El estado de Washington demandó a la empresa de servicios financieros Fidelity Information Services (FIS) para impedir que comparta datos sobre ayuda alimentaria con el gobierno federal, según una demanda judicial presentada el 24 de julio ante la Corte Superior del condado de Thurston, en el estado de Washington.
El Departamento de Servicios Sociales y Sanitarios del estado de Washington (DSHS) administra el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), financiado con fondos federales, y el Programa de Asistencia Alimentaria (FAP), financiado con fondos estatales.
El FAP ofrece prestaciones alimentarias a los no ciudadanos que no tienen derecho a las prestaciones del SNAP debido a su situación migratoria. Según la demanda, más de 1.2 millones de personas en el estado recibieron prestaciones de estos programas de ayuda alimentaria en el año fiscal 2024.
Los solicitantes del programa deben proporcionar información sensible, como nombres, direcciones, números de la seguridad social y situación laboral, según la demanda, junto con información sobre todas las personas que viven con ellos.
Los hogares con estatus migratorio mixto son comunes entre los beneficiarios del SNAP y el FAP, añade la demanda.
"Es habitual, por ejemplo, que un progenitor de niños ciudadanos tenga un estatus migratorio que le impide acceder al SNAP, aunque los niños sí cumplan los requisitos. En esta situación, se permite al progenitor solicitar el SNAP en nombre de sus hijos y, dado que estos son menores de edad, ser el titular de la cuenta", afirma la demanda.
El DSHS se asoció con Fidelity y le encargó a la empresa el procesamiento de los pagos del SNAP y el FAP.
Para llevar a cabo esta tarea, el DSHS proporciona a la empresa información sobre los participantes en el SNAP. El contrato aclara que estos datos no pueden ser divulgados sin el consentimiento de la agencia, según la demanda.
La cuestión objeto de la demanda se remonta a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de marzo, titulada "Detener el despilfarro, el fraude y el abuso mediante la eliminación de los silos de información". La orden establece que las agencias deben garantizar que el gobierno federal tenga "acceso sin restricciones a los datos completos de todos los programas estatales que reciben financiación federal".
El Departamento de Agricultura (USDA) publicó el 6 de mayo una guía en la que afirmaba que su agencia de Servicios de Alimentación y Nutrición estaba trabajando con varios procesadores de pagos para consolidar los datos del SNAP.
El 23 de junio, el USDA publicó un aviso en el que indicaba que la agencia propone crear un nuevo sistema de registros que incluirá los datos personales de todos los beneficiarios del SNAP.
Cuando el DSHS se puso en contacto con Fidelity para reconfirmar su compromiso de confidencialidad, la empresa no respondió a las preguntas del DSHS, según la demanda.
La demanda alegaba que el USDA podría entregar los datos que recibe de Fidelity al Departamento de Seguridad Nacional, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y al Departamento de Eficiencia Gubernamental, que supuestamente "se utilizarían en un proyecto de vigilancia masiva y deportación masiva ajeno a los fines para los que se recopilaron y ajeno a los fines para los que los residentes de Washington confiaron su información al DSHS".
"Los beneficiarios de prestaciones alimentarias, incluidos sus familiares y otras personas de su hogar, serán objeto de represalias y deportación por el uso legítimo, en virtud de la legislación federal y estatal, de programas de asistencia pública vitales".
El estado solicitó a la corte una orden de restricción y una medida cautelar permanente.
The Epoch Times se puso en contacto con Fidelity Information Services para obtener comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
En la notificación del 23 de junio publicada en el Registro Federal, el USDA justificó el sistema de registros propuesto, que incluirá información sobre los beneficiarios del SNAP.
Según el departamento, los principales objetivos del nuevo sistema son validar la elegibilidad de los beneficiarios del SNAP y garantizar la integridad del programa.
"Esto es coherente con la autoridad legal del USDA y garantizará que los estadounidenses que lo necesiten reciban asistencia, al tiempo que se protege el dinero de los contribuyentes contra el abuso", afirma el aviso.
El USDA aprovechará el intercambio de datos entre los sistemas estatales y federales para identificar y corregir inscripciones duplicadas, no elegibles o fraudulentas en el SNAP, incluida "la verificación de la elegibilidad en función del estatus migratorio", añadió.
La demanda fue presentada por el fiscal general del estado de Washington, Nick Brown, según un comunicado de su oficina del 24 de julio.
"Las personas que necesitan ayuda alimentaria para sí mismas y sus familias deben poder confiar en que sus datos serán protegidos y mantenidos en privado", afirmó.
"Si un contratista incumple los términos acordados, le haremos responsable ante la ley".
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