En mi artículo pasado en The Epoch Times mencioné que el gobierno mexicano enfrenta actualmente una crisis propia cada vez más acentuada. Me refería a su capacidad de gobierno y, por lo tanto, a la existencia de una realidad ingobernable que rebasa ya –contribuyendo ella misma a esto con decisiones fuera de lugar–, a la presidente Claudia Sheinbaum.
La presión que ha comenzado a ejercer el gobierno de Estados Unidos contra la convivencia establecida entre el crimen organizado y el gobierno morenista cada vez aumenta y está cimbrando a la administración de Claudia Sheinbaum, que empieza a sufrir ya no solo lo duro sino también lo tupido.
La realidad política y social del país se ha convertido así también en un proceso de crisis que rebasa el margen de maniobra gubernamental y comienza a agotarse el recurso de la propaganda enajenante para ocultar la situación crítica.
Al mismo tiempo se ha iniciado un proceso de deterioro en la economía nacional de graves consecuencias. La falta de crecimiento económico se combina con una duplicación histórica de la deuda externa.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que va del de Claudia Sheinbaum se ha incrementado la deuda externa en 11.5 billones de pesos, o sea en 650 mil millones de dólares. Actualmente corresponde a 21.5 billones de pesos, es decir, el morenismo en el poder duplicó la deuda externa de México.
Según la revista Forbes este incremento inusitado e histórico de la deuda externa mexicana nos está conduciendo a la posibilidad de perder el grado de inversión lo cual nos pondría en una situación semejante a 1982 cuando la economía nacional de plano se desplomó.
En general se ignora la economía de riesgo que estamos viviendo. Pero este trasfondo puede estallar en combinación con las acciones gubernamentales que nos están convirtiendo paulatinamente en un Estado fallido.
La duplicación de la deuda externa con el consiguiente desplome de los servicios del Estado: salud, educación y seguridad; los proyectos faraónicos fracasados –el Tren Maya, el Transítsmico, el aeropuerto Felipe Ángeles– con su carga de pérdida de cientos de miles de millones de pesos, se unen a altos niveles de corrupción como los de Segalmex o el huachicol fiscal que superan cualquier cifra precedente.
Esto debería reflejarse en una caída de la imagen y popularidad del régimen morenista, misma que no estamos viendo. Es un fenómeno que, como me dijo un periodista español, debe tener una explicación extraña.
Si bien las encuestas no pueden ocultar una cierta baja, los niveles de popularidad o aceptación del gobierno de Claudia Sheinbaum son sensiblemente altos con solo cifras de alrededor de poco más de un treinta por ciento de rechazo. Quizás esto sea reflejo de la propaganda morenista o de una debilidad de la Oposición política, que provoca un vislumbre del vacío lo cual hunde a la población en el conformismo.
Esto permite que la toma de decisiones del gobierno de Claudia Sheinbaum rebase los límites legales, se sustente así en la propaganda y evite el cumplimiento de los deberes del Estado.
De esa manera, el objetivo de la presidente Claudia Sheinbaum consiste en preservar los intereses del régimen morenista, no el cumplimiento de principios generales del Estado. Se ha creado entonces una suma cero: lo que gana el gobierno morenista en el poder, lo pierde el Estado mexicano.
Vivimos una anarquía de la peor especie: la anarquía del poder. Su arbitrariedad ya ha llegado a niveles pasmosos. Veamos dos momentos de esta abolición del Estado y de la anarquía del poder: el caso Rocha y Chilapa en la Sierra de Guerrero.
El triunfo electoral de Morena en Sinaloa estuvo marcado con una operación de parte del Cártel de Sinaloa; sicarios secuestraron a operadores electorales del PRI y los criminales intervinieron abiertamente a favor del candidato de Morena, Rubén Rocha Moya. Las autoridades electorales dieron por bueno un resultado podrido legalmente, un anuncio ominoso del tipo de hegemonía política que se ha implantado en el país.
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Luego, en el contexto de la división del Cártel de Sinaloa, vino el escándalo del secuestro del Mayo Zambada por parte de los hijos del Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, quien fuera entregado de esa manera a las autoridades estadounidenses.
