El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no puede, en este momento, poner fin a un programa que concedía protección contra la deportación a cientos de miles de inmigrantes, dictaminó un juez federal el 14 de abril.
La jueza de distrito de EE. UU. Indira Talwani dijo que la agencia no puede revocar la libertad condicional y la autorización de trabajo que se concedió a los no ciudadanos en el marco del programa Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela durante el mandato del presidente Joe Biden.
"Si se permite que caduque su permiso de permanencia temporal, los demandantes se enfrentarán a dos opciones desfavorables: seguir cumpliendo la ley y abandonar el país por su cuenta, o esperar a que se inicien los procedimientos de expulsión", dijo la jueza Talwani en la decisión de 41 páginas.
"Si los demandantes abandonan el país por su cuenta, se enfrentarán a peligros en sus países de origen, como se establece en sus declaraciones juradas. Para algunos demandantes, la salida también provocará la separación familiar".
El juez escribió que "si, como alternativa, los demandantes permanecen en Estados Unidos y esperan los procedimientos de expulsión, pueden ser arrestados y detenidos, ya no estarán autorizados a trabajar legalmente en este país y sus oportunidades de solicitar cualquier ajuste de estatus se evaporarán".
La secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció en marzo que el departamento pondría fin al programa y revocaría el estatus legal de más de 530,000 inmigrantes. El presidente Donald Trump había ordenado la acción.
"Las personas en libertad condicional sin una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas de libertad condicional CHNV deben salir de Estados Unidos antes de la fecha de finalización de su libertad condicional", escribió Noem en ese momento.
Las personas que habían recibido la libertad condicional recibieron avisos informándoles que su libertad condicional terminaría pronto.
"Debe salir de Estados Unidos ahora, pero a más tardar en la fecha de finalización de su permiso de viaje. No salir a tiempo podría tener consecuencias migratorias adversas", decía el aviso.
El programa fue lanzado por Biden en 2022 para los venezolanos y luego se amplió a los nativos de los otros tres países. Los funcionarios de la época dijeron que el programa permitía la entrada legal de inmigrantes que estaban decididos a proporcionar un beneficio a Estados Unidos, al tiempo que abordaban cómo los problemas humanitarios en los países habían llevado a niveles más altos de migración.
Ciudadanos de los países demandaron al DHS este año, argumentando en una presentación en apoyo de una moción de suspensión de emergencia que la inminente revocación masiva de la libertad condicional violaba el requisito legal de que cada caso de permiso de permanencia temporal se revisara caso por caso.
"Los demandados han argumentado anteriormente que el estatuto 'solo impone requisitos para conceder la libertad condicional' y 'no impone límites... sobre la denegación' o la rescisión de la libertad condicional, pero la decisión de la secretaria de cambiar la fecha de vencimiento de todas las concesiones válidas de libertad condicional CHNV al 24 de abril de 2025 no fue ni una denegación ni una rescisión per se, sino más bien una alteración en masa de las condiciones bajo las cuales todas esas personas fueron puestas en libertad condicional, en contra de la ley", le dijeron a la corte los abogados de los inmigrantes.
Los funcionarios del gobierno respondieron que la decisión de Noem cumple con la ley, que dice que la libertad condicional puede ser revocada "cuando, en opinión de la secretaria de Seguridad Nacional, se hayan cumplido los propósitos de dicho permiso de permanencia temporal".
Talwani dijo que la ley permite al secretario del DHS conceder la libertad condicional según su criterio y no le permite "truncar categóricamente estas concesiones de libertad condicional en masa y sin revisión individual".
La terminación de la libertad condicional "queda suspendida en espera de una nueva orden judicial en la medida en que revoque, sin revisión caso por caso, la libertad condicional y la autorización de trabajo previamente concedidas a los no ciudadanos admitidos en libertad condicional en los Estados Unidos de conformidad con los programas de libertad condicional para no ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela [...] antes de la fecha de finalización de la libertad condicional originalmente declarada por el no ciudadano", dijo el juez en la orden.
Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center, que defiende a los inmigrantes, dijo en un comunicado que la sentencia "es un paso significativo hacia la justicia no solo para los cientos de miles de personas que entraron en Estados Unidos a través de este importante proceso, sino también para los patrocinadores estadounidenses que les acogieron en sus hogares y comunidades".
El DHS no respondió a una solicitud de comentarios. Un portavoz dijo anteriormente a The Epoch Times: "La Administración Biden abusó del sistema de permanencia temporal, que es una cáscara irreconocible de sí misma, utilizada para el fraude y para explotar el sistema de inmigración. La Administración Trump está restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración".
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