El presidente Donald Trump anunció el 3 de octubre la decisión de revertir los recortes a Seguridad Nacional y Antiterrorismo para la Ciudad y el Estado de Nueva York.
"Me complace informar que revertí los recortes realizados a Seguridad Nacional y Antiterrorismo para la Ciudad y el Estado de Nueva York", declaró el presidente en Truth Social. "Fue un honor para mí hacerlo".
La declaración del presidente no explicó el motivo de la decisión. The Epoch Times contactó al Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, celebró la revocación de la medida, declarando en una publicación en X que esto significa que se destinarán 187 millones de dólares al Departamento de Policía y al Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, así como a los servicios de emergencia de todo el estado.
Hochul contactó al presidente y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el 30 de septiembre para solicitar el restablecimiento de los fondos. Según un comunicado de prensa emitido por la gobernadora, se habrían recortado 100 millones de dólares al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, 15 millones al Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York y 13 millones al Joint Task Force Empire Shield, un programa que financia la presencia de la Guardia Nacional de Nueva York en los centros de tránsito.
Los recortes también implicaron que no se asignaron los fondos previstos a los 12 escuadrones antibombas certificados del estado de Nueva York.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se unió a una coalición de fiscales generales de 11 estados para demandar al Departamento de Seguridad Nacional, alegando que privó a sus estados de más de 230 millones de dólares en subvenciones de Seguridad Nacional por negarse a apoyar la aplicación de las leyes migratorias federales.
Los recortes provienen de la orden ejecutiva de Trump del 20 de enero que ordena a Noem y a la fiscal general Pam Bondi tomar "todas las medidas legales para garantizar que las llamadas jurisdicciones 'santuario', que buscan interferir con el ejercicio legal de las operaciones de aplicación de la ley federal, no reciban acceso a fondos federales".
"Los políticos radicales que defienden los santuarios deben priorizar la seguridad del pueblo estadounidense, no la de los inmigrantes ilegales delincuentes", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin a The Epoch Times a finales de septiembre. "La administración Trump está comprometida con restaurar el estado de derecho. Ninguna demanda, ni esta ni ninguna otra, nos impedirá hacerlo".
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a la prensa el 3 de octubre que la administración mantiene su compromiso de recortar los fondos federales a los estados y ciudades cuyos líderes decidan no colaborar con el presidente para lograr un Estados Unidos seguro.
En concreto, citando la violencia en curso en Portland, Oregón, Leavitt declaró: "Consideramos despreciable que estos funcionarios electos locales, que juran proteger a su gente, impidan que las fuerzas del orden cumplan con su trabajo sobre el terreno. Por eso, el presidente ordenó a su equipo aquí en la Casa Blanca ― y ya ese encuentran trabajando en ello―, que investigue cómo podemos recortar los fondos".
El anuncio de Trump también se produjo al tercer día del cierre del gobierno federal. Leavitt dijo a los miembros de la prensa que, a pesar del cierre, que atribuyó a los senadores demócratas poco cooperativos, los esfuerzos del presidente continúan.
"El presidente Trump cree que las ciudades estadounidenses deberían ser los lugares más seguros del mundo y está comprometido a hacerlo realidad", afirmó.
Sin embargo, este cierre provocó el cese temporal de miles de empleados públicos, lo que, según Leavitt, es consecuencia del compromiso de la administración de "restaurar la cordura fiscal".
"Tenemos una deuda de 37 billones de dólares y el gobierno federal está actualmente paralizado", declaró. "Ya no hay más dinero en las arcas del gobierno federal. Y, como también han visto desde el principio, en enero, esta administración se está centrando en el despilfarro, el fraude y el abuso. Por lo tanto, los demócratas le dieron a esta administración la difícil decisión de tener que revisar el balance general e identificar dónde se pueden realizar estos recortes y despidos".
Con información de Tom Ozimek.
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