Una juez federal de Massachusetts detuvo los esfuerzos de la Administración Trump para impedir que la Universidad de Harvard acoja a estudiantes internacionales.
En una orden dictada el 20 de junio, la jueza federal Allison Burroughs concedió una medida cautelar que le impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a otras agencias federales aplicar la revocación de la autorización a Harvard para acoger a estudiantes y académicos extranjeros. La jueza también le ordenó al DHS que emitiera unas directrices para eliminar la revocación en un plazo de 72 horas.
El caso se remonta al anuncio realizado el mes pasado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el que declaraba la revocación de la autorización de Harvard para acoger a estudiantes extranjeros, conocida como certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP). Afirmó que los dirigentes de Harvard habían creado un entorno inseguro en el campus al permitir que agitadores proterroristas y antiamericanos acosaran y agredieran a personas, muchas de ellas estudiantes judíos. También afirmó que la universidad colaboraba con «individuos vinculados a la base industrial de defensa de China» y con «universidades chinas relacionadas con avances militares» en áreas de investigación críticas.
«Esta administración responsabiliza a Harvard de fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus», afirmó Noem en una declaración el 22 de mayo. «Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus elevadas matrículas para engrosar sus fondos de dotación multimillonarios».
Además de prohibirle a Harvard que matricule a estudiantes internacionales a través del programa SEVP, la revocación significaba que los estudiantes extranjeros ya matriculados debían trasladarse a otra universidad o perder su estatus legal.
Un día después del anuncio de Noem, Harvard presentó una demanda, calificando la medida como inconstitucional y como un «ataque sin precedentes y en represalia contra la libertad académica». La universidad alegó que se le estaba castigando por negarse a cumplir las exigencias de los funcionarios federales, que, según Harvard, estaban diseñadas para controlar la libertad de expresión y la diversidad de opiniones en el campus. Alegando violaciones a la Primera Enmienda y a la Ley de Procedimiento Administrativo, Harvard sostuvo que la revocación eludía los procedimientos legales establecidos y carecía de una base normativa clara.
«De un plumazo, el gobierno trató de borrar a una cuarta parte del alumnado de Harvard, estudiantes internacionales que contribuyen de manera significativa a la Universidad y a su misión», escribieron los abogados de Harvard en su demanda. «La certificación de Harvard es esencial para que cada uno de los miles de estudiantes internacionales de Harvard pueda permanecer legalmente en este país mientras completan sus estudios, obtienen sus títulos y continúan con sus investigaciones fundamentales».
Harvard afirmó que la revocación le impediría a miles de estudiantes internacionales entrar en Estados Unidos durante los próximos semestres de verano y otoño. La universidad acoge actualmente a 5000 estudiantes de 143 países con visados F-1 y J-1 y patrocina a otros 2000 recién graduados en programas de formación práctica opcionales.
A continuación, la universidad presentó una moción para obtener una orden de restricción temporal, que la juez concedió el 23 de mayo y posteriormente prorrogó el 29 de mayo.
Durante una audiencia judicial celebrada el 16 de junio sobre este asunto, el abogado del Departamento de Justicia, Tiberius Davis, citó varias preocupaciones sobre Harvard, entre ellas los informes de delitos de odio en el campus, el presunto uso ilegal de la discriminación positiva por parte de la universidad y la supuesta falta de disciplina hacia los estudiantes que cometieron faltas graves. En última instancia, afirmó que la administración ya no confiaba en que Harvard seleccionara adecuadamente a los estudiantes extranjeros.
Harvard, al igual que otras universidades, fue objeto de críticas por su gestión a las protestas a favor de Palestina y las actividades relacionadas en el campus tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, después de que el grupo terrorista con sede en Gaza lanzara una serie de ataques sorpresa contra Israel.
La universidad también fue objeto de críticas por parte de estudiantes y antiguos alumnos judíos por supuestos incidentes de antisemitismo en el campus.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia para recabar sus comentarios sobre la sentencia del 20 de junio.
Sam Dorman contribuyó a este artículo
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