La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el 27 de junio una ley de Texas que exige la verificación de la edad para acceder a sitios web pornográficos.
La opinión mayoritaria en la decisión 6-3 en el caso Free Speech Coalition Inc. contra Paxton fue redactada por el juez Clarence Thomas.
El demandante, Free Speech Coalition, se describe a sí mismo como "una asociación comercial sin ánimo de lucro y no partidista para la industria para adultos".
El demandado, Ken Paxton, es el fiscal general de Texas.
La decisión confirma una sentencia de una corte federal de apelaciones que ratificó la ley conocida como H.B. 1181.
Aunque la ley supone una carga o una interferencia para los derechos de los visitantes adultos de estos sitios web, la H.B. 1181 es compatible con la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda, según la mayoría de la Corte Suprema.
"La facultad de exigir la verificación de la edad es competencia de los estados para impedir que los menores accedan a contenidos sexualmente explícitos. La ley H. B. 1181 es un ejercicio constitucionalmente admisible de esa facultad", escribió Thomas.
Las magistradas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson disintieron.
En agosto de 2023, una corte federal de distrito bloqueó temporalmente el requisito de verificación de la edad, así como el de que los sitios web afectados publicaran advertencias sobre los riesgos para la salud del consumo de pornografía.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. revocó la decisión en marzo de 2024, confirmando la obligación de incluir advertencias sobre los riesgos de la ley y anulando la orden judicial del tribunal inferior que bloqueaba la disposición sobre la verificación.
La coalición sostiene que el Quinto Circuito se equivocó al considerar que la ley solo necesitaba una "base racional" en lugar de un "escrutinio más estricto" para superar el examen constitucional. Ambas expresiones se refieren a los criterios que utilizan los tribunales al examinar las leyes que imponen límites a la libertad de expresión.
En su petición, la coalición afirmó que la Corte Suprema ha sostenido que si una ley promulgada para proteger a los menores de contenidos sexualmente explícitos "también restringe el acceso de los adultos a la libertad de expresión protegida por la Constitución, la ley solo puede 'superar el escrutinio constitucional' si está 'estrictamente redactada'... para servir a esos intereses sin interferir innecesariamente en las libertades de la Primera Enmienda".
El procedimiento de verificación de la edad en línea exigido por la ley estatal obliga a los usuarios a identificarse presentando un documento de identidad oficial, lo que crea un "efecto disuasorio sustancial" al exponer a los adultos al "riesgo de revelaciones involuntarias, filtraciones o piratería", afirma la petición.
Los usuarios pueden estar "más dispuestos a pagar para mantener esa información privada", y esa información puede ser "objeto de ladrones de identidad y extorsionadores", según la petición.
En un breve escrito, Paxton dijo que la coalición "no discute que, si se tratara de librerías físicas o quioscos de revistas, el caso Ginsberg contra Nueva York permitiría a Texas exigirles que comprobaran la edad de sus clientes antes de venderles pornografía".
En Ginsberg, la Corte Suprema dictaminó en 1968 que, aunque el material no se considere obsceno, su comercialización puede seguir estando regulada porque puede ser perjudicial para los niños.
Paxton afirmó que la coalición argumentaba esencialmente que, dado que los negocios de sus miembros se gestionan en línea, "la Primera Enmienda les permite proporcionar acceso a cantidades casi inagotables de obscenidad a cualquier niño con un teléfono inteligente".
Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.
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