El 17 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó revisar una política de la era Obama que permitía a los funcionarios fronterizos rechazar a los solicitantes de asilo antes de que llegaran a Estados Unidos.
La administración Trump está apelando el fallo de una corte inferior que dictamina que la política, conocida como "metering", que permite a los funcionarios de inmigración estadounidenses rechazar las solicitudes de asilo en la frontera, contraviene la ley federal.
La administración Biden puso fin a esta política, pero la administración Trump está considerando restablecerla.
Los jueces aceptaron la petición de la administración Trump en el caso Noem contra Al Otro Lado sin comentarios en una orden judicial sin firmar. Ningún juez disintió.
La petición dice que la ley federal establece que un extranjero "que llega a Estados Unidos" puede solicitar asilo y debe ser inspeccionado por los funcionarios de inmigración estadounidenses.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos sostuvo en una demanda colectiva que "un extranjero detenido en el lado mexicano de la frontera entre Estados Unidos y México 'llega a Estados Unidos'".
Esa sentencia es "errónea y merece ser revisada por esta Corte", afirma la petición.
Durante la administración Obama, "la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) se enfrentó a una 'oleada masiva' de inmigrantes ilegales que solicitaban la admisión en los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México", dice la petición.
El gran volumen de personas superó la capacidad de tramitación de los puertos y supuso una gran presión para los recursos de la CBP, lo que comprometió la capacidad de la agencia para atender a las personas bajo su custodia, dice la petición.
En noviembre de 2016, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) instituyó una política conocida como "medición", que permitía a la CBP hacer frente al hacinamiento en los puertos de entrada impidiendo la entrada en Estados Unidos a "los extranjeros que carecían de documentos de viaje válidos", según la petición.
En 2018, durante la primera administración Trump, el DHS formalizó la política de la era Obama. En 2019, el Departamento de Justicia adoptó una nueva norma denominada "norma de tránsito", que establecía nuevos criterios de elegibilidad para el asilo, según la petición.
En noviembre de 2021, el DHS, bajo la administración Biden, derogó la norma de medición, según la petición.
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