El 17 y 18 de abril de este año el Estado mexicano –mediante la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del estado de Chihuahua–, destruyó el mayor laboratorio productor de droga ilegal en la historia de México, con 850 metros cuadrados en su área principal y un anexo de 40 metros, ambos perfectamente equipados. Había también en el lugar un campamento con víveres.
Este operativo se realizó en la Sierra Madre Occidental en la zona limítrofe entre los municipios de Morelos y Guachochi, Chihuahua. Y lo realizaron 80 elementos, cuarenta soldados del Ejército mexicano y 40 miembros de la Fiscalía chihuahuense. La Zona es parte del llamado "Triángulo Dorado" entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, históricamente usado para la operación de laboratorios clandestinos.
No hubo criminales detenidos en este operativo porque alcanzaron a huir. Sin embargo, dicha acción llevada a cabo por fuerzas del Estado mexicano se considera exitosa por las dimensiones del laboratorio clandestino destruido. Un golpe importante a las redes criminales en un aspecto sustantivo: su economía.
En esta circunstancia funcionó un esquema cooperativo entre el Ejército y la Fiscalía chihuahuense, quienes usaron la información proporcionada por los servicios de inteligencia estadounidense que, se entiende, se dio en el marco de cooperación oficial en este ámbito.
El vehículo en el cual viajaba Pedro Ramón O Cervantes Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, junto con el agente Manuel Genaro Méndez Montes y dos ciudadanos estadounidenses se desbarrancó cerca de Guachochi y explotó. Los cuatro murieron. Según The Washington Post y The New York Times los dos estadounidenses eran agentes de la CIA que estaban dando capacitación en manejo de drones.
Hasta aquí los hechos. Posteriormente la presidente Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina llamada "la mañanera" –la principal actividad que realiza– reclamó una violación al artículo 9 de la Constitución –que establece la soberanía del Estado mexicano sobre su territorio– y el artículo 35 de la Ley de Seguridad Nacional –el cual regula las intervenciones oficiales en comunicaciones privadas, por lo que no tiene nada que ver–, luego se refirió ya a la regulación de la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional.
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En dado caso aplicaría el artículo 15 de la Ley de Seguridad Nacional, al cual se remitió luego la presidente Sheinbaum, pero resulta que tampoco sería válido en un sentido negativo porque el precepto de coordinación obligatoria del estado con la Federación en materia de Seguridad Nacional se cumple con la participación del Ejército en el operativo.
Ahora, si se refiere a la acreditación diplomática de los agentes estadounidenses, resulta que eran empleados de la Embajada estadounidense, por lo cual es responsabilidad del gobierno federal informar sobre los términos de la autorización para su permanencia en territorio nacional.
En realidad la Presidente debió referirse a la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de diciembre de 2020, que restringe expresamente las actividades de los agentes extranjeros a actividades de enlace e intercambio de información, nunca como participantes activos en acciones operativas.
Esta reforma fue celebrada por el obradorismo gobernante como el candado para limitar expresamente a la CIA, la DEA y el FBI en el marco de las relaciones con Estados Unidos. Y el origen fue a raíz de las investigaciones que se llevaron a cabo contra el general Cienfuegos, exonerado finalmente sin juicio de las acusaciones estadounidenses, por parte del gobierno de López Obrador.
En este caso el papel de los dos estadounidenses muertos era al parecer de "observadores" en su calidad de capacitadores en materia de uso de drones. No hay evidencia alguna de que estuvieran al mando del operativo, lo cual habría sido rechazado por el Ejército que, por lo demás, mantiene desde hace tiempo una buena relación con el Pentágono.
Oficiales mexicanos han sido entrenados en el Fuerte Braggs de Carolina del Norte y militares estadounidenses han realizado también labores de capacitación a militares de élite mexicanos, en nuestro propio territorio
Hay entonces cierta ambigüedad en el papel de los agentes de la CIA: ¿finalmente eran capacitadores u observadores, o las dos cosas?
Sin embargo, queda claro que la Presidente se precipitó en provocar un escándalo motivado por su ignorancia respecto a toda esta situación, lo que fue agresivo con la cooperación de Estados Unidos, con el Ejército, con un gobierno estatal –y además de oposición– y, por supuesto, deja mal parado a su mismo gobierno.
