La aplicación de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita la ciudadanía por nacimiento está a la espera de una decisión de la Corte Suprema en octubre sobre la validez de la orden, según dijo la fiscal general Pam Bondi el 27 de junio.
La noticia se produce el mismo día en que la Corte Suprema limitó la facultad de los jueces federales para dictar medidas cautelares a nivel nacional.
Numerosos estados han impugnado la constitucionalidad de la orden ejecutiva, que Trump firmó el 20 de enero, el primer día de su segundo mandato.
“Así, la corte concede las solicitudes del gobierno de suspensión parcial de las órdenes judiciales dictadas a continuación, pero solo en la medida en que dichas órdenes sean más amplias de lo necesario para proporcionar una reparación completa a cada demandante con legitimación para demandar", escribió la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett en la opinión mayoritaria.
Trump dijo que, con esta sentencia, la cuestión de la ciudadanía por nacimiento "pasa ahora a primer plano. Eso estaba pensado para los bebés de esclavos. No estaba pensado para personas que intentan estafar al sistema y entrar en el país de vacaciones".
Trump dijo que, con esta decisión, su administración puede presentar "numerosas políticas que han sido bloqueadas erróneamente" por mandamientos judiciales a nivel nacional.
El vicepresidente JD Vance y el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley (R-Iowa), respaldaron al tribunal.
“Una importante sentencia de la Corte Suprema que rechaza el ridículo proceso de las órdenes judiciales a nivel nacional. En nuestro sistema, todo el mundo tiene que cumplir la ley, ¡incluidos los jueces!", escribió Vance en la red social X.
"La decisión de hoy es un paso importante para abordar el problema bipartidista de las órdenes judiciales universales", dijo Grassley en un comunicado.
“Me alegra que una amplia mayoría de la Corte Suprema se haga eco de lo que he dicho en repetidas ocasiones: la autoridad constitucional de los jueces se limita a decidir sobre casos y controversias".
"Las órdenes judiciales universales son una afrenta inconstitucional al sistema de controles y contrapesos de nuestra nación, y deben ser detenidas para siempre".
No todo el mundo aplaudió la decisión.
"Esta sentencia socava la promesa fundamental de la Constitución: que todos los niños nacidos en suelo estadounidense son iguales ante la ley", dijo George Escobar, jefe de programas y servicios de CASA, en un comunicado.
"La decisión de hoy envía un mensaje a los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos de que su lugar en este país es condicional. Pero no vamos a dar marcha atrás. CASA seguirá luchando hasta que se reconozcan y protejan plenamente los derechos de todos nuestros niños".
Mónica, una demandante embarazada en el juicio, dijo en un comunicado: "Esta decisión es devastadora para las familias estadounidenses que no están protegidas por la orden judicial limitada que la Corte Suprema ha dejado en vigor.
"Cientos de miles de otros niños nacidos en Estados Unidos corren el riesgo de no recibir la ciudadanía estadounidense".
"Sé que no todas las madres embarazadas pueden presentar una demanda para garantizar que sus hijos tengan la ciudadanía estadounidense, por eso presenté esta demanda, no solo para proteger los derechos de mi hijo, sino los derechos constitucionales de todos los niños de inmigrantes nacidos en Estados Unidos".
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