La participación de Rubén Rocha Moya y de sus colaboradores en este secuestro, durante el cual fue asesinado un rival político suyo, nunca fue investigado por las autoridades federales, lo cual acreditó la impunidad delictiva que padece no solo Sinaloa sino el país entero.
Luego vino la petición del gobierno estadounidense para la extradición de Rubén Rocha Moya y nueve de sus colaboradores bajo graves acusaciones de complicidad en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Es el señalamiento directo de la operación de un esquema criminal desde instancias gubernamentales.
La reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum fue exigir pruebas y poner bajo protección a Rubén Rocha Moya sin que hubiera un procedimiento de desafuero suyo o del senador morenista Enrique Inzunza o detener para fines de extradición a los demás funcionarios morenistas.
No se cumplió así lo pactado en el convenio de extradición del Estado mexicano con el gobierno de Estados Unidos, que establece la retención oficial con un plazo de sesenta días para proporcionar las pruebas suficientes que ameritan un juicio en Estados Unidos. Lo mismo corresponde si la solicitud de extradición fuera por parte de México.
Las reglas del juego fueron violentadas proyectando la imagen de que el gobierno mexicano protege a esos acusados por ser correligionarios morenistas de la presidente Sheinbaum.
Se viola el último convenio en materia de seguridad entre Estados Unidos y México pactado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue avalado en su momento por el Senado mexicano, lo que le da el carácter de compromiso de Estado.
Finalmente dos de esos funcionarios sinaloenses, el general Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de seguridad, y el secretario de finanzas, Enrique Díaz Vega, ya se entregaron a las autoridades estadounidenses. Se ha publicado que, por su parte, el senador también morenista, Enrique Inzunza, se encuentra negociando su entrega a cambio de ser también testigo protegido. Eso refuerza el juicio contra Rubén Rocha Moya pero pone en el tapete de las negociaciones a morenistas de más altos vuelos. ¿Quienes son? Se habla de manera presunta del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, sus hijos y otros de semejante envergadura.
Violentar normas y acuerdos internacionales genera un riesgo de seguridad nacional, pues en este caso nuestra contraparte estadounidense puede considerar legítima la actuación unilateral suya.
La falta de apego a las leyes del Estado por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum está provocando también un alto riesgo de ingobernabilidad en el país que, combinado con los males financieros como el peso de la deuda externa, puede crear el riesgo de convertirnos en un Estado fallido.
Otro ejemplo es el caso de Chilapa en la Sierra de Guerrero. Cientos de sus habitantes huyeron ante el embate criminal de una banda conocida como "los ardillos" en pugna con otra llamada "los tlacos".
La presidente ordenó que se hicieran mesas de diálogo con las bandas criminales. Esto después de que "los ardillos" arrojaran los restos despedazados de diez campesinos de la región como anuncio de que su poder es el vigente en esta región.
Estas bandas criminales cuentan con drones y funcionan con estilo militar. No solo han sometido a las comunidades rurales de la región sino han desafiado sin respuesta al Estado nacional. Ahí manda abiertamente el crimen organizado quien dialoga con el Estado mexicano como entre iguales y con el aval de la Presidente mexicana, quien a mi parecer estaría traicionando de esa manera su juramento de guardar y hacer guardar a nuestra Constitución.
Ella no dialoga con la oposición política legal. Pero sí lo hace con criminales y presume que no ejerce la fuerza del Estado. Encabezar su capitulación como política de gobierno.
Y ante hechos como el señalamiento por parte de organismos financiados por la ONU sobre la crisis de desaparecidos en México, simplemente lo niega y desconoce el derecho de representaciones de la ONU para intervenir en "asuntos internos de México".
No somos todavía un Estado fallido, pero para allá vamos a un ritmo acelerado y esto gracias a una presidente que niega en los hechos y por desgracia, los principios y las leyes del Estado mexicano, cuyo respeto debería comenzar por tenerlo ella misma pues representa su obligación constitucional y legal, política y ética. México necesita que esta obligación se cumpla para evitar mayores desastres.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición de The Epoch Times
