El 23 de junio, la Corte Suprema suspendió temporalmente una orden de una corte inferior que le impedía a la Administración Trump deportar a inmigrantes ilegales a los denominados terceros países con los que no tienen ninguna conexión.
La orden, sin firmar, se dictó en el caso conocido como Departamento de Seguridad Nacional vs D.V.D.
Tres magistradas —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— disintieron.
En una solicitud de emergencia presentada ante la corte, el gobierno federal había argumentado que existe una «crisis de inmigración ilegal, en gran parte porque muchos de los extranjeros que más merecen ser expulsados son a menudo los más difíciles de expulsar».
El gobierno intentó acelerar el proceso de deportación «expulsando a los extranjeros a terceros países que han aceptado acogerlos».
«Convencer a terceros países para que acepten a algunos de los extranjeros más indeseables requiere una diplomacia delicada, que implica negociaciones y el equilibrio de otros intereses de política exterior», afirmó.
Una corte federal de distrito dictó una orden judicial preliminar el 18 de abril que le impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «ejercer su indiscutible autoridad legal para expulsar a un extranjero a un país no identificado específicamente en su orden de expulsión (es decir, un «tercer país»), a menos que el DHS cumpla primero con una serie de procedimientos onerosos inventados por la corte de distrito para evaluar cualquier posible reclamación en virtud de la Convención contra la Tortura (CAT)... por muy inverosímil que parezca», según la solicitud.
Los procedimientos inventados por la corte de distrito «han usurpado la autoridad del presidente sobre la política de inmigración» y «actualmente están causando estragos en el proceso de expulsión a terceros países».
El gobierno presentó su solicitud ante la Corte Suprema en el caso, mientras que actualmente está pendiente un recurso contra la sentencia del tribunal de distrito en la Corte de Apelación del Primer Circuito de Estados Unidos.
Sotomayor presentó un voto particular discrepante, al que se sumaron Kagan y Jackson.
«En cuestiones de vida o muerte, es mejor actuar con cautela», escribió Sotomayor.
Las magistradas disidentes afirmaron que el gobierno deportó indebidamente a los demandantes a Guatemala y Sudán del Sur, «una nación que el Departamento de Estado considera demasiado insegura para todos, salvo para su personal más esencial».
En lugar de permitir que las cortes inferiores gestionen este importante litigio «con el cuidado y la atención que claramente requiere», la Corte Suprema le concede al gobierno «una medida de emergencia frente a una orden que ha incumplido repetidamente», escribió Sotomayor.
«No puedo sumarme a un abuso tan flagrante a la discrecionalidad equitativa de la corte», añadió Sotomayor.
Las cortes recurren a las facultades equitativas para garantizar resultados justos en casos en los que una aplicación estricta de la ley daría lugar a una injusticia.
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