La administración Trump pidió a la Corte Suprema que suspenda una sentencia de un tribunal inferior que impedía el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Illinois, alegando una ley federal que otorga al presidente dicha autoridad.
El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, escribió al tribunal el 10 de noviembre para explicar la interpretación de "fuerzas regulares" según la ley federal que le permite al presidente tomar el mando de las tropas de la Guardia Nacional estatal. La carta se envió en respuesta a la solicitud de aclaración de la Corte Suprema del 29 de octubre.
Sauer afirmó en la carta que, en virtud del artículo 12406, el presidente está autorizado a desplegar la Guardia Nacional cuando "no pueda ejecutar las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares".
El término "fuerzas regulares" en esta disposición no se refiere al ejército permanente, sino a las "fuerzas civiles que ejecutan regularmente las leyes en cuestión, pero que no pueden hacerlo en las circunstancias actuales", según la carta.
Sauer señaló que el ejército permanente —en referencia a las fuerzas en servicio activo— están más capacitados para hacer frente a invasiones y rebeliones que para abordar los obstáculos a la aplicación de la ley civil.
Añadió que Estados Unidos tiene "una fuerte tradición" de utilizar la milicia, en lugar del ejército permanente, para sofocar los disturbios internos, según la carta.
Los agentes de Seguridad Nacional en Illinois, dijo Sauer, se enfrentan a una "resistencia violenta incesante" a diario, incluyendo emboscadas en las que sus vehículos son embestidos por camiones y se les lanzan "proyectiles peligrosos", acciones que, según él, pueden estar motivadas por las recompensas ofrecidas por bandas violentas y cárteles transnacionales por sus cabezas.
"Dada la naturaleza del problema en Illinois, fue un ejercicio razonable de la discreción del presidente desplegar a miembros de la Guardia Nacional, que son civiles llamados temporalmente a servir con una profunda experiencia en la desescalada de disturbios internos entre sus conciudadanos, en lugar del ejército permanente, cuya función principal es ganar guerras desplegando fuerza letal contra enemigos armados", afirmó.
"Insistir en que el presidente debe utilizar, en cambio, al ejército permanente para proteger a los agentes del DHS [Departamento de Seguridad Nacional] mientras ejecutan las leyes federales de inmigración sería dar la vuelta al artículo 12406(3)".
Sauer instó a la Corte Suprema a conceder una "deferencia extraordinaria" a Trump como comandante en jefe y a suspender la orden judicial federal que había bloqueado el despliegue de la Guardia Nacional.
La orden judicial se derivó de una demanda presentada el 6 de octubre por Illinois y Chicago después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, invocara la sección 12406 del título 10 del Código de Estados Unidos para federalizar hasta 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois y hasta 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas para su despliegue en Chicago.
La jueza federal de distrito April Perry, del Distrito Norte de Illinois, emitió la orden judicial el 9 de octubre, señalando que el despliegue de la Guardia Nacional "probablemente provocaría disturbios civiles, lo que requeriría el despliegue de recursos estatales y locales para mantener el orden".
En su fallo, la jueza afirmó que las pruebas son "abrumadoras" y que "la naturaleza provocadora de la actividad policial del ICE ha provocado un aumento significativo de las protestas".
La administración Trump presentó un recurso ante la Corte del Séptimo Circuito, que dictaminó que las tropas de la Guardia Nacional podían permanecer bajo control federal, pero se negó a suspender la orden del tribunal inferior. Posteriormente, la administración presentó una solicitud ante la Corte Suprema para suspender la orden de Perry, pero el tribunal aplazó el fallo.
Matthew Vadum contribuyó a este artículo.
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