El regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca vino acompañado de una serie de órdenes ejecutivas, entre las que se encontraban algunas que afectaban a la forma en que el gobierno aborda las cuestiones transgénero.
A continuación, te contamos lo que hay que saber sobre algunas de las políticas de Trump y la forma en que las cortes las manejaron.
Pasaportes y documentos gubernamentales
En su primer día en el cargo, Trump emitió una orden ejecutiva de amplio alcance con la intención declarada de defender a las mujeres del "extremismo de la ideología de género" que permitía a "los hombres identificarse como mujeres y acceder a espacios y actividades íntimos diseñados para mujeres, desde refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica hasta las duchas de los lugares de trabajo femeninos".La orden ofrece una definición de "hombre" y "mujer" basada en las células reproductivas que produce un individuo, y exige que los indicadores de sexo en los documentos oficiales del gobierno coincidan con el sexo biológico del titular.
Esto significaba que las personas ya no podían utilizar la "X" como indicador de identificación de sexo.
Ash Orr y otros demandantes que se identifican como transgénero, respaldados por la Unión Americana de Libertades Civiles y grupos activistas, presentaron una demanda en febrero. Alegaron que la política era discriminatoria, inconstitucional y motivada por la "animadversión" hacia los estadounidenses transgénero.
En abril, la jueza Julia Kobick, de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, falló a favor de Orr, pero inicialmente la sentencia sólo se aplicaba a los demandantes del caso.
En junio, amplió la suspensión a todo el país; en septiembre, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos se negó a suspender esa decisión mientras el gobierno apelaba.
Ese mismo mes, el gobierno solicitó una suspensión de emergencia de la decisión de la Corte inferior; esta semana, la Suprema Corte la concedió, en espera de la apelación en curso.
"Mostrar el sexo de los titulares de pasaportes al nacer no atenta más contra los principios de igualdad de protección que mostrar su país de nacimiento: en ambos casos, el gobierno se limita a dar fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferenciado", reza la breve orden judicial sin firmar.
La jueza Ketanji Brown Jackson emitió un voto particular discrepante, al que se sumaron las juezas Sonya Sotomayor y Elena Kagan.
Jackson criticó a la mayoría por la brevedad de su orden, afirmando que los demandantes sufrirán un perjuicio inmediato como consecuencia de ello.
"El gobierno pretende aplicar de inmediato una nueva política de dudosa legalidad... mientras que los demandantes se verán sometidos a un perjuicio inminente y concreto si la política entra en vigor", escribió.
"Los daños reales documentados a estos demandantes superan claramente el interés inexplicado (e inexplicable) del gobierno en la aplicación inmediata de la política de pasaportes".
En la solicitud de emergencia del gobierno ante la Corte Suprema, el fiscal general de los Estados Unidos, D. John Sauer, afirmó que la orden judicial de la Corte de distrito que bloquea la política "no tiene base legal ni lógica".
Los ciudadanos particulares no pueden obligar al gobierno "a utilizar designaciones de sexo inexactas en los documentos de identificación que no reflejan el sexo biológico de la persona, especialmente en los documentos de identificación que son propiedad del gobierno y un ejercicio del poder constitucional y legal del presidente para comunicarse con gobiernos extranjeros", dijo Sauer.
La orden judicial perjudica al gobierno al obligarlo "a hablar con gobiernos extranjeros en contravención tanto de la política exterior del presidente como de la realidad científica", dijo Sauer.
La política de pasaportes no discrimina por motivos de sexo, ya que se aplica por igual a todas las personas al "definir el sexo de todas ellas en términos biológicos y no de autoidentificación", afirmó Sauer.
La Corte Suprema aún no ha aceptado conocer del caso en su totalidad, ya que está a la espera de la resolución del Primer Circuito.
En el ejército
En mayo, el alto tribunal también suspendió el bloqueo de la decisión de la administración Trump de prohibir a las personas transgénero servir en el ejército.Ese caso comenzó con otra orden ejecutiva emitida el 20 de enero, en la que se afirmaba que la administración mantendría rasgos como la honestidad, la letalidad y la integridad, pero que estos eran "incompatibles con las limitaciones médicas, quirúrgicas y de salud mental de las personas con disforia de género".
"Esta política también es incompatible con el cambio en el uso de los pronombres o el uso de pronombres que reflejan de forma inexacta el sexo de una persona", afirmaba la orden de Trump.
Tras una demanda presentada por un grupo de soldados que se identifican como transgénero, junto con una persona que deseaba alistarse, el juez Benjamin Hale Settle, del Distrito Oeste de Washington, suspendió esa orden en marzo.
Pero, mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos había puesto en marcha su plan y había emitido un memorándum en el que anunciaba su intención de expulsar a 1000 miembros del ejército que se identificaban como transgénero.
El 6 de mayo, la Suprema Corte emitió una breve orden sin explicación alguna que suspendía la sentencia de la Corte inferior hasta que se resolviera la apelación del gobierno en el Noveno Circuito. La orden no incluía ninguna opinión ni comentario, pero señalaba que Kagan, Sotomayor y Jackson se negarían a aceptar el caso.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito escuchó los argumentos orales de ese caso, Shilling contra Trump, el 20 de octubre, y los jueces se mostraron escépticos ante el argumento del gobierno de que la política solo discriminaba por motivos médicos.
Cirugías de cambio de género en niños
Trump emitió una orden sobre los procedimientos de cambio de género en niños el 28 de enero, en la que señalaba que "los profesionales médicos están mutilando y esterilizando a un número cada vez mayor de niños impresionables bajo la afirmación radical y falsa de que los adultos pueden cambiar el sexo de un niño mediante una serie de intervenciones médicas irreversibles".Esa orden rompió la dependencia del gobierno de las directrices de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero y ordenó a las agencias que dejaran de conceder subvenciones a las instituciones que realizaban dichos procedimientos.
Como resultado, muchos hospitales dejaron de realizar esas cirugías.
En respuesta, un grupo de demandantes menores de edad que se identificaban como transgénero presentó una demanda, respaldada por el grupo activista LGBT Padres y Amigos de Lesbianas y Gays (PFLAG). Alegaron que el cese repentino de sus procedimientos de cambio de género les causaba angustia mental y los ponía en peligro de autolesionarse.
En marzo, el juez Brendan Hurson, del Distrito de Maryland, concedió a los demandantes una suspensión preliminar y prohibió al gobierno condicionar, retener o cancelar la financiación federal en virtud de la orden de Trump.
El caso, PFLAG contra Trump, está pendiente en la Corte de Apelación del Cuarto Circuito.
Una demanda similar, Commonwealth of Massachusetts contra Trump, fue presentada por 16 estados y el Distrito de Columbia. Ese caso ha sido suspendido debido al cierre del gobierno.
Ninguno de esos casos ha llegado aún a la Suprema Corte, y su futuro es incierto tras una decisión histórica que confirma la prohibición de Tennessee de los procedimientos de cambio de género en menores.
Con información de Matthew Vadum.
