El presidente Donald Trump dijo que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva puede llamarlo "cuando quiera", en medio de las tensiones entre ambos gobiernos por los nuevos aranceles estadounidenses y las sanciones contra un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
"Puede hablar conmigo cuando quiera", dijo Trump a los periodistas el viernes en la Casa Blanca, refiriéndose a su homólogo brasileño.
Cuando se le preguntó por qué impondría un arancel del 50 por ciento a ciertos productos brasileños, el presidente respondió: "Porque los que dirigen Brasil hicieron lo incorrecto".
Más tarde ese mismo día, Lula escribió en X que Brasil "siempre ha estado abierto al diálogo". No mencionó a Trump ni sus comentarios.
"Quienes determinan el rumbo de Brasil son los brasileños y sus instituciones", escribió Lula.
"En este momento, estamos trabajando para proteger nuestra economía, nuestras empresas y nuestros trabajadores, y para responder a las medidas arancelarias del gobierno estadounidense".
El miércoles, Trump firmó una orden ejecutiva que aumenta los aranceles sobre los productos brasileños en 40 puntos porcentuales, que se suman a los derechos de importación del 10 por ciento que ya se aplican. La orden incluye una lista de exenciones, como aviones civiles y piezas, aluminio, estaño, pulpa de madera, productos energéticos y fertilizantes.
Brasil tiene un déficit comercial con Estados Unidos, lo que significa que compra más productos estadounidenses de los que vende. Casi todos los demás países afectados por las medidas arancelarias de Trump registran grandes superávits.
Los nuevos aranceles entrarán en vigor el 6 de agosto. La Casa Blanca calificó la medida como una respuesta "necesaria y adecuada" al trato dado por Brasil al expresidente Jair Bolsonaro y a los intentos de Brasilia de presionar a las empresas de redes sociales con sede en Estados Unidos para que censuren a los partidarios de Bolsonaro, algunos de los cuales son ciudadanos estadounidenses.
Bolsonaro está siendo juzgado por intento de golpe de Estado en relación con las protestas del 8 de enero de 2023 en los edificios del gobierno federal de Brasil. Las autoridades alegan que las protestas formaban parte de una conspiración más amplia para anular los resultados de las elecciones de 2022 que llevaron al poder al rival de izquierda de Bolsonaro, Lula.
Bolsonaro ha negado sistemáticamente haber cometido irregularidades o haber participado en el supuesto complot golpista. No ha sido condenado, pero tiene prohibido postularse para cargos públicos hasta 2030.
A finales de julio, el Tribunal Supremo Federal de Brasil ordenó un registro en la residencia de Bolsonaro, le obligó a llevar una tobillera electrónica y le impuso un toque de queda nocturno y durante los fines de semana.
El tribunal también le prohibió utilizar las redes sociales, ponerse en contacto con diplomáticos extranjeros o acercarse a embajadas extranjeras, alegando riesgo de fuga. Su pasaporte ya había sido confiscado.
La orden de Trump condenó el trato a Bolsonaro como "persecución política". El mismo día, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, que preside el juicio contra Bolsonaro.
De Moraes también lidera una agresiva investigación sobre las llamadas "milicias digitales", acusadas de difundir desinformación y discursos de odio durante la administración Bolsonaro.
En agosto de 2024, Brasil prohibió temporalmente X en todo el país después de que la plataforma de redes sociales propiedad de Elon Musk se negara a eliminar ciertas cuentas, muchas de ellas vinculadas a seguidores de Bolsonaro, que según Moraes habían violado la ley brasileña.
El Tesoro citó su autoridad en virtud de la Ley Magnitsky Global, que permite sancionar a personas acusadas de graves violaciones de los derechos humanos o de corrupción, y acusó a De Moraes de haber incurrido en "extralimitación judicial" para censurar a los críticos del gobierno brasileño, incluidos los que son ciudadanos estadounidenses o residen en Estados Unidos.
La medida congela todos los activos que De Moraes pueda tener en Estados Unidos, incluidos los intereses comerciales indirectos, y prohíbe a cualquier persona en el país hacer negocios con él. Antes de eso, el Departamento de Estado revocó los visados de De Moraes, sus familiares cercanos y sus aliados políticos.
Lula ha denunciado tanto los aranceles como las sanciones como una injerencia extranjera "inaceptable" en el sistema judicial del país.
"Brasil es un país soberano y democrático que respeta los derechos humanos y la independencia de los poderes", escribió el miércoles en X. "Es inaceptable que el gobierno estadounidense interfiera en el poder judicial brasileño".
La embajada de Brasil en Washington no respondió a una solicitud de comentarios antes de la publicación.
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