La jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson afirmó el 1 de mayo que las recientes críticas a los jueces son «ataques a nuestra democracia».
Al parecer, Jackson se refirió a las recientes críticas del presidente Donald Trump a algunos jueces, aunque no mencionó específicamente a Trump durante su discurso y, en su lugar, habló de «el elefante en la habitación».
«Los ataques no son aleatorios. Parecen diseñados para intimidar a quienes desempeñamos esta función tan importante», afirmó Jackson en la Conferencia Judicial del Primer Circuito celebrada en Río Grande, Puerto Rico, el 1 de mayo.
«Las amenazas y el acoso son ataques a nuestra democracia, a nuestro sistema de gobierno. Y, en última instancia, ponen en peligro nuestra Constitución y el estado de derecho».
Jackson ocupó su puesto en la Corte Suprema en junio de 2022 tras ser nominada por el presidente Joe Biden.
Varios jueces federales han afirmado que la administración Trump no ha cumplido diversas órdenes judiciales sobre el gasto federal, el despido de empleados públicos y la ayuda exterior. La administración niega haber desobedecido las órdenes y ha criticado a los jueces que han paralizado sus medidas políticas, llegando en algunos casos a pedir la destitución de los jueces.
Los comentarios de Jackson se produjeron tras una declaración pública del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, el 18 de marzo, después de que Trump pidiera la destitución del juez federal James Boasberg, confirmado en 2011 tras ser nombrado por el presidente Barack Obama.
Boasberg dictó órdenes que prohibían la deportación de presuntos miembros de bandas venezolanas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros y luego afirmó que la administración Trump desobedeció esas órdenes. La administración Trump niega haber desacatado las órdenes y afirma que algunos vuelos de deportación ya habían abandonado el espacio aéreo estadounidense antes de que se emitiera la orden inicial por escrito.
«Durante más de dos siglos, se ha establecido que la destitución no es una respuesta adecuada a un desacuerdo sobre una decisión judicial», dijo Roberts en una declaración proporcionada a The Epoch Times. «El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese fin».
Más tarde ese mismo mes, el representante Andy Biggs (R-Ariz.) presentó una resolución en la Cámara de Representantes para destituir a Boasberg.
«No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras jueces activistas que creen erróneamente que tienen más autoridad que el presidente debidamente elegido de los Estados Unidos imponen su propia agenda política al pueblo estadounidense», dijo Biggs en un comunicado el 31 de marzo.
Mientras tanto, la Corte Suprema tiene previsto escuchar el 15 de mayo los argumentos orales sobre las órdenes de las cortes inferiores que bloquean la política de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento a determinadas personas.
La Orden Ejecutiva 14160 de Trump, firmada el 20 de enero, establece que «la Decimocuarta Enmienda nunca se ha interpretado en el sentido de otorgar la ciudadanía universal a todas las personas nacidas en Estados Unidos».
En los documentos presentados ante la corte, el Departamento de Justicia no pidió a la Corte Suprema que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva en sí, aunque reconoció que la cuestión de la ciudadanía por nacimiento plantea «importantes cuestiones constitucionales con importantes repercusiones para la seguridad de la frontera».
En su lugar, el departamento presentó lo que calificó como una solicitud «modesta» para limitar el alcance de las medidas cautelares judiciales a las partes en los litigios.
«Mientras las partes litigan cuestiones de gran importancia, la Corte debería 'restringir el alcance' de las múltiples medidas cautelares preliminares que 'pretenden abarcar a todas las personas... del país', limitando dichas medidas a las partes que realmente están bajo la jurisdicción de las cortes», escribió.
Las órdenes judiciales a nivel nacional, también conocidas como órdenes judiciales no partidistas o universales, establecen políticas para todo el país. Estas órdenes judiciales emitidas por jueces se han convertido en objeto de controversia en los últimos años, ya que son cada vez más comunes.
El 9 de abril, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley por 219 votos a favor y 213 en contra, en un intento de frenar la avalancha de sentencias de los tribunales de distrito que han bloqueado o retrasado las medidas ejecutivas de Trump en múltiples frentes.
Ejercer las órdenes judiciales nacionales de esa manera «socava el sistema de gobierno», afirmó el promotor del proyecto de ley, el representante Darrell Issa (R-Calif.), en la Cámara de Representantes el 8 de abril.
Sam Dorman contribuyó a este artículo
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