Una coalición de 21 fiscales generales de más de 20 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda contra la administración Trump por una disposición que esta utilizó para justificar recortes a miles de millones de dólares en fondos federales cruciales.
La demanda, presentada ante la corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts por fiscales generales de estados como Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Michigan y Nueva York, cita una cláusula de la Oficina de Administración y Presupuesto, la cual establece que una subvención puede ser cancelada si "ya no cumple con los objetivos del programa o las prioridades de la agencia".
La demanda incluye a docenas de agencias federales como demandadas, entre ellas los Departamentos de Agricultura, Comercio, Defensa, Seguridad Nacional, Justicia, Trabajo y Estado, así como la Agencia de Protección Ambiental.
La demanda afirma que, desde enero, la administración Trump citó directamente el lenguaje de la cláusula para cancelar ilegalmente fondos cruciales expresamente autorizados por el Congreso y otorgados a los estados para diversos proyectos y programas.
Los objetivos de los proyectos y programas incluyen combatir la delincuencia violenta, educar a los estudiantes, proteger el agua potable, realizar investigaciones médicas y científicas vitales, salvaguardar la salud pública y abordar la inseguridad alimentaria, según la demanda.
"La administración Trump argumenta que cinco palabras en esta cláusula —'ya no afecta... a las prioridades de la agencia'— otorgan a las mismas una autoridad prácticamente ilimitada para retener fondos federales en cualquier momento en que ya no deseen apoyar los programas para los cuales el Congreso asignó fondos", afirma la demanda.
Y tomó una decisión concertada, reflejada en su práctica uniforme en diversas agencias federales, de invocar la Cláusula como fundamento para cancelar miles de millones de dólares de fondos federales a los demandantes.
Esto se hizo sin previo aviso, sin dar ninguna explicación a los beneficiarios estatales y en contravención directa de la voluntad del Congreso, según la demanda.
Los fiscales generales argumentan además que la decisión de la administración de invocar la cláusula como supuesta base para recortar la financiación marca un cambio drástico con respecto a la práctica anterior y a la interpretación que la OMB hizo de la cláusula, que se promulgó por primera vez en 2020.
Manifestantes en una concentración organizada por la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno del Distrito 14 en la Oficina de Gestión de Personal en Washington, el 4 de marzo de 2025. (Alex Wroblewski/AFP a través de Getty Images)."La OMB nunca sugirió, ni en la reglamentación de 2020 ni en la de 2024, que una subvención pudiera ser cancelada aunque esta siguiera cumpliendo los mismos objetivos para los que se otorgaron inicialmente los fondos, simplemente porque las prioridades de la agencia cambiaron en mitad de su uso, y mucho menos sin previo aviso", afirma la demanda.
Los fiscales generales solicitan una sentencia declaratoria que declare que la reglamentación de la OMB no permite a la administración Trump cancelar fondos que no se ajusten a sus prioridades.
Como alternativa, la coalición busca anular la decisión de la administración de invocar la regulación como fundamento para la cancelación de la financiación.
La administración Trump argumentó que actuó dentro de su autoridad para congelar y cancelar las subvenciones que no reflejaban sus prioridades, incluyendo aquellas que apoyan la diversidad, la equidad y la inclusión, y los programas climáticos.
La última demanda es una de varias que la coalición de estados, mayoritariamente liderados por demócratas, presentó por los recortes de financiación.
El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, declaró que los demócratas que llevan adelante el caso "deberían centrarse en servir a sus electores, no a sus jefes de partido, y trabajar con el presidente y esta administración para implementar la agenda que el pueblo estadounidense apoyó de manera abrumadora".
The Epoch Times se puso en contacto con la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca para solicitar comentarios.
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