El 24 de septiembre, una corte de Distrito de EE. UU. bloqueó la política de la administración Trump de retener fondos de subvenciones de emergencia a las llamadas jurisdicciones "santuario" que se negaron a cooperar con las autoridades federales de inmigración.
La demanda, Illinois contra FEMA, se tramita en la corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Rhode Island.
En mayo, veinte estados demandaron al gobierno federal para que se les restituyeran los fondos de subvenciones desembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva el 20 de enero que, entre otras cosas, ordenaba la retención de fondos federales a los estados que se negaran a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en la deportación de inmigrantes indocumentados.
Los estados solicitaron una moción de "sentencia sumaria" ante la corte, que resolvería el caso a su favor sin necesidad de un juicio ante la corte. Esta moción suele concederse cuando las demandas de una de las partes son claras y convincentes. La corte concedió dicha moción, lo que significa que las restricciones de financiación de FEMA impuestas por la administración se declaran ilegales y nulas.
"Los argumentos de los demandados... carecen de fundamento", escribió el juez federal de distrito William E. Smith en la orden que concedió la sentencia sumaria. En cuanto al fondo, el juez dictaminó que las acciones de la administración Trump fueron "arbitrarias y caprichosas" según la Ley de Procedimiento Administrativo y violan la Cláusula de Gastos de la Constitución.
"El DHS participó en un proceso totalmente arbitrario y sin fundamento... [no hubo] una explicación concreta de por qué es necesario imponer condiciones migratorias generalizadas a todas las subvenciones en cuestión", opinó Smith.
En cuanto a las cuestiones constitucionales, dictaminó que, dado que "las subvenciones en cuestión financian programas como ayuda en caso de desastre, seguridad contra incendios, seguridad de presas y preparación para emergencias", ninguna condición relacionada con la inmigración "promovía el propósito" de la financiación y no podía adaptarse a ellos, como lo exige la jurisprudencia de la Cláusula de Gasto.
La decisión representa una victoria para los 20 estados —todos representados por fiscales generales demócratas— que se oponen a la política de la administración de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, priorizando a aquellos con antecedentes penales. Los estados, como entidades soberanas, no pueden ser obligados por el gobierno federal a cooperar con el ICE, y la administración Trump ha buscado inducir dicha cooperación para apoyar sus planes de deportación.
"Acabamos de ganar nuestra demanda contra @DHSgov después de que un juez dictaminara que el departamento no puede usar fondos vitales de ayuda en caso de desastre para avanzar en sus esfuerzos contra la inmigración", escribió en redes sociales la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las partes en el caso. "El gobierno federal no puede priorizar su cruel agenda migratoria por encima de la seguridad de los estadounidenses". La administración Trump no había publicado una declaración sobre los resultados al momento de escribir este artículo y no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si apelaría.
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