Un juez federal impidió a la administración Trump aplicar su política destinada a poner fin a los acuerdos de negociación colectiva con los empleados de determinados departamentos y organismos federales.
En una orden dictada el 25 de abril, el juez federal de distrito Paul Friedman accedió a la solicitud de un sindicato de medidas cautelares. Su orden bloqueó un decreto firmado por el presidente Donald Trump en marzo, así como un documento orientativo relacionado de la Oficina de Gestión de Personal.
Friedman dijo que la corte emitirá un dictamen en los próximos días.
La orden de Trump incluía una larga lista de agencias que, según él, debían quedar excluidas de los convenios colectivos por participar en actividades relacionadas con la seguridad nacional y otras actividades conexas. Entre las entidades incluidas figuraban el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, la Administración de Alimentos y Medicamentos y la Administración de Servicios Generales.
En su demanda presentada el 31 de marzo, el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU) argumentó que Trump estaba aplicando incorrectamente una excepción restrictiva que el Congreso había permitido para los derechos de negociación colectiva.
"Las propias publicaciones de la Administración demuestran que las exclusiones del presidente no se basan en motivos de seguridad nacional, sino en un objetivo político de facilitar el despido de los empleados federales y en la animadversión política hacia los sindicatos del sector federal", dice la demanda.
La Administración esgrimió múltiples argumentos en contra de la solicitud de medida cautelar presentada por el NTEU. El 11 de abril, afirmó en un escrito que la corte carecía de competencia para juzgar la decisión del presidente en materia de seguridad nacional y que "el ejercicio de la discrecionalidad por parte de Trump en este caso está claramente respaldado por los hechos y la ley".
El Gobierno afirmó que la ley en cuestión, el Estatuto Federal de Relaciones Laborales en la Administración Pública, establecía un régimen administrativo a través del cual debían tramitarse este tipo de controversias.
Bloquear las medidas del Gobierno, afirmó, "desplazaría y frustraría la decisión del presidente sobre la mejor manera de abordar las cuestiones de seguridad nacional, asuntos en los que los tribunales suelen deferir al criterio del presidente".
La orientación de la Oficina de Gestión de Personal afirmaba que "reforzar la rendición de cuentas en el rendimiento de los funcionarios federales es una prioridad para el presidente Trump y su Administración".
"El presidente cree que debe poder supervisar eficazmente a los empleados federales para velar por el fiel cumplimiento de la ley y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos", añadió.
En una declaración, la presidenta del sindicato, Doreen Greenwald, acogió con satisfacción la medida cautelar dictada por Friedman en Washington.
"La orden judicial de hoy es una victoria para los empleados federales, sus derechos sindicales y el pueblo estadounidense al que sirven", dijo Greenwald. "La orden judicial preliminar concedida a petición de la NTEU significa que los derechos de negociación colectiva de los empleados federales permanecerán intactos y que se bloquea la agenda ilegal de la Administración para marginar las voces de los empleados federales y desmantelar los sindicatos".
La decisión de Friedman es la última de una serie de demandas presentadas por el NTEU y otros sindicatos, que han demandado por una serie de cuestiones relacionadas con el empleo y la actuación de las agencias durante el segundo mandato de Trump. Otra demanda del NTEU, presentada en enero, impugnaba la orden de Trump que facilitaba el despido de determinados empleados federales.
Desde que asumió el cargo, Trump ha ofrecido indemnizaciones a los empleados federales y ha intentado despedir a un gran número de empleados en período de prueba como parte de sus esfuerzos por reducir el tamaño del Gobierno federal y recortar el gasto. En una orden judicial del 8 de abril, la Corte Suprema bloqueó la decisión de una corte inferior que obligaba a la Administración a readmitir a miles de empleados en período de prueba.
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