Un proyecto de ley que limitaría la capacidad de los jueces de las cortes de distrito para bloquear las políticas del presidente Donald Trump a nivel nacional fue aprobado por la Cámara de Representantes el 9 de abril.
La ley propuesta, denominada Ley de No Rogue Rulings Act (NORRA), reduciría el alcance de la reparación preliminar que los jueces de las cortes de distrito pueden conceder para que se aplique únicamente a las partes en el litigio.
La medida, aprobada en una votación de 219 a 213, fue presentada por el representante Darrell Issa (R-Calif.) como un intento de frenar el aluvión de sentencias de las cortes de distrito que han bloqueado o retrasado la agenda de Trump en múltiples frentes.
Ejercer mandatos judiciales nacionales de esa manera "socava el sistema de gobierno", dijo Issa en la Cámara de Representantes el 8 de abril.
"Permite a jueces individuales no elegidos dictar la política nacional y frustrar la Constitución para tomar derechos reservados al Congreso y al presidente de los Estados Unidos".
Issa dijo que su proyecto de ley reafirmaría "que las órdenes de las cortes de distrito solo pueden vincular a las partes ante la corte y no a las no partes en todo el país".
Añadió que la medida también desalentaría la práctica de los litigantes de buscar jueces en distritos más alineados con sus opiniones políticas.
Varios otros republicanos declararon su apoyo al proyecto de ley, entre ellos el representante Bob Onder (R-Mo.), quien dijo que la nación está "experimentando una crisis constitucional, un golpe de estado judicial",
Los demócratas tacharon de hipócritas tales afirmaciones.
"¿Dónde estaban mis colegas cuando 14 jueces federales nombrados por presidentes republicanos dictaron medidas cautelares contra las políticas que el gobierno de Biden había estado aplicando en los últimos cuatro años?", preguntó el representante Joe Neguse (D-Colo.). "¿Dónde estaban? En ninguna parte... Ahórrate tu fingida indignación".
El Servicio de Investigación del Congreso identificó 86 casos en los que se dictaron mandamientos judiciales nacionales contra la primera administración Trump, más del triple (28) de los dictados contra la administración Biden.
Desde enero, los jueces han acumulado otros 17 mandamientos judiciales universales contra la administración Trump.
Issa reconoció que tanto republicanos como demócratas han recurrido a buscar que sus casos sean juzgados en cortes más favorables para conseguir mandamientos judiciales nacionales contra las acciones ejecutivas de las administraciones de la oposición. Sin embargo, señaló que su proyecto de ley tiene en cuenta los casos en los que varios estados de diferentes distritos impugnan tales acciones ante un juez.
"Siempre que ese juez sea el nexo de al menos un [estado] —y en el caso del Distrito de Columbia, tal vez hable en nombre de todos—, debe fallar en nombre de todos los demandantes representados ante él", dijo Issa.
El proyecto de ley se aprobó en la Cámara de Representantes después de que la Corte Suprema otorgara a la administración Trump victorias clave en dos casos que implicaban medidas cautelares a nivel nacional.
El martes, el alto tribunal concedió la solicitud de la administración de suspender la medida cautelar a nivel nacional del juez federal de distrito de California William Alsup que ordenaba la recontratación de 16,000 empleados en período de prueba que fueron despedidos de seis agencias federales. Los empleados permanecerán en licencia administrativa mientras la demanda avanza.
El lunes, la corte levantó la orden de restricción temporal del juez de distrito de EE.UU. James Boasberg que impedía al Departamento de Seguridad Nacional deportar a presuntos miembros de una banda criminal venezolana en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Aunque los jueces sostuvieron que los detenidos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros pueden impugnar su detención, dictaminaron que los no ciudadanos presentaron su caso en el distrito equivocado y con la causa de acción equivocada.
Trump celebró ese fallo en un posteo de Truth Social, escribiendo que era "¡un gran día para la justicia en Estados Unidos!".
El proyecto de ley de Issa avanza ahora al Senado, donde el senador Chuck Grassley (R-Iowa) ha presentado una propuesta similar.
La medida de Grassley limitaría a los jueces federales a conceder desagravio a las partes ante la corte y obligaría a los litigantes que busquen desagravio universal a utilizar el proceso de demanda colectiva.
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