De hecho es un asunto que debió ser supervisado en conjunto por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, si sus titulares tuvieran experiencia y capacidad. Finalmente, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió con la gobernadora chihuahuense Maru Campos con el propósito más sensato de tratar de despresurizar el tema.
Es mucho costo político para el gobierno federal y se evidenció no una agresión a la soberanía nacional, sino en el caso de la Presidente, a su propia imagen como mandataria mexicana. Es como si se tratase de una queja pública: !nadie me toma en cuenta!
Es impresionante lo mal asesorada que está la Presidente mexicana. Y su incapacidad propia para asumirse como Jefe de Estado. Son dos claves negativas que están perjudicando la calidad de su gobierno y, por supuesto, afectan el destino colectivo.
Lo peor vino con la histérica campaña de propaganda desatada con toda la fuerza por parte de los radicales de Morena y la estructura que comanda Jesús Ramírez Cuevas, el Jefe de Asesores de la Presidencia de la República.
Se desató una histeria propagandística gubernamental y partidista contra un operativo importante cuyo objetivo de golpear al narcotráfico se logró, a pesar de no haberse detenido a criminales en el sitio. ¿Quién les avisó de la incursión de esta columna gubernamental?
El laboratorio destruido por las fuerzas gubernamentales federales y estatales se encontraba ubicado en un municipio gobernado actualmente por el Partido oficial Morena. Se resguardaba en su almacén droga cuyo valor es equivalente a mil millones de pesos. Se sabe que pertenecía a una facción del Cártel de Sinaloa asociada a restos del grupo de los Beltrán Leyva.
Se difundió con la campaña del gobierno de Morena, de sus legisladores y de las redes de este partido, que la destrucción del laboratorio de los criminales fue una "operación encubierta de la CIA", que se debía procesar a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, por "traición a la Patria", cuyo castigo es la pena máxima de 40 años de cárcel. Que la gobernadora chihuahuense debía ser destituida por "entregar la soberanía del país a una potencia extranjera".
Los influencer, y todos sus voceros de Morena, clamaron al cielo para que un rayo divino fulminante castigara a esta traidora a la Patria y cualquiera que comentara en contra recibiera los merecidos escupitajos digitales y el desprecio por ser cómplices de tan grave delito.
En el Senado los legisladores morenistas exigieron compareciera la gobernadora de Chihuahua, a pesar de que legisladores como Colosio, de Movimiento Ciudadano, o Anaya, del PAN, explicaron la incongruencia jurídica de tal petición.
El senador morenista Gerardo Fernández Noroña ya levantó una denuncia penal por "traición a la Patria" contra la gobernadora chihuahuense, quien por su parte nombró a una fiscal especial para investigar todo lo referente al operativo e informar a la Federación sobre el mismo. Se espera también contar con la información acerca de cómo huyeron los criminales que operaban dicho laboratorio.
Aunque hubiese habido una violación a la norma obradorista por la presunta presencia de los dos agentes estadounidenses en ese operativo, fue totalmente pasiva, y no veo por ningún lado la grave afectación a la soberanía mexicana, al contrario, en un rincón apartado del territorio mexicano se restableció la soberanía y legalidad de nuestro Estado contra el predominio de criminales organizados, que han corrompido gobiernos locales y asesinado a pobladores como los tarahumaras y convertido un territorio de la Patria en el lugar de operación de sus actividades delictivas en perjuicio de México y de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.
Me parece esta campaña absolutamente farisea. Hubo evidencias de que el gobernador morenista Rocha de Sinaloa participó a favor de una facción rival suya del Cártel de Sinaloa en la ejecución del secuestro del Mayo Zambada para ser entregado directamente a las autoridades estadounidenses.
Desde el secuestro del doctor Alvarez Machain durante el gobierno de Salinas de Gortari, quien fuera entregado a las autoridades de Estados Unidos acusado de participar en la tortura del agente de la DEA, Kiki Camarena, se estableció como delito de traición a la Patria el secuestro de un connacional para entregarlo a un poder extranjero.
Ahora se hizo pública la participación del gobernador morenista Rocha en dicho secuestro de un líder delictivo y de su entrega a los estadounidenses, por tanto, este gobernador es reo patente de la comisión de tal delito.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de The Epoch Times.
