Los esfuerzos transfronterizos para frenar la entrada de drogas y combatir otras actividades delictivas organizadas en el Pacífico podrían ser solo una víctima más de la sorpresiva decisión del gobierno de Vanuatu de expulsar a todos los asesores extranjeros y agentes de policía de los edificios gubernamentales, alegando la necesidad de proteger su propia soberanía.
También existe incertidumbre sobre qué efecto tendrá esto en el Acuerdo Nakamal, aún no firmado, que Australia impulsa en parte para contar con un baluarte contra la creciente influencia de Beijing en la región.
Desde 2022, cuando firmó un pacto de seguridad con las Islas Salomón, Beijing ha establecido progresivamente una presencia en todo el Pacífico, enviando asesores policiales a las Islas Salomón, Fiyi, Kiribati, Vanuatu y otros lugares, y obteniendo a principios de este año el acuerdo de las Islas Cook para entrar en una asociación estratégica integral.
Wellington quedó tan preocupado por esa última medida, tomada sin consulta a pesar del estatus de las Islas Cook como parte del Reino de Nueva Zelanda, que congeló la ayuda exterior en señal de protesta, aunque hasta ahora eso ha servido de poco para disuadir a Avarua.
Mientras tanto, el ministro del interior de Vanuatu, Andrew Napuat, visitó Beijing en septiembre y anuncio que su país estaba "dispuso a profundizar la cooperación práctica con China en el ámbito policial y de aplicación de la ley".
Apenas unas semanas antes, se había negado a firmar el Acuerdo Nakamal de 500 MDD, argumentando que bloquearía la financiación de infraestructuras por parte de otros países, y Napuat declaró a los periodistas que Vanuatu no cedería ante la "intimidación" de los países más grandes.
Luego reprendió a Canberra , diciendo que debe respetar el acuerdo policial de Vanuatu con China, ya que él mismo aceptó equipo policial de Beijing por valor de 635,000 (unos 416,000 dólares estadounidenses).
El gobierno modificará las leyes de seguridad
El último intento de distanciar al país de sus aliados tradicionales en el Pacífico se produjo después de que el Parlamento de Vanuatu introdujera la semana pasada varios cambios significativos en sus leyes de seguridad nacional.Una cláusula establece que cualquier asesor extranjero que trabaje en materia de seguridad nacional "debe estar destinado en lugares neutrales o en su respectiva embajada", lo que impide a dichos asesores acceder a las instalaciones gubernamentales sin la autorización del ministro.
Si bien las nuevas normas se aplican a cualquier potencia extranjera, afectarán de manera desproporcionada a Australia y Nueva Zelanda, países que cuentan con numerosos agentes de policía y personal de defensa trabajando en Vanuatu, algunos de ellos instalados directamente en la comisaría central y en otras instituciones públicas.
El primer ministro de Vanuatu, Jotham Napat, aseguró a los parlamentarios que los agentes de policía chinos que imparten programas de formación en Vanuatu y trabajan en edificios gubernamentales tendrían que seguir las mismas normas.
Dijo que Vanuatu estaba "viendo cómo llegaba la influencia externa" y que el gobierno había "emitido una recomendación para retirar a los oficiales de policía de la sede principal de la policía, [tanto] oficiales de policía chinos como australianos", para prevenir esa influencia.
"Tenemos que hacerlo lo más neutral posible", dijo.
Sin embargo, la decisión ha avivado la preocupación de que perjudique los esfuerzos para combatir la delincuencia transnacional en la región.
A principios de este año, el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a Vanuatu —junto con Fiji y las Islas Salomón— en la lista de vigilancia de Nivel 2 de su Informe sobre la Trata de Personas, junto con países como Argelia, Barbados, Kirguistán, Nepal, Ruanda, Sudáfrica, Turkmenistán y Zimbabue.
Esto generalmente significa que el número estimado de víctimas en esos países es muy significativo o está aumentando notablemente, y que los gobiernos no están tomando medidas proporcionales y concretas.
Nueva Zelanda y Australia dicen que negociarán.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda declaró a The Epoch Times que cuentan con "un número considerable de agentes de policía y personal de las Fuerzas de Defensa que trabajan en estrecha colaboración con organismos de Vanuatu, a petición del Gobierno de Vanuatu"."Trabajaremos para comprender los impactos del nuevo proyecto de ley, que aún se desconocen", dijo el portavoz.
"Si tuviéramos que plantear alguna inquietud, lo haremos en privado, en respeto a nuestra larga y sólida relación de colaboración".
El ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, dijo que no tenía nada que añadir a esa declaración, pero su homóloga australiana, Penny Wong, dijo al programa "Insiders" de la ABC que Australia "trabajaría en esto con Vanuatu".
"Obviamente, seguirán buscando una alianza y, al trabajar con ellos, lo haremos de una manera que les resulte conveniente", dijo.
Se negó a descartar el acuerdo de Nakamal, afirmando que Nakamal era un lugar "donde los líderes se reúnen para hablar, resolver problemas y encontrar el camino a seguir".
"Trabajadores en ello con Vanuatu porque queremos asegurarnos de que cualquier acuerdo que se finalice y al que lleguemos cuente con el apoyo de los líderes de ambos países [y] de los parlamentos de ambos países".
