La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió sanciones contra la esposa del juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre De Moraes, y su empresa Lex Instituto de Estudos Juridicos LTDA, calificándolos como su "red de apoyo" financiero.
La OFAC sancionó a Viviane Barci de Moraes y a su empresa, Lex Instituto de Estudos Juridicos LTDA, por su apoyo al juez De Moraes para autorizar detenciones arbitrarias previas al juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus colaboradores, y suprimir la libertad de expresión en Brasil, informó la oficina estadounidense en un comunicado publicado el 22 de septiembre.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en el comunicado, que “Alexandre de Moraes es responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro”.
“La acción de hoy deja claro que el Tesoro seguirá persiguiendo a quienes brindan apoyo material a de Moraes mientras comete abusos contra los derechos humanos”, añadió.
La OFAC aseguró que el Instituto Lex actúa como poseedor de las propiedades de De Moraes y las de su familia, ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a o en su apoyo.
Como resultado de la medida, todos los bienes e intereses en bienes de Viviane y de su empresa que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.
De Moraes fue sancionado por el Tesoro bajo la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos por adoptar un papel "de juez y jurado en una cacería ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas", según dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado del 30 de julio.
La OFAC además dijo que De Moraes ha "atacado a políticos de la oposición, periodistas, periódicos, plataformas de redes sociales estadounidenses y otras empresas estadounidenses e internacionales".
La Ley Global Magnitsky está dirigida contra autores de graves y sistemáticos abusos de derechos humanos en todo el mundo e implica el bloqueo de los bienes o intereses en bienes de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos.
El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes habla durante una sesión en Brasilia, Brasil, el 18 de junio de 2024. (Evaristo Sa/AFP a través de Getty Images)El 1 de agosto, el juez Flavio Dino del STF suspendió la vigencia de cualquier decisión judicial, leyes, decretos y órdenes ejecutivas de países extranjeros que no cuenten con un previo análisis o aprobación de algún órgano judicial brasileño competente.
"Con base en la Constitución Federal, el relator [Dino] enfatizó que las decisiones judiciales extranjeras solo pueden ejecutarse en Brasil tras su aprobación o en cumplimiento de los mecanismos de cooperación judicial internacional", según un comunicado de STF del 18 de agosto.
La decisión tomó como ejemplo una queja presentada por el Instituto Brasileño de Minería (Ibram) ante el STF sobre una serie de demandas de indemnización ambientales presentadas por municipios brasileños en los tribunales del Reino Unido en el caso de Minas Gerais, y que terminó en una orden judicial en los tribunales del Reino Unidos contra Ibram. Sin embargo, Dino declaró que "los argumentos son aplicables a todos los casos similares".
El diputado federal Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente y quien se encuentra en Estados Unidos, denunció que la medida del juez Dino busca bloquear la aplicación de la Ley Magnitsky en medio de la crisis institucional que vive Brasil.
"Sin mencionar [la ley] Magnitsky, [el juez] Dino impidió las restricciones derivadas de actos unilaterales extranjeros. Pues bien, la Suprema Corte, o mejor dicho, estos dos individuos, Flávio Dino y Alexandre de Moraes, ahora están al descubierto", dijo el diputado Bolsonaro el 18 de agosto en un video en X.
El 11 de septiembre, el STF declaró culpable de golpe de Estado al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, junto a siete de sus colaboradores, y lo condenó a 27 años y tres meses de prisión.
El expresidente Bolsonaro dijo en un posteo en X del 14 de julio: “todas las acusaciones son falsas”. Y aseguró: "nunca he atentado contra la democracia ni contra la Constitución".
"Estamos viviendo una verdadera CAZA DE BRUJAS, una persecución descarada contra mí y contra los millones de brasileños a los que represento y a los que doy voz. Todo ello basado en una delación falsa y llena de lagunas, obtenida del delator mediante presión", declaró.
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