El juez federal de distrito James Boasberg emitió una opinión en la que afirma haber encontrado causa probable de que el gobierno federal incurrió en desacato criminal al negarse a cumplir su orden que prohíbe ciertas deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
"La corte determina en última instancia que las acciones del gobierno... demuestran un desprecio deliberado por su orden, suficiente para que la corte concluya que existen motivos fundados para declarar al gobierno en desacato criminal", dijo Boasberg en un dictamen del 16 de abril.
Dijo que el gobierno tendría la oportunidad de "deshacerse" de su desacato cumpliendo con su orden.
La orden de Boasberg se produjo después de que la Corte Suprema anulara sus órdenes y dijera que el caso se había presentado en el tribunal equivocado.
"El hecho de que la Corte Suprema haya determinado que las órdenes de restricción temporal de esta corte adolecieron de un defecto de jurisdicción no afecta, y mucho menos invalida, la investigación de cumplimiento que se encuentra actualmente en trámite aquí", dijo.
Dijo que la "forma obvia" de que el gobierno cumpliera con su orden era afirmar la custodia de las personas que fueron expulsadas en supuesta violación de la misma. De esa manera, dijo, las personas deportadas podrían presentar recursos de hábeas corpus contra su expulsión.
El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo que la administración planeaba "solicitar una apelación inmediata".
"El presidente está 100% comprometido a garantizar que los terroristas y los migrantes ilegales criminales dejen de ser una amenaza para los estadounidenses y sus comunidades en todo el país", dijo en un posteo en la plataforma de redes sociales X.
Parte del razonamiento de la Corte Suprema fue que la vía adecuada para impugnar la detención en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros era el hábeas corpus, que significa "deberías tener el cuerpo" en latín. Boasberg había supervisado una demanda que se centraba en las reclamaciones presentadas en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo. Para presentar un recurso de hábeas corpus, dijeron los jueces, la demanda debe presentarse en el lugar donde se encuentran los detenidos.
"Los detenidos están recluidos en Texas, por lo que la jurisdicción del Distrito de Columbia es inadecuada", decía la opinión mayoritaria del 7 de abril. Tras esa decisión, dos jueces de Texas y Nueva York celebraron audiencias relacionadas con los recursos de hábeas corpus.
La orden de Boasberg representó la última escalada en una batalla en curso entre los poderes ejecutivo y judicial, que se han enfrentado a una oleada de demandas que cuestionan la agenda del presidente Donald Trump. Trump había pedido anteriormente la destitución de Boasberg y otros jueces.
La jueza federal Paula Xinis celebró una audiencia el 15 de abril en la que indicó que podría encontrar igualmente motivos para declarar al gobierno en desacato en el caso de Kilmar Abrego García, a quien el gobierno deportó. En ese caso, Xinis concedió una investigación acelerada, que incluía declaraciones de funcionarios de la Administración, para determinar cómo se procedió tras su orden de facilitar el regreso de Abrego García.
La orden de Boasberg decía que si el gobierno no decidía "deshacerse" de su supuesto desacato, la corte "procedería a identificar a la persona o personas responsables de la conducta contumaz, determinando qué 'acto u omisión específicos' causaron el incumplimiento". La corte, dijo, comenzaría a exigir declaraciones, pero podría pasar a audiencias con testimonios de testigos en vivo o declaraciones. Boasberg dijo que el siguiente paso sería el enjuiciamiento por parte de un abogado del gobierno o uno designado por el tribunal si el gobierno se negaba a nombrar uno.
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