la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños (COPPA, por sus siglas en inglés), al recopilar información personal de niños menores de 13 años sin el consentimiento adecuado de los padres.
El segundo conjunto de reclamaciones involucra solo a cuatro de los estados —California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey—, los cuales acusan a Meta de violar las leyes de protección al consumidor. Los estados alegan que la empresa realizó declaraciones engañosas que podían inducir a error a los consumidores respecto a la seguridad de Facebook e Instagram, y que incurrió en prácticas comerciales desleales relacionadas con el diseño de sus plataformas.
Meta sostiene que cumplió con la COPPA y ha negado las acusaciones de los estados en materia de protección al consumidor. La empresa ha argumentado, entre otras cosas, que la "adicción a las redes sociales" no es un trastorno psiquiátrico reconocido y que, por lo tanto, sus declaraciones anteriores en las que negaba el carácter adictivo de las plataformas no podían ser falsas.
La jueza federal de distrito Yvonne González Rogers, del Distrito Norte de California, rechazó ese argumento como fundamento para dar por concluido el caso antes del juicio.
En una decisión emitida la semana pasada, la jueza Rogers señaló que existían controversias fácticas sustanciales sobre si las plataformas de Meta son adictivas, si la empresa negó falsamente haberlas diseñado de manera que fomentaran el uso compulsivo y si Facebook e Instagram estaban dirigidas, al menos en parte, a los niños.
"En la medida en que las pruebas de los demandantes demuestren que las plataformas están de hecho diseñadas precisamente para eso, un jurado podría concluir razonablemente que las declaraciones eran falsas para una persona razonable", escribió Rogers.
El tribunal sí se puso del lado de Meta en algunos aspectos. Entre otras conclusiones, Rogers determinó que la decisión de la empresa de suspender cuentas sospechosas de pertenecer a usuarios menores de 13 años no establece, por sí sola, que Meta supiera que esos usuarios eran menores de edad